
La vida cotidiana de la comunidad latina en Los Ángeles ha sido profundamente alterada por una intensa operación migratoria federal que, según residentes y funcionarios, ha instaurado un clima de miedo generalizado.
Desde inicios de junio, más de 2.000 personas han sido detenidas en redadas encabezadas por agentes federales, en una serie de operativos visibles y sorpresivos que han afectado no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses de origen latino.
Los efectos se sienten en cada rincón del área metropolitana. En lugares emblemáticos como Olvera Street, un mercado histórico de productos mexicanos en el centro de la ciudad, los locales permanecen cerrados y los visitantes han desaparecido. La baja en la actividad comercial ha alcanzado a taco trucks, puestos de fruta y pequeños comercios que dependen del tránsito peatonal diario.
Funcionarios locales comparan el impacto social y económico de las redadas con una especie de “confinamiento pandémico”. Según estimaciones, el sistema de transporte público ha registrado una caída de entre 10% y 15% en la cantidad de usuarios, en su mayoría latinos. El temor a ser detenido ha llevado a muchos a evitar incluso el autobús.

No solo los inmigrantes indocumentados han modificado su comportamiento. Varios ciudadanos estadounidenses latinos han comenzado a portar documentos como el pasaporte o la licencia de conducir incluso para salir a caminar o hacer compras básicas.
“Soy un señor de 72 años, nací en San Diego y salgo a caminar por mi barrio, pero por primera vez en mi vida tengo miedo”, dijo a The New York Times Tony Marquez, residente de Boyle Heights.
Casos como el de Héctor Mata, un joven de 22 años, reflejan el temor entre ciudadanos que consideran que el simple hecho de “ser moreno” los expone a ser detenidos.
Una de las principales causas de alarma ha sido la difusión en redes sociales de videos en los que agentes detienen personas en autolavados, tiendas o estacionamientos sin presentar órdenes judiciales visibles.
En un caso documentado en Montebello, un agente de la Patrulla Fronteriza pidió a un ciudadano estadounidense que demostrara su estatus respondiendo a una pregunta inusual: “¿En qué hospital naciste?”.

Aunque funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional niegan que exista perfilamiento racial, las imágenes han generado indignación y ansiedad. “La vida normal se ha visto completamente interrumpida por estas redadas”, declaró el legislador estatal Mark González.
Muchas familias latinas han decidido autoconfinarse. Ana, una niñera indocumentada que vive en Los Ángeles desde hace más de 20 años, no asistió a la graduación de su hija por temor a ser detenida. “Preferí quedarme en casa y verla regresar que arriesgarme a no volver”, confesó en entrevista con The New York Times.
En Bell Gardens, una ciudad con 96% de población latina, se canceló el desfile del 4 de julio. En otras zonas, las misas dominicales se celebran con menos asistentes, y algunos parques cerraron sus clases de natación tras reportes sobre presencia de agentes federales.
El 6 de junio, una redada en un mayorista de ropa en el centro de Los Ángeles —donde decenas de personas fueron detenidas— provocó protestas y enfrentamientos entre manifestantes, policías y agentes federales. Días después, el gobierno federal envió efectivos de la Guardia Nacional y Marines a la ciudad. Aunque el toque de queda fue levantado, las redadas continúan.

Una orden firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso a cargo de la operación al jefe de la Patrulla Fronteriza del sector El Centro, Gregory Bovino. Su presencia en Los Ángeles, donde esta agencia rara vez lidera redadas visibles, ha aumentado la percepción de una campaña intensiva contra la comunidad latina.
Organizaciones como la Local Hearts Foundation han adaptado sus actividades para asistir a quienes no pueden salir ni a comprar alimentos. Su fundador, Tito Rodríguez, afirma que en un solo viernes entregaron víveres a más de 270 familias que temen ser detenidas al salir de casa.
Christian Medina, conductor de entregas y ciudadano estadounidense, reconoce que incluso él ha limitado sus salidas. “Mucha gente tiene miedo de que los lleven solo por caminar en la calle”, dijo.
Mientras las autoridades federales defienden la legalidad de los operativos, afirmando que se enfocan en inmigrantes con antecedentes penales graves, muchos testimonios contradicen esa narrativa.
Videos, declaraciones y cambios en el comportamiento cotidiano muestran cómo, para miles de personas, vivir en Los Ángeles hoy significa esconderse. En palabras de Ana, la niñera que no asistió a la graduación de su hija: “Todo ha cambiado. Estoy atrapada”, lamentó.