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hace 1 mes
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La administración del presidente Donald Trump invocó un privilegio de secreto de Estado y rechazó darle información detallada a un juez federal sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo autoridades de guerra.
El juez federal de distrito James Boasberg se encuentra evaluando si el gobierno republicano desacató su orden de deportar aviones con migrantes luego de bloquear las deportaciones de supuestos miembros del Tren de Aragua (TDA) sin el debido proceso.
Este caso es particular, se ha convertido en un punto crítico de la creciente tensión entre el gobierno y los tribunales federales.
Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito de Washington, ha solicitado precisiones sobre cuándo aterrizaron los aviones y quién estaba abordo, algo que, de acuerdo con la administración de Trump, perjudicaría “preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional”.
Asimismo, los abogados del gobierno pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez y permitirá seguir con las deportaciones, una iniciativa que pareció dividir a los jueces.
La jueza del Tribunal de Circuito, Patricia Millet, manifestó que los nazis detenidos en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial recibieron un mejor trato legal que los inmigrantes venezolanos enviados a El Salvador bajo el mismo estatuto.
“Ciertamente, cuestionamos la analogía nazi”, respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, en una audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
Millet es uno de los tres jueces de apelaciones que decidirán si levantar una orden del 15 de marzo que prohíbe de manera temporal las deportaciones bajo la Ley de Enemigo Extranjeros de 1798. El lunes no emitieron su fallo desde el estrado.
Un segundo magistrado se mostró receptivo al alegato del gobierno republicano de que los migrantes deberían impugnar su arresto en Texas y no es la capital estadounidense. El tercer juez no se pronunció al respecto.
La administración de Trump ha trasladado a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la SGM.
En este sentido, el lunes, los abogados que representan al régimen venezolano presentaron una acción en El Salvador para liberar a 238 venezolanos que están detenidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, luego de que EE.UU. los deportara.
El gobierno apeló luego de que Boasberg bloqueará esas deportaciones y ordenara que aviones llenos de inmigrantes venezolanos volvieran a Estados Unidos. Eso no ocurrió.
Básicamente, la Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación de extranjeros sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal, después de que Trump proclamara a la megabanda del Tren de Aragua de fuerza invasora.
Ensing alego que la decisión del juez era una “intrusión enorme y sin precedentes del poder ejecutivo”.
“El presidente tiene que cumplir la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, explicó MiIlett, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama en 2013, informó CBS News.
Por su parte, el juez nominado por Trump en 2020, Justin Walker, pareció más receptivo a los argumentos de la administración debido a sus preguntas. El magistrado citó los alegatos del gobierno de que los demandantes debería haber presentado su demanda en Texas, donde fueron capturados los inmigrantes.
“Podrías haber presentado exactamente la misma denuncia que presentaste aquí en el tribunal de distrito de Texas”, señaló Walker al abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Lee Gelernt.
“No tenemos idea si todos están en Texas”, dijo Gelernt.
El juez también presionó al abogado de los demandantes para que citara cualquier caso previo en el que una orden judicial que bloqueara “una operación de seguridad nacional con implicaciones extranjeras” sobreviviera a la revisión de apelación.
Gelernt acusó a la administración de Trump de tratar de usar la ley para “cortocircuitar” los procedimientos de migración. La defensa de los demandantes no tenía manera de impugnar individualmente todas las deportaciones antes del despegue de los aviones cargados de venezolanos el pasado 15 de marzo, agregó.
“Todo esto se ha hecho en secreto”, manifestó Gelernt.
La jueza nominada por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990, fue la tercera persona del panel. No realizo preguntas en medio de la audiencia que tuvo unas de dos horas de duración.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrenten deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros. Aseguró que hay un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar.
“El público también tiene un interés significativo en que el Gobierno cumpla la ley”, redactó el juez.
El mandatario republicano y sus aliados han solicitado el impeachment de Boasberg. En una declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que “el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Poco después de la medianoche de este martes, Trump publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la imparcialidad de Boasberg y solicitando su inhabilitación.
En una audiencia el viernes, el juez se comprometió a determinar si la administración republicana desacató su orden verbal desde el estrado para que las aeronaves con los inmigrantes regresaran.
Así que el Departamento de Justicia declaró que las instrucciones verbales del juez no eran válidas, que solo debía seguirse una orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido del país norteamericano.
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