
La Corte Suprema de los Estados Unidos revivió este jueves una demanda contra la Oficina Federal de Investigación (FBI) por los daños provocados por un allanamiento erróneo ocurrido en Atlanta en 2017. La decisión de la corte permitió que Toi Cliatt, su exnovia Trina Martin y el hijo de ella, Gabe Watson, continúen con su proceso legal por presunta agresión, lesiones y privación ilegal de la libertad bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act o FTCA).
El fallo, emitido de manera unánime por el tribunal máximo y redactado por el juez Neil Gorsuch, representó una victoria parcial para los afectados. La resolución permite que la disputa continúe en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, con sede en la ciudad de Atlanta.
La decisión también cuestiona el uso previo de la Cláusula de Supremacía, que sostiene que las leyes federales se imponen sobre las estatales cuando existe un conflicto. Según la Corte, este argumento fue mal aplicado, ya que la FTCA se remite explícitamente a la ley estatal para determinar la responsabilidad civil del gobierno.
“El Congreso ha intervenido en este ámbito y ha vinculado expresamente al gobierno federal a aceptar responsabilidad conforme a la ley de agravios estatal en los mismos términos que un ‘particular’”, puntualizó Gorsuch.
Martin y Cliatt presentaron una demanda contra el gobierno federal por agresión, lesiones, detención ilegal y otras violaciones de derechos. Aunque el gobierno de Estados Unidos suele estar inmune ante estas situaciones, la FTCA permite excepciones en casos como este.

El Congreso modificó esta ley para permitir demandas por allanamientos a casas equivocadas tras dos casos que causaron controversia en la década de 1970. Pese a esto, tanto un juez de distrito como el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito habían fallado a favor del gobierno, bloqueando el avance de la demanda.
El debate se centra en si las acciones de los agentes del FBI están protegidas por la llamada “excepción por función discrecional”, una disposición que exime de responsabilidad a ciertos actos basados en decisiones de criterio profesional. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que esta excepción no debe aplicarse de forma automática y que el caso debe continuar.
“Reconocemos fácilmente que distintos tribunales inferiores han tenido posturas divergentes sobre la excepción por función discrecional. Existen preguntas importantes sobre si, y bajo qué circunstancias, esa excepción puede excluir una demanda como esta” escribió el juez Gorsuch. .
Por su parte, Trina Martin, visiblemente emocionada, declaró en una entrevista telefónica para AP: “Entre risas y lágrimas, no puedo parar. Si la Corte Suprema puede decir que ellos están equivocados, me da toda la esperanza del mundo” añadió.

Los hechos del caso se suscitaron en octubre de 2017, cuando miembros de un equipo SWAT del FBI irrumpieron violentamente en la casa de Martin y Cliatt. Durante el operativo, los agentes ingresaron al domicilio con armas, utilizaron granadas aturdidoras y sometieron físicamente a los ocupantes. Toi Cliatt fue esposado y arrojado al suelo, mientras que Trina Martin, desesperada, intentó acercarse a su hijo pero fue retenida. El pequeño Gabe Watson, de entonces 7 años, despertó aterrorizado al ver a los agentes armados dentro de su habitación.
El FBI se retiró rápidamente al percatarse de que habían ingresado a la propiedad equivocada. Posteriormente, un supervisor regresó para disculparse con la familia. Según los documentos judiciales, el agente del FBI Lawrence Guerra, quien lideraba la operación, aseguró que el dispositivo GPS que utilizaba lo había dirigido erróneamente a esa casa. El verdadero objetivo del allanamiento era Joseph Riley, quien vivía cerca y que finalmente fue arrestado.