Vélazquez, AOC y otros demócratas piden al IRS informar de auditorías a estadounidenses que abusan de leyes 20 y 22 en Puerto Rico

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Nueva York – La representante de Nueva York, Nydia Velázquez y otros cinco demócratas en la Cámara Baja le pidieron al Departamento del Tesoro informar sobre el curso de los esfuerzos encaminados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) para identificar y atender el problema de evasión de impuestos por parte de estadounidenses relocalizados en Puerto Rico bajo las leyes 20 y 22.

A esos fines enviaron una carta a miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara, que fue divulgada ayer, en la que emplazan a incluir lenguaje en el proyecto de “Ley de Asignaciones de Servicios Financieros y Gobierno General” para ordenar al Tesoro a que informe sobre las gestiones del IRS para atender el problema y estimar las pérdidas de ingresos federales como resultado de ambas leyes.

La misiva con fecha del 16 de mayo señala que, aunque los estatutos buscaban hacer crecer la economía y promover el desarrollo mediante la retención de capital extranjero, los datos sobre su impacto apuntan a lo contrario. “Por ejemplo, según el Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico para el Año Fiscal 2024, Puerto Rico podría perder aproximadamente $4,500 millones en ingresos no percibidos relacionados con la Ley 22 entre 2020 y 2026”, exponen los legisladores en la misiva.

Los representantes además cuestionan los efectos de la Ley 22 en cuanto a creación de empleos.

“En términos de creación de empleo, la Ley 22 ha tenido un rendimiento inferior al esperado. Un estudio de la firma Estudios Técnicos concluyó que, entre 2015 y 2019, las 2,202 personas con un decreto de la Ley 22 crearon 4,400 empleos, lo que representa menos de tres empleos por decreto”, señalan los suscribientes.

Sobre la Ley 20, indican que exige un requisito mínimo de contratación. “Una empresa con un decreto debe contratar al menos a un empleado a tiempo completo si sus ingresos superan los $3 millones. Además, la mayoría de las empresas con la Ley 20 se centran en la consultoría u otros servicios profesionales, que tienden a generar menos empleos y tienen un menor impacto económico que otras industrias como la manufactura”, plantean.

Los congresistas argumentan que las leyes han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal con una proliferación del uso de alquileres a corto plazo (STR), aumento en ventas de propiedades en efectivo y la especulación en el mercado, lo que a su vez ha provocado el desplazamiento de locales.

Impacto de la Ley 22 en el fisco federal

El documento alerta sobre el impacto que tiene la relocalización de estas personas en Puerto Rico bajo promesa de inversión a los ingresos al fisco federal.

El texto menciona un informe presentado al Congreso por el IRS que reveló que, entre 2012 y 2019, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico otorgó exenciones bajo la Ley 22 a 2,331 personas que habían establecido su residencia en la isla. De ese número, 647 personas pagaron en total $557,978,112 en impuestos federales sobre la renta en los cinco años previos a su traslado a Puerto Rico.

“Si bien estos datos son muy limitados, ofrecen una idea de los importantes ingresos que Estados Unidos está perdiendo debido al esquema de evasión fiscal creado por la Ley 22”, señalan.

El reporte de IRS además arrojó que, aunque la agencia federal intentó realizar un análisis similar con los beneficiarios de la Ley 20, la mayoría de las entidades enumeradas se habían creado recientemente, y, por lo tanto, no tenían historial de presentación de impuestos a la agencia.

La carta además menciona las auditorias que inició el IRS en el 2021 contra beneficiarios de la Ley 22 que se cree están abusando de la misma para evadir impuestos federales al mentir sobre su tiempo de residencia en la isla.

“Esta campaña se centra en los contribuyentes estadounidenses que podrían estar solicitando incorrectamente los beneficios de la Ley 22 sin cumplir con los requisitos de residencia”, especifica la misiva al comité.

En una entrada en su página web, en julio de 2023, el IRS informó que estaba investigando a, aproximadamente, 100 beneficiarios de la Ley 22 para una potencial presentación de cargos penales.

“Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”, lee parte de la notificación de IRS bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”.

Según los congresistas, por la información que manejan, no fue hasta marzo pasado que el Departamento de Justicia federal acusó al empresario Suresh Gajwani de evadir impuestos sobre casi $80 millones de dólares en ganancias tras afirmar falsamente que su empresa tenía derecho a exenciones bajo la Ley 22.

“Dados los efectos perjudiciales de las leyes 22 y 20 en Puerto Rico y en el territorio continental de los Estados Unidos, es urgente que el gobierno federal continúe con sus esfuerzos de supervisión de estas leyes, a la vez que informa al público sobre dicha labor”, consideran los demócratas.

El grupo pidió actualizar los datos del informe de 2020 del IRS al Congreso e incluir cualquier información sobre los esfuerzos para investigar los abusos relacionados con la Ley 20 y las pérdidas de ingresos federales asociadas con el estatuto.

El lenguaje solicitado por los congresistas debe establecer que el comité tiene que instruir al Tesoro en coordinación con el IRS a someter un reporte dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la ley con el número de personas y empresas que se han trasladado de cada estado y del Distrito de Columbia a Puerto Rico desde 2012 y hayan recibido exenciones contributivas en virtud de las Leyes 20 y 22.

¿Qué son las leyes 20 y 22 en Puerto Rico?

Las leyes 22 y 20 están consolidadas bajo la Ley 60 o “Código de Incentivos de Puerto Rico”.

En el caso de la primera o la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, la misma exime de impuestos sobre dividendos, intereses y ganancias de capital, entre otros.

Entre los requisitos para ser acreedor de la Ley 22 figura que los extranjeros deben residir en la isla por al menos 183 días al año, no haber tenido residencia en Puerto Rico entre 2006 y 2012, y donar anualmente $10,000 dólares a organizaciones sin fines de lucro. Además, deben comprar una casa en Puerto Rico durante los primeros dos años después de obtener el decreto.

La Ley 20 o la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” busca incentivar la exportación de servicios desde Puerto Rico a otras jurisdicciones tanto de empresas locales como nuevos proveedores de servicios que se trasladen a la isla con ese propósito.

Bajo el estatuto, negocios elegibles que exporten servicios pagan una tasa de impuesto fija del 4% sobre los ingresos relacionados con esos servicios.

Algunos beneficios de la Ley 20 pueden incluir una exención total de impuestos sobre las ganancias de capital para las personas que se relocalizan a Puerto Rico.

Para calificar, la persona deber ser residente bona fide de la isla. Al igual que bajo la 22, debe residir en Puerto Rico más de 183 días al año.

Aparte de Velázquez, la carta fue firmada por Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Rashida Talib (Michigan), Delia Ramirez (Illinois), Dan Goldman (NY) y Jared Huffman (California).

Específicamente, el texto fue dirigido a Steny Hoyer, miembro de alto rango del subcomité de Servicios Financieros y Gobierno General del comité de Apropiaciones; y a David Joyce, presidente del mismo subcomité.

Apoyo de organizaciones en Puerto Rico

Varias organizaciones en la isla que buscan mayor fiscalización a los recipientes de estas leyes respaldaron el envío de la carta.

Iris Figueroa, estratega principal de políticas del Centro para la Democracia Popular (CPD), consideró que ya es hora de que las autoridades federales provean información precisa sobre el curso de las indagatorias.

“A pesar de las reiteradas indagaciones del Congreso y la constante defensa de nuestra organización, el público aún desconoce prácticamente todo el proceso de auditoría de la Ley 22 de la agencia, iniciado en 2021. Los recientes cargos federales contra un beneficiario de la Ley 22, que involucran $80 millones en impuestos sobre las ganancias de capital no pagados, ponen de relieve el grave riesgo y la posible evasión fiscal que estos incentivos representan tanto para los contribuyentes estadounidenses como para las comunidades puertorriqueñas”, planteó.

De paso, la activista dijo que espera que otros miembros del Congreso, como el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, se unan a los esfuerzos.

El CPD presentó el año pasado una demanda federal para que el IRS divulgue datos actualizados sobre los resultados de las auditorías, tras haber pedido sin éxito la información mediante una solicitud FOIA (Ley de Libertad de Información).

“Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025”

El mes pasado, Velázquez, AOC y Ramírez presentaron la Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025 (Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025), con el fin de cerrar la laguna fiscal en el código tributario federal que permite que inversores de criptomonedas evadan su responsabilidad fiscal sobe los ingresos derivados de inversiones en activos digitales bajo el argumento de que residen en la isla.

Actualmente, los ingresos de actividades relacionadas con activos digitales de estadounidenses que se trasladan a la isla bajo la Ley 22 pueden quedar exentos de impuestos federales si son clasificados como si fueran de origen puertorriqueño.

La pieza de ley propone enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para modificar la aplicación de las reglas de procedencia de los ingresos por activos digitales de los extranjeros residentes en el territorio.

Gobernadora busca imponer 4% en impuestos a beneficiarios de Ley 22

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Gonzalez, anunció el mes pasado que, como parte de su reforma contributiva, buscaba imponer un 4% en impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos que impactaría a nuevos solicitantes de decretos bajo la Ley 22 a partir del 1 de enero de 2026.

En el caso opuesto o los residentes locales que actualmente pagan entre 15% y 24% bajo los mismos renglones verían su carga contributiva reducida también a 4%.

La propuesta además incluye extender la vigencia de los decretos hasta el 2055. No está claro el estatus de la legislación o la fase en la que se encuentra en el Capitolio.

Al momento del anuncio, la Junta de Control Fiscal, organismo nombrado por el Congreso que controla las finanzas de la isla desde el 2016, mostró reparos con algunas de las medidas contenidas en el paquete legislativo, ya que carecían de un análisis sobre el impacto fiscal a las arcas del gobierno.