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WASHINGTON.- Luego de las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024, el régimen de Venezuela puso en marcha políticas de amenazas y violación sistemática de derechos humanos que “cruzaron el umbral necesario para ser calificadas como prácticas de terrorismo de Estado", según el informe anual de la CIDH, en el que pone de manifiesto el autoritarismo de Nicolás Maduro.
En el reporte descarnado de 2024, publicado este 8 de mayo, la CIDH destaca como “característica distintiva” que el Maduro y su ministro Diosdado Cabello contribuyeron a nutrir el clima de terror, durante “el pico represivo”, con declaraciones y publicaciones en redes sociales que culminaron en detenciones y muertes.
Un ejemplo citado en el informe es la cantidad de menciones de estos de la “Operación Tun Tun”, lanzada por Cabello y que alude a los golpes a las puertas de las casas de los opositores que participaron en las protestas y la posterior detención arbitraria, por parte de fuerzas de seguridad.
Indica el informe que el sistema interamericano es concluyente en que “los Estados incurren en prácticas de terrorismo cuando ejecutan políticas de violaciones de derechos humanos, haciendo un uso perverso de recursos estatales para generar miedo en la población, especialmente, en las personas opositoras políticas”.
El grueso reporte de la CIDH también expone el panorama de los derechos humanos de Nicaragua y Cuba, entre otros países de la región, y establece la grave situación de represión política y asfixia de garantías contra quienes se oponen a sus regímenes dictatoriales.
Terrorismo en Venezuela
El informe anual revisa la grave afectación a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, e incluye la opacidad electoral, represión estatal y la crisis institucional, según dice.
Destaca que el régimen para consolidarse en el poder reprimió las protestas ciudadanas, tras el fraude electoral con patrones represivos como el uso arbitrario de la fuerza pública que ocasionó la muerte de personas, miles de detenciones arbitrarias , la anulación de pasaportes y otros actos de hostigamiento.
La CIDH contabiliza cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país, particularmente en sectores populares, en las que el régimen de Maduro ejerció el terror y la violencia de Estado, con base a denuncias recibidas.
El régimen, en respuesta, puso en práctica modos de terrorismo de Estado “para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme”, según el informe
Además de señalar a altos jerarcas del régimen y las fuerzas de seguridad, señala la actuación de grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como “colectivos”.
Detenciones arbitrarias
El uso arbitrario de la fuerza pública contra manifestantes implicó la muerte de 25 personas, entre 15 y 56 años de edad entre el 28 y 30 de julio, sobre las cuales la CIDH dice no existir información clara.
Entre el 28 de julio y el 24 de agosto, se registraron 1,542 detenciones, según ONG, y el informe llama la atención sobre el hecho inusual de que ese número de detenciones documentadas por las organizaciones civiles, fue inferior al informado por Maduro de 2,229.
El informe resalta lo “extremadamente preocupante” de las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el contexto de las manifestaciones, que por aquellos días fueron de al menos 158 detenidos indiscriminadamente, y que aún existen.
Según el Foro Penal, registra cinco adolescentes de 14 a 17 años de edad, entre los 906 presos políticos del contexto de las protestas, según su más reciente reporte del 28 de abril pasado.
FUENTE: Con informaión de Informe CIDH
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