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Nueva York – El representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, dijo a El Diario que el retraso en las labores de despeje de vegetación de las líneas eléctricas en Puerto Rico, una de las principales causas de los apagones, le compete no solo a LUMA Energy (compañía privada encargada de la transmisión y la distribución) sino a las autoridades federales.
“Yo estoy claro de que la bola está en la cancha de LUMA, pero también está en la del gobierno de Puerto Rico y también en la cancha del gobierno federal. LUMA y el gobierno de Puerto Rico están restringidos por normas y regulaciones federales”, planteó el congresista en entrevista exclusiva con este periódico.
Torres argumentó que, en una audiencia en el Congreso, representantes de LUMA Energy indicaron, que debido a la imposición de múltiples regulaciones federales para preservar los recursos naturales de la isla, completar los procesos de remoción de vegetación se podría extender de tres a ocho años.
“Hay, aproximadamente, 16,000 millas de vegetación que se le permitió crecer en las líneas de transmisión, así que cada vez que el viento sopla intensamente o llueve intensamente, causa apagones masivos y que cientos de miles y hasta millones pierdan acceso a la electricidad. Yo le pregunté a LUMA que cuánto tomaría despejar la vegetación, y LUMA respondió que el proceso sería tres años, pero, que, si el gobierno federal ordena una declaración de impacto ambiental, tomaría ocho años. Ocho años es inaceptable. A Estados Unidos le tomó un año levantar el Empire State Building. No nos debe tomar ocho años despejar la vegetación. Así que yo estoy a favor de agilizar las revisiones medioambientales para que podamos despejar la vegetación tan pronto como sea posible y prevenir apagones masivos en la isla”, afirmó.
“O sea, ¿que eso es lo que básicamente está retrasando los procesos, los permisos de mitigación o qué es exactamente?, por la información que usted maneja”, indagó este medio.
“Mi entendimiento es que el despeje de vegetación no es un solo proyecto, sino varios proyectos y cada proyecto necesita una revisión de impacto ambiental. Y si hay un proyecto que tiene impacto ambiental, eso va detener el proyecto por más tiempo…Nosotros necesitamos un proceso más eficiente para hacer el trabajo”, recalcó.
El congresista, de origen boricua y nacido en El Bronx, se refirió a la carta que le envió al secretario del Departamento de Energía (DOE), Chris Wright, para que el gobierno federal flexibilice los requisitos medioambientales para avanzar con los trabajos de despeje.
En la misiva que Torres envió, en abril pasado, junto al republicano de Nueva York, Nick Langworthy, le pidió a la Administración Trump consolidar los 30 proyectos de despeje en un solo programa con supervisión y revisión unificadas; eximir el proyecto de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA); y agilizar y optimizar las aprobaciones ambientales bajo las autoridades vigentes en materia de emergencias y ayuda ante desastres.
A preguntas sobre si ha discutido con otros representantes, particularmente con el presidente del comité de Recursos Naturales, Bruce Westerman (republicano de Arkansas), la posibilidad de que se convoque nuevamente a LUMA Energy para que responda sobre ese y otros asuntos, contestó: “Yo no puedo hablar sobre sus prioridades, pero yo pienso que Puerto Rico recibe mucha menos atención que la que debería. De nuevo, para mí, la fallida red eléctrica en Puerto Rico es la peor infraestructura en los Estados Unidos y debería tener más atención de más miembros del Congreso”.
Sobre la posibilidad de que se le cancele el contrato al consorcio, para lo que la gobernadora Jenniffer González nombró a dos subcomités evaluadores recientemente, Torres planteó que su principal preocupación es que lo anterior se traduzca en un retraso mayor en los procesos de reparación del sistema eléctrico.
“No estoy en la posición de evaluar quién es el mejor operador de la red, pero si el Gobierno puede conseguir un operador mejor, lo debería hacer. Pero, la preocupación es, si vas a buscar otro operador, cuánto tiempo va a tomar la transición. Si la búsqueda de un nuevo operador retrasaría la reconstrucción de la red, por años, entonces yo voy a tener preocupaciones”, alertó.
En septiembre del 2023, LUMA Energy anunció como una iniciativa “histórica” la de despeje de vegetación. En ese momento, la entidad indicó que tenía en agenda despejar más de 16,000 millas de líneas de transmisión y distribución, subestaciones cruciales e infraestructuras de telecomunicaciones.
“El objetivo es establecer servidumbres de paso en toda la isla e implementar equipos modernos para el manejo de vegetación”, especificó la compañía a través de un comunicado.
El comienzo de los trabajos estaba pautado para el cuarto trimestre del 2023 y se suponía que se completaría en tres años.
“Este esfuerzo se sumará a las más de 3,300 millas de líneas eléctricas que ya LUMA ha despejado en todo Puerto Rico desde el 2021”, añadió LUMA Energy en ese momento. Hasta el año pasado, la empresa solo había iniciado los procesos de despeje en la región de San Juan.
En un comunicado este martes, la entidad dijo que, como parte de los esfuerzos para mejorar la confiabilidad del sistema, LUMA iniciará el programa crítico de despeje de vegetación en las regiones de Mayagüez, Ponce, Caguas y Arecibo.
“Este proyecto, financiado por FEMA, tiene como objetivo mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones causadas por el contacto de árboles y arbustos con las líneas eléctricas. En total, se despejarán sobre 660 millas de líneas eléctricas en estas cuatro regiones como parte de esta fase”, expuso LUMA.
El parte de prensa no especifica qué día despegará el proceso.
En declaraciones a El Diario, a finales de abril, FEMA informó que aprobó cuatro nuevos proyectos de despeje en un periodo de 90 días.
“Recientemente, FEMA aprobó los proyectos de despeje de vegetación de la región de Arecibo con $16.4 millones, la región de Caguas con $25.2 millones, la región de Mayagüez con $12.8 millones y la región de Ponce con un total de $23.3 millones”, detallaron.
La agencia añadió que el tiempo que toma en aprobar los proyectos depende, en parte, de que LUMA presente una solicitud completa.
“FEMA realiza un análisis de las acciones incluidas en el alcance de trabajo propuestas por el subsolicitante. El ritmo de la evaluación y aprobación de los proyectos por parte de FEMA depende en mayor grado de la manera en que el subsolicitante presente la documentación requerida, al igual que la complejidad del proyecto”, explicaron desde FEMA.
Pausa en proyectos de construcción por costos de inflación
Torres también ha seguido de cerca el asunto del incremento en costos de los proyectos de reconstrucción en la isla debido a la inflación.
En febrero del año pasado, el legislador envió una carta a la entonces administradora de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), Deanne Criswell, para pedirle que especifique si la agencia actualizaría las estimaciones de costos para que reflejen el impacto de la inflación.
Bajo la sección 428 de la Ley Stafford, los grandes proyectos de reconstrucción o de más $1 millón están sujetos a un estimado de costo fijo, por lo que, si el mismo excede el estimado original, las obras quedan en riesgo de no completarse.
Esta particularidad mantiene detenidos varios proyectos de obra permanente en la isla para los que se asignaron fondos bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA para municipios, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro.
“Le cuesta a Puerto Rico recibir menos fondos federales de los que debería. El gobierno federal provee fondos, ya sea por reembolsos o pagos adelantados basados en estimados de costo. El problema es que los estimados de costos están desactualizados. Las estimaciones de costos vinieron antes del shock inflacionario después del COVID-19, por lo que necesitamos estimados de costos actualizados que tengan en cuenta el impacto de la inflación, el mayor costo de construcción, el costo mayor en materiales, para que Puerto Rico pueda recibir su parte justa de fondos federales. Hay una brecha entre el financiamiento que Puerto Rico necesita versus el financiamiento que está recibiendo”, insistió.
El entrevistado añadió que hay desacuerdo sobre la vía bajo la que debería hacer cualquier actualización a los estimados de costos de FEMA.
“Hay desacuerdo. Obviamente, el Congreso tiene autoridad para hacerlo, pero yo argumento que la Administración lo puede hacer de manera administrativa, pero estoy a favor de legislación que actualice los estimados de costos”, reveló.
El posible desmantelamiento de FEMA
“¿De qué manera usted piensa que la reestructuración de FEMA propuesta por la Administración Trump afectaría la reconstrucción de Puerto Rico?”, preguntó este rotativo.
“Va a ser más difícil para Puerto Rico. Cada estado y territorio depende de FEMA durante un desastre natural, y Puerto Rico, especialmente, depende de FEMA, y si la Administración Trump y el DOGE (Oficina de Eficiencia Gubernamental) diezman FEMA, va a causar un enorme daño a una cantidad enorme de personas en Puerto Rico”, anticipó el representante.
“¿Qué piensa del argumento de que esto va a reducir la burocracia en FEMA y facilitar el desembolso de dinero?, porque ese es uno de los argumentos claves de la Administración Trump”, continuó El Diario.
“El objetivo de la Administración Trump no es hacer el gobierno más eficiente es hacerlo menos eficiente al diezmarlo”, denunció.
Entre otras cosas, el gobierno del presidente Donald Trump busca delegar mayores poderes a estados y gobiernos locales en cuanto a la respuesta a desastres naturales. A esos fines, el presidente ha firmado varias órdenes ejecutivas. Una de estas sirvió de base para la creación del “Consejo de Revisión de FEMA” recientemente anunciado.
En la tercera y última parte de esta entrevista abordamos el tema del estatus y las divisiones en el Congreso. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.
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