
Donald Trump ordenó este domingo 15 de junio intensificar las operaciones de deportación en ciudades controladas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, con el objetivo de ejecutar lo que describió como “el mayor programa de deportaciones en la historia”.
La decisión del presidente, anunciada a través de una publicación en redes sociales, se da en medio de protestas masivas en dichas urbes que rechazan la política migratoria de su administración.
En el mensaje, Trump instruyó a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a “hacer todo lo que esté a su alcance” para alcanzar esa meta, señalando que deben ampliar las detenciones y expulsiones en las zonas urbanas más pobladas del país. “Millones y millones de extranjeros ilegales residen en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York”, escribió.

La nueva fase de la ofensiva migratoria se centra en áreas con altos índices de inmigración, lo que representa un giro estratégico en la política migratoria de Trump en su segundo mandato.
De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, se ha ordenado al ICE realizar al menos 3.000 arrestos diarios, una cifra que quintuplica el promedio de 650 detenciones por día registrado durante los primeros cinco meses del actual periodo presidencial.
El incremento en la capacidad operativa del ICE se produce luego de semanas de endurecimiento de medidas, en las que agentes federales han llevado a cabo operativos focalizados en vecindarios latinos y comunidades con alta presencia de migrantes. Estas acciones han sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones civiles, gobiernos locales y sectores empresariales.

Pese a la ofensiva, el gobierno de Trump ha instruido a los agentes de inmigración a detener temporalmente los operativos en sectores clave de la economía, como granjas, hoteles y restaurantes.
La medida responde a la preocupación del presidente sobre el impacto económico que una deportación masiva podría tener en estas industrias, según un funcionario federal citado por The Associated Press bajo condición de anonimato.
Estos sectores, históricamente dependientes de mano de obra migrante, habían expresado preocupación ante la posibilidad de redadas indiscriminadas que afectaran la producción agrícola, el turismo y la cadena de suministro de alimentos.
El alcalde de Nueva York, un demócrata crítico de Trump, declaró que la ciudad “no colaborará con redadas que atenten contra nuestros valores y derechos civiles”. En Chicago y Los Ángeles, autoridades locales prometieron brindar apoyo legal a quienes enfrenten procedimientos de deportación y rechazaron cooperar con las agencias federales en la implementación de los operativos.

Detrás de esta nueva directriz estaría Stephen Miller, asesor principal de Trump y arquitecto de su política migratoria desde el primer mandato. Miller ha sido una figura clave en el diseño de operativos de gran escala y en la reconfiguración del sistema migratorio federal.
Bajo su influencia, la administración busca consolidar una política que combine detenciones masivas con un discurso duro, orientado a reforzar su base electoral conservadora.
Según declaraciones previas, Miller ha insistido en que “una aplicación estricta de la ley migratoria es vital para la soberanía nacional”, y ha defendido el aumento de arrestos como una necesidad frente al “colapso del sistema migratorio bajo gobiernos anteriores”.