Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil

Ruy Ferraz Fontes, de 63 años, ex delegado general de la Policía Civil de São Paulo y uno de los principales especialistas en crimen organizado de Brasil, fue asesinado la noche del lunes en Praia Grande, en la costa paulista.

El ataque, registrado en cámaras de seguridad, mostró cómo su vehículo volcó tras chocar con un autobús y cómo al menos tres hombres armados con fusiles lo acribillaron a pocos metros de su oficina. Las autoridades hallaron después la camioneta utilizada en la emboscada incendiada, en un intento de borrar pruebas. El crimen pone en el foco al Primeiro Comando da Capital (PCC), la facción criminal a la que Fontes dedicó buena parte de su carrera.

Fontes ingresó a la Policía Civil en 1988 y acumuló más de cuatro décadas de servicio en áreas clave: dirigió la división de homicidios, el departamento de narcóticos y las investigaciones de robos a bancos. En 2019 alcanzó el cargo máximo de delegado general, bajo el gobierno de João Doria, con responsabilidad directa ante el gobernador y el secretario de Seguridad Pública.

Tras dejar la jefatura en 2022, se trasladó a la ciudad costera de Praia Grande, en el estado de São Paulo, donde ejercía como secretario de Administración municipal. Su carrera combinó la investigación policial con la docencia en criminología, pero su nombre quedó ligado para siempre a un único adversario: el PCC.

Fue el primer inspector en investigar formalmente la estructura de la facción en los años noventa, cuando muchos aún dudaban de su existencia. Elaboró organigramas, presentó imputaciones colectivas por asociación ilícita y fue clave en el traslado de los principales líderes del PCC a cárceles de máxima seguridad, bajo un régimen más estricto pensado para aislarlos y limitar su capacidad de mando. Durante la ola de atentados de 2006, que paralizó São Paulo con ataques coordinados contra policías e instituciones, ya figuraba como uno de los enemigos más buscados por la organización.

Ruy Ferraz Fontes

La confrontación con el Primeiro Comando da Capital marcó toda su trayectoria. Fontes encabezó investigaciones que llevaron al aislamiento de Marco Willians Herbas Camacho, alias Marcola, el líder histórico de la facción, y de su cúpula.

Esa ofensiva tuvo un costo: desde 2010, los servicios de inteligencia detectaron complots para asesinarlo. En 2012 sufrió una emboscada en la autopista Anchieta —que conecta São Paulo con el puerto de Santos— y logró repeler el ataque. En 2023, tras un asalto en Praia Grande, dijo en una entrevista a Estadão: “Combatí a esos tipos durante tantos años y ahora saben dónde vivo”. Pese a las advertencias, continuó en la función pública y siguió en la mira de quienes buscaban vengarse.

El atentado del lunes mostró un nivel de planificación inusual incluso para los estándares de la facción. La persecución se extendió por casi un kilómetro, con disparos de fusil en movimiento, y concluyó en una ejecución meticulosa. Según los peritos, los agresores actuaron con precisión militar. Dos transeúntes resultaron heridos por balas perdidas.

El narcotraficante brasileño Marcos Camacho, también conocido como 'Marcola', es visto saliendo de un hospital en Brasilia, Brasil, el 21 de enero de 2020 (REUTERS/Adriano Machado)

Para Osvaldo Nico Gonçalves, secretario ejecutivo de Seguridad Pública del estado de São Paulo, la hipótesis principal es inequívoca: “Él luchó mucho contra la facción, esto ciertamente fue una venganza del PCC”.

El gobierno de São Paulo desplegó más de cien agentes de élite en la región para identificar a los responsables. Dos sospechosos ya fueron señalados a partir de huellas y pruebas balísticas. El gobernador Tarcísio de Freitas calificó el asesinato como un ataque directo al Estado y prometió “todo el rigor de la ley” contra los autores. Asociaciones de delegados y fiscales coincidieron en que se trató de una ejecución cobarde contra quien había infligido enormes perjuicios al PCC y exigieron reforzar la protección de funcionarios, incluso tras su jubilación.

Miembros del PCC en Brasil

Fundado en 1993 en las cárceles de São Paulo, el PCC evolucionó de un grupo de presos en busca de protección mutua a la mayor facción criminal de Brasil, con alrededor de 30.000 miembros repartidos en casi todo el territorio nacional y presencia creciente en países vecinos como Paraguay y Bolivia. Su principal fuente de ingresos sigue siendo el narcotráfico, pero controla también extorsiones, secuestros, robos y lavado de dinero. Se estima que factura más de cien millones de dólares al año, con una disciplina interna que le permite ejecutar ataques coordinados y sostener motines simultáneos.

El liderazgo de Marcola desde prisión ha mantenido cohesionada a la facción. Órdenes transmitidas mediante abogados y familiares han permitido dirigir operaciones incluso en regímenes de aislamiento extremo. La ola de ataques de 2006, que dejó decenas de muertos, evidenció esa capacidad. Y aunque el Estado brasileño ha respondido con traslados a presidios federales y operativos constantes, la organización conserva fuerza suficiente para golpear donde más le duele al sistema: contra jueces, directores penitenciarios y ahora contra el delegado que la enfrentó desde sus inicios.

El asesinato de Ruy Ferraz Fontes encaja en ese patrón de venganza del PCC. En 2003, el grupo criminal ordenó la ejecución del juez Antonio Machado Dias, corregidor de un presidio de máxima seguridad. Años más tarde, otro director penitenciario fue asesinado por endurecer el régimen carcelario. Fontes, que dedicó su vida a estudiar y combatir a la facción, se suma ahora a esa lista de blancos escogidos por el crimen organizado.