Una comisión del Congreso estadounidense citó al Departamento de Justicia para obtener archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y solicitó declaraciones de figuras de alto perfil, así como de ex funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia. La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, afirma que la pesquisa podría revelar vínculos con el presidente Donald Trump.
El pedido incluye citaciones para que declaren bajo juramento el ex presidente Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, seis ex fiscales generales —entre ellos Merrick Garland y William Barr— y los ex directores del FBI James Comey y Robert Mueller. El presidente de la comisión, el republicano James Comer, justificó la medida alegando que los casos de Epstein y de su colaboradora Ghislaine Maxwell “han recibido un inmenso interés y escrutinio público”. A través de una carta oficial, agregó que “es imperativo que el Congreso supervise la aplicación de las leyes de tráfico sexual por parte del gobierno federal y, específicamente, su manejo de la investigación y el enjuiciamiento del señor Epstein y la señora Maxwell”.
Desde la muerte de Epstein en 2019, mientras estaba detenido en una cárcel de Nueva York y aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores, han crecido las demandas para conocer a fondo el material recopilado por los investigadores. A pesar de que Trump ha negado vínculos con los delitos cometidos por Epstein y sostiene que su relación terminó hace décadas, el caso sigue generando presión política en todos los sectores.

Entre los citados figuran también personalidades que sirvieron en gobiernos tanto demócratas como republicanos. El calendario de declaraciones se extendería entre agosto y octubre, con fechas tentativas para Hillary Clinton el 9 de octubre y para Bill Clinton el 14. Aunque varios ex presidentes han testificado de forma voluntaria ante el Congreso, nunca se ha forzado legalmente a uno a comparecer. Esa tradición fue invocada por el propio Trump en 2022 para resistir una citación emitida durante la investigación por el asalto al Capitolio.
Bill Clinton ha reconocido que voló en el avión privado de Jeffrey Epstein, pero ha negado haber visitado sus propiedades o tener conocimiento de sus delitos. En una entrevista publicada años atrás, Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso, afirmó haber viajado en helicóptero con Clinton y coqueteado con Donald Trump. Más tarde rectificó esas afirmaciones, atribuyéndolas a errores del periodista.
Giuffre murió el 25 de abril de 2025 a los 41 años en Australia. La policía local calificó su muerte como un suicidio, aunque sus familiares han expresado dudas y pidieron una investigación más profunda.
La comisión también reiteró su interés en interrogar a Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por captar adolescentes para ser abusadas por Epstein. Actualmente cumple condena en una prisión de Texas, tras haber sido trasladada desde Florida. Comer indicó que la citación podría postergarse si la Corte Suprema decide analizar una apelación a su condena. En paralelo, el Departamento de Justicia la entrevistó durante un día y medio el mes pasado, pero los legisladores demócratas remarcaron que eso no sustituye el acceso a los documentos originales. “Necesitamos estos archivos ahora para corroborar cualquier afirmación que ella haga”, señalaron en una declaración los representantes Robert Garcia y Summer Lee.
La presión no proviene solo del bloque republicano. Demócratas como Garcia y Lee fueron clave para impulsar la citación al Departamento de Justicia, que tiene plazo hasta el 19 de agosto para entregar los registros. “Hoy fue un paso importante en nuestra lucha por la transparencia respecto a los archivos de Epstein y nuestra dedicación a buscar justicia para las víctimas”, afirmaron ambos legisladores. El cumplimiento de las citaciones, sin embargo, podría abrir una disputa legal si el Departamento decide resistirlas o postergar la entrega.
Mientras el Congreso exige transparencia institucional, una serie de publicaciones recientes han aportado nuevos indicios sobre el universo privado de Epstein. Fotografías y documentos difundidos por The New York Times y otros medios revelaron detalles inquietantes sobre la mansión del financista en el Upper East Side de Manhattan, donde se ubicaban cámaras ocultas, esculturas de contenido sexual, una primera edición de Lolita y objetos personales firmados por figuras globales.
Entre los elementos más llamativos se encontró un billete de un dólar con la firma de Bill Gates y la frase manuscrita “I was wrong!” (¡Estaba equivocado!), así como fotografías enmarcadas de personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Richard Branson, Fidel Castro, Noam Chomsky, Andrés Pastrana, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman e incluso el papa Juan Pablo II. Estos retratos no implican responsabilidad penal alguna, pero sí ponen en evidencia el alcance de las relaciones públicas que Epstein cultivaba y exhibía.
La mansión, conocida como Herbert N. Straus House, fue valorada en unos 77 millones de dólares. Contaba con más de 2.000 metros cuadrados, nueve plantas y un sistema interno de vigilancia con monitores desde los que podían observarse habitaciones privadas. En 2019, la ex empleada Maria Farmer declaró a CBS que Epstein le mostró una sala secreta con pantallas que transmitían imágenes de baños y dormitorios, y aseguró haber visto entrar y salir a numerosas jóvenes.
Una carta hallada entre sus pertenencias, firmada por Woody Allen en 2016, comparaba las cenas en la residencia con escenas de un castillo de Drácula donde “tres jóvenes vampiresas” servían la comida.
La difusión de estas imágenes reavivó la presión sobre las autoridades para que liberen todos los documentos vinculados al caso. Aunque no existen pruebas públicas que involucren penalmente a las figuras retratadas, su presencia en el entorno íntimo de Epstein obliga a examinar con mayor profundidad el alcance de sus vínculos sociales, el poder que concentraba y las condiciones que le permitieron operar durante años con impunidad.
El Congreso, mientras tanto, se aproxima a un punto de inflexión. Con las fechas de citación cada vez más cerca, la respuesta —o resistencia— del Departamento de Justicia podría definir el tono del próximo debate nacional. El caso sigue planteando interrogantes sobre la actuación de las instituciones y el acceso público a información clave sobre una red criminal que operó durante años.