
El deseo de Robert M. Lavinsky de donar un cráneo de Tyrannosaurus bataar de 70 millones de años al Centro de Dinosaurios y Sitios de Excavación de Wyoming se ha visto frustrado por el temor a que el gobierno federal confisque el fósil si intenta transferirlo.
Esta preocupación surge porque, desde 2014, las autoridades han congelado sus derechos de propiedad sobre el cráneo, lo que ha llevado a Lavinsky a presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La acción legal, presentada el miércoles, sostiene que la intención del gobierno de incautar el cráneo constituye un daño concreto y particularizado para Lavinsky.

En la denuncia, se solicita al tribunal que declare que el gobierno ha excedido el plazo legal para reclamar el decomiso del fósil y que, por tanto, Lavinsky posee un título limpio y libre de gravámenes sobre el cráneo de Bataar.
El documento judicial afirma: “El demandante, Dr. Robert M. Lavinsky, solicita al Tribunal que declare que el Gobierno ha prescrito para interponer cualquier reclamación de decomiso del Cráneo de Bataar del Dr. Lavinsky y que este tiene la propiedad libre de gravámenes y un título limpio sobre el Cráneo de Bataar, así como cualquier otra reparación adicional, en derecho y en equidad, a la que tenga derecho”.

El conflicto se remonta a 2005, cuando Lavinsky adquirió el fósil a un distribuidor en una feria de gemas, minerales y fósiles. Desde entonces, el cráneo permanece almacenado en Texas. Dos años antes de que comenzara la investigación sobre Lavinsky, el gobierno ya había iniciado pesquisas sobre los propietarios de las tiendas que vendieron el cráneo.
En 2014, el ICE y el DHS abrieron una investigación formal, alegando que el cráneo era propiedad robada, ya que provenía de Mongolia.
Según la legislación estadounidense, los artefactos paleontológicos de origen mongol y los vertebrados de origen chino se consideran propiedad robada. El gobierno sostiene que Lavinsky violó la ley al solicitar la importación del cráneo a Estados Unidos y anunció que «iniciaría acciones legales para obligar a la producción y/o incautación y decomiso» del fósil.
Lavinsky y su equipo legal argumentan que él no importó el cráneo, sino que lo compró cuando ya se encontraba en territorio estadounidense. La disputa legal se intensificó cuando, en 2017, James Godwin, el propietario de la tienda que vendió el cráneo a Lavinsky, demandó al gobierno alegando que este había superado el plazo de prescripción para reclamar el decomiso.

El tribunal determinó que el gobierno tuvo conocimiento de la existencia y posesión del cráneo en Estados Unidos en julio de 2012, tras recibir los registros intercambiados entre Godwin y las autoridades.
El escrito judicial subraya: “El Tribunal determinó que el Gobierno descubrió hechos que demostraban que el cráneo de Bataar del Dr. Godwin existía en Estados Unidos y estaba en posesión del Dr. Godwin cuando recibió la Producción de julio de 2012″.
El tribunal adoptó el criterio de que el plazo de prescripción de cinco años, según el Título 19 del Código de los Estados Unidos, artículo 1621, debía contarse desde el momento en que el gobierno supo o debió saber de la existencia del cráneo.
El fallo concluyó que “el Gobierno no presentó a tiempo su solicitud de decomiso”. A pesar de esta decisión, la situación legal de Lavinsky no se ha resuelto y sus derechos de propiedad sobre el fósil permanecen en duda.
La demanda de Lavinsky se diferencia de otras acciones legales recientes contra el gobierno federal, ya que no está vinculada a políticas migratorias del gobierno federal. Aunque el DHS ha enfrentado numerosas demandas por su agenda migratoria, este caso se origina en actividades iniciadas durante la presidencia de Barack Obama. Lavinsky busca una orden declaratoria que le permita disponer libremente del cráneo y cumplir su intención de donarlo al centro de Wyoming.