Trump propone 15% menos en presupuesto para Educación; aseguran que mantienen fondos para programas Título 1 y estudiantes con discapacidad

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Nueva York – El presupuesto sometido por el presidente Donald Trump para el Departamento de Educación (ED) incluye un recorte de 15% en comparación con el año fiscal previo con el fin, según la Administración, de alcanzar el equilibrio y restablecer la confianza en la gestión fiscal del gobierno federal.

“En general, la solicitud incluye $66,700 millones en nueva autoridad presupuestaria discrecional para el Departamento de Educación, una reducción de $12,000 millones, o 15.3 por ciento, por debajo de la asignación del año fiscal 2025, lo que refleja una agencia que está reduciendo sus operaciones de manera responsable”, plantea el documento de la agencia.

De acuerdo con el gobierno federal, lo propuesta sostiene el plan del presidente para lograr el equilibrio y restaurar la confianza en la gestión fiscal de Estados Unidos al eliminar el gasto que no fomenta un aprendizaje significativo y devolviendo a los estados, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad en la prestación de servicios.

“Nuestro objetivo es claro: mejorar la educación, hacerla más justa y responsable, poniendo fin a la extralimitación federal y empoderando a las familias, las escuelas y los estados, quienes mejor conocen las necesidades de sus estudiantes”, plantea Trump y su equipo sobre el plan fiscal para el año fiscal 2026.

Según expone la Administración en el resumen de la propuesta, el presupuesto preservará programas como Título 1-A y los de educación especial.

El primero es un programa federal que impacta a escuelas y distritos escolares con altas concentraciones de estudiantes de bajos ingresos. Mediante los programas de educación especial, se ofrecen servicios especializados a estudiantes que presentan un impedimento que les afecta o limita su desarrollo académico.

En el caso de las becas Pell, estudiantes universitarios con necesidades económicas son elegibles.

Programa Título 1

En cuanto a Título 1, el documento señala que la solicitud otorga $18, 400 millones para las subvenciones a través de Agencias Educativas Locales (LEA), equiparable al nivel de asignación del año fiscal 2024, lo que, de acuerdo con el Gobierno, preserva la totalidad de los fondos para el programa. “La solicitud reconoce la importancia de los fondos de las Subvenciones del Título I-A para las LEA, que constituyen una fuente crucial de apoyo para las LEA en comunidades con alta pobreza”, especifica el informe.

Argumentan que también se brinda “considerable flexibilidad” a las LEA para utilizar los fondos de la mejor manera posible para atender las necesidades de sus estudiantes, lo que va acorde con el objetivo de la Administración de devolver la educación a los estados.

Las LEA son entidades educativas públicas que operan a nivel local, generalmente un distrito escolar. Su función principal es gestionar y financiar las escuelas públicas dentro de su jurisdicción.

Las becas Pell

Con respecto a las becas Pell, el texto indica que el pedido para el año fiscal 2026 incluye $22,500 millones en fondos discrecionales para el programa, equivalente a la asignación del año fiscal 2024.

“Esta solicitud discrecional, más $7,700 millones en fondos obligatorios, proporciona un nivel total de fondos Pell para el año fiscal 2026 de $30,200 millones”, especifica la recopilación.

El gobierno federal atribuyó que, debido a la “inacción del Congreso” sumado al aumento de casos de fraude y la revocación de fondos destinados a las becas Pell para financiar otras prioridades, el programa no cuenta con una base financiera estable. En conjunto, lo anterior ha provocado, según la Administración Trump, un déficit “insostenible” en el programa para el año fiscal 2026 y durante la próxima década. “Al nivelar la financiación de la asignación del año fiscal 2024, la Solicitud establecería una asignación máxima de $5,710 para el año fiscal 2026-2027, lo que representa una disminución de $1,685 con respecto al año fiscal 2024-2025. La asignación máxima seguirá cubriendo el promedio publicado de matrícula y cuotas estatales para estudiantes de colegios comunitarios”, expusieron.

Añadieron: “El presidente se compromete a cumplir su promesa de preservar el programa de becas Pell; sin embargo, el creciente déficit de financiación generado por decisiones anteriores del Congreso hace necesario reducir la asignación máxima. La Administración espera colaborar con el Congreso para desarrollar una solución sostenible a largo plazo”, abundaron.

Fondos para estudiantes de educación especial

El resumen que circuló el gobierno de Trump además informa que, mediante el plan fiscal, se busca mantener el financiamiento para estudiantes de educación especial bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA).

IDEA se aprobó en el Congreso en el 1975 con el fin de garantizar que niños con discapacidades tuviesen las mismas oportunidades que los otros de recibir una educación pública gratuita y ajustada a sus necesidades.

De acuerdo con los datos provistos, el gobierno federal pretende destinar $14,900 millones al programa de Subvenciones a los Estados de IDEA, $677.5 millones más que la asignación del año fiscal 2024.
Por otro lado, se consolidaría el programa de Subvenciones para Preescolar y los programas de Actividades Nacionales de Educación Especial en el programa de Subvenciones a los Estados.

“Los fondos del programa de Subvenciones a los Estados continuarán asignándose a los estados y las Autoridades Educativas Locales (LEA) de acuerdo con la Sección 611, y los Estados recibirán mayor flexibilidad para reservar fondos para actividades estatales, incluyendo aquellas que actualmente reciben apoyo de los programas de Actividades Nacionales”, señaló la Administración.

Las autoridades federales argumentan que, bajo el plan, los estados continuarán cumpliendo con los requisitos clave de rendición de cuentas e informes de IDEA, al tiempo en que se aumenta su flexibilidad y se reduce la intervención del gobierno federal en las escuelas.

“La solicitud apoyaría a los estados y a las LEA en la prestación de educación especial y servicios relacionados a aproximadamente 7.6 millones de estudiantes con discapacidad en todo el país en 2026, con un promedio de $1,944 por niño con discapacidad”, afirma el reporte.

Por otro lado, se propone simplificar el financiamiento K-12 (K-12 SFP) con la consolidación de la mayoría de los programas de subvenciones por fórmula que se financian actualmente para la educación primaria y secundaria en un único programa estatal de subvenciones por fórmula.

Adicional, el pedido de Trump mantendría fondos separados para las Subvenciones a Escuelas Chárter, así como para la Ayuda de Impacto y la Educación Indígena.

La Administración no solicitó fondos para varios programas de educación primaria y secundaria para el año fiscal 2026.

“Estas eliminaciones forman parte del esfuerzo general de la Administración por restablecer la disciplina fiscal y reducir la participación del gobierno federal en la educación. Los estados y las localidades, no el gobierno federal, son los más indicados para determinar si apoyan las actividades autorizadas por los diversos programas dentro de sus propios presupuestos y sin la carga administrativa innecesaria impuesta por el gobierno federal”, añadieron bajo el subtema de “Reduciendo la excesiva burocracia federal (red tape)”.

La Administración entiende que, durante décadas, el apoyo federal a la educación se ha distribuido a través de “numerosos programas pequeños y mal diseñados” que no se adaptan a los contextos específicos de cada estado.

“Como resultado, los estados se ven obligados a contratar personal cada vez más numeroso no para atender a los estudiantes, sino para solicitar subvenciones competitivas y gestionar los trámites burocráticos impuestos por el gobierno federal. Al mismo tiempo, las asignaciones para estos programas aislados, innecesariamente complejos y en gran medida no probados han aumentado, incrementando la influencia federal sin mejoras proporcionales en el rendimiento académico de los estudiantes”, expusieron en el resumen.

En esa dirección, por ejemplo, Trump no solicitó presupuesto para programas como “Arte en Educación”, “Historia estadounidense y educación cívica” (AHC), “Educación rural” (REAP), “Educación para niños y jóvenes sin hogar” y “Centros de aprendizaje comunitario del siglo XXI ( CCLC), entre otros.

Para las escuelas chárter, Trump solicitó $100 millones más que para el año fiscal 2024 con la meta de facilitar los esfuerzos estatales por aumentar el número de centros de estudios este tipo.

“Los fondos también financian subvenciones para mejorar el acceso de las escuelas chárter a las instalaciones, la difusión de información, la asistencia técnica de los beneficiarios y las actividades de evaluación”, lee el documento

El Departamento de Educación añadió: “Específicamente, la solicitud autorizaría a los beneficiarios de las Entidades Estatales a otorgar subvenciones a los desarrolladores para que trabajen en sus comunidades en la preparación de nuevas propuestas de escuelas chárter, aumentaría el monto máximo que los beneficiarios de las Entidades Estatales pueden reservar para brindar apoyo técnico a los desarrolladores y autorizadores en sus estados y para cubrir costos administrativos, y permitiría a la Secretaria pagar una parte federal de hasta el 100% del costo de un programa de ayuda para instalaciones por alumno bajo las Subvenciones de Incentivo para Instalaciones Estatales para cada uno de los dos primeros años del proyecto”.

Trump había propuesto, poco después de haber asumido el cargo, desmantelar el Departamento de Educación y otorgar mayor poder a los estados en cuanto al manejo de presupuesto y programas con fondos federales, por ejemplo. A esos fines, firmó la orden ejecutiva, titulada “Mejorar los Resultados Educativos mediante el Empoderamiento de Padres, Estados y Comunidades“, el 20 de marzo. El decreto instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar medidas para facilitar el cierre de la agencia y reforzar la autoridad de los estados en términos educativos.

Sin embargo, para una acción a esos niveles, el presidente necesita la aprobación del Congreso, y, al momento, no hay consenso, ni siquiera entre republicanos, de que esa sea la vía a seguir.

El 22 de mayo, un juez federal en Massachussets bloqueó los intentos de Trump de avanzar en la implementación de las disposiciones contenidas en la orden ejecutiva y ordenó la reinstalación de los empleados despedidos como parte del plan masivo de reestructuración en la agencia.

Varios de los fondos mencionados en el plan de presupuesto que solicitó Trump, no solo impactan estados, también a territorios como Puerto Rico, como los de Título 1, los de educación especial y las becas Pell.

Casi la mitad de los fondos para educación en la isla provienen del gobierno federal.

Por otro lado, la Administración ha coaccionado a personal de educación bajo su jurisdicción, incluyendo Puerto Rico, al exigirle que pausen los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) bajo la amenaza de que perderían fondos federales.

En abril, tres jueces federales, en Maryland, New Hampshire y Washington, D.C., ordenaron a Trump dejar de retener fondos para dichas iniciativas.