Trump anunció la designación del grupo de izquierda Antifa como organización terrorista

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Trump anunció la designación delTrump anunció la designación del grupo de izquierda Antifa como organización terrorista (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que designará a Antifa como una “gran organización terrorista”. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario calificó al movimiento como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo” y señaló que recomendará investigar a quienes lo financien “de acuerdo con los más altos estándares legales”.

La decisión se produce días después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre, hecho que funcionarios de la Casa Blanca han vinculado a sectores de la izquierda radical. El asesor presidencial Stephen Miller aseguró que la administración busca desmantelar lo que considera “un vasto movimiento de terrorismo doméstico” asociado con la violencia política.

Antifa es la abreviatura de “antifascistas” y funciona como un término para describir a colectivos de extrema izquierda sin estructura centralizada. Se caracterizan por organizarse en células locales y coordinarse de manera informal, principalmente durante protestas contra supremacistas blancos, neonazis o grupos de ultraderecha. Entre sus métodos está el enfrentamiento directo en manifestaciones, el bloqueo de actos políticos y la difusión de campañas en línea.

Charlie Kirk recibe disparo durante un mitin. Créditos: Especial.

Los orígenes de este movimiento moderno se remontan a la década de 1980 en Estados Unidos, inspirado en grupos europeos que surgieron para contrarrestar el crecimiento de organizaciones neonazis. Aunque carece de jerarquía, quienes se identifican con Antifa comparten una ideología anticapitalista y antifascista. Sus miembros suelen vestir de negro en protestas, una táctica conocida como “black bloc”, utilizada para dificultar la identificación por parte de las autoridades.

El anuncio de Trump enfrenta obstáculos jurídicos. Estados Unidos no cuenta con un mecanismo legal para designar a grupos nacionales como organizaciones terroristas, ya que la legislación vigente solo prevé esa categoría para entidades extranjeras. Además, en 2020 el entonces director del FBI, Christopher Wray, declaró ante el Congreso que “Antifa es una ideología, no una organización”, lo que complica su inclusión en cualquier lista oficial de terrorismo.

El marco legal actual sí permite a las agencias de seguridad investigar y procesar actos de violencia cometidos por individuos o colectivos internos, pero no existe un registro oficial de grupos terroristas domésticos. Esto significa que, en caso de avanzar, la iniciativa de Trump abriría un debate sobre la interpretación de las leyes antiterroristas.

Trump calificó a Antifa comoTrump calificó a Antifa como “un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo” (REUTERS/Jonathan Ernst)

El anuncio fue respaldado por legisladores republicanos. El senador Bill Cassidy, de Luisiana, sostuvo que “Antifa aprovechó un movimiento de quejas legítimas para promover violencia y anarquía, trabajando contra la justicia para todos”. Recordó además que junto a Ted Cruz presentó en 2019 una resolución en el Senado para condenar los actos violentos de este movimiento y pedir que se les tratara como organización terrorista, aunque esa propuesta no prosperó.

Trump ya había señalado a Antifa en el pasado como responsable de distintos episodios de violencia política. Durante su primer mandato, lo acusó de promover disturbios en protestas contra el racismo policial y de participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ninguna de estas acusaciones derivó en una designación formal.

Por ahora, la Casa Blanca no ha detallado cómo implementará la medida ni cuáles serían las consecuencias legales para quienes sean identificados como miembros o financiadores de Antifa.

Expertos legales advierten que un intento de catalogar a un movimiento descentralizado como organización terrorista podría enfrentar impugnaciones judiciales y abrir un nuevo debate sobre los límites del poder ejecutivo frente a la libertad de asociación.

(Con información de EFE y AFP)

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