Viequenses buscan negociar con gobierno de EE.UU. en demanda que pide reparaciones por daños y violaciones de la Marina de Guerra

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NUEVA YORK – La directora ejecutiva de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en Puerto Rico, Annette Martínez-Orabona, confirmó que buscan llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el caso por la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que reclaman reparaciones para los residentes de Vieques por los efectos de las prácticas de la Marina en la isla municipio.

“Esa solicitud se hizo al final del término del presidente (Joe) Biden, y acabamos de recibir muy recientemente una notificación de que el gobierno de Estados Unidos está notificado de nuestra solicitud y estamos pidiendo una reunión con el Gobierno y con la Comisión Interamericana como árbitro para ese diálogo”, expuso la abogada.

Al momento, los demandantes se encuentran en espera de ver si reunión se va a dar. “Esperamos que se pueda dar”, apostó Martínez-Orabona a preguntas de El Diario.

Según la activista, que lidera la ACLU en la isla desde septiembre del año pasado, la petición se hizo a poco para la salida de la Administración de Joe Biden.

“Nosotros junto con la Alianza de Mujeres Viequenses visitamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano internacional que está viendo ese caso, para que abriera el espacio para identificar posibles reparaciones y la posibilidad de llegar a una solución amistosa”, añadió Martínez Orabona, quien ha litigado casos de violaciones de derechos humanos en cortes internacionales.

La activista explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos sería la entidad con la que tendrían que reunirse, ya que es la que responde a casos como este que se elevan al foro internacional.

“Nosotros seguimos solicitando esta reunión. Creemos que es importante dar ese paso para permitir, por lo menos, la posibilidad de que esto no llegue a una determinación, no necesariamente final, porque a los residentes de Vieques lo que les interesa es que se resuelva el asunto, que haya reparaciones, que se descontamine, que se atienda de manera integral las situaciones que están ocurriendo en Vieques que incluyen los temas de salud, transporte”, argumentó.

Martínez Orabona agregó que, como parte de los procesos, existe espacio para alcanzar a un acuerdo antes de llegar a la fase final del pleito.

“Dentro del proceso de la demanda, está la posibilidad de llegar a un acuerdo, y si el Gobierno lo acepta, porque entiende que hay unas violaciones que tiene que atender y los quiere atender de manera voluntaria, entonces se llega a un tipo de negociación”, abundó.

“Estamos tratando de agotar ese paso antes de llegar a la parte final de un litigio que lleva ya varios años”, puntualizó la entrevistada.

Desde el 2023, se viene reportando que el grupo de mujeres viequenses están dispuestas a negociar una demanda con el gobierno de Estados Unidos para que el país acepte su responsabilidad por los efectos de las maniobras de la Marina en el pueblo.

El interés de negociación surgió luego de que, en noviembre de ese año y 10 después de que la demanda fuera presentada, la CIDH admitiera el recurso.

La demanda fue presentada por la Alianza de Mujeres Vieques en representación de los residentes de la isla municipio por violaciones de derechos humanos causadas por los ejercicios militares, incluyendo daños ambientales y a la salud.

Por décadas, efectivos militares usaron las tierras de Vieques como campo de tiro.

En el informe de admisibilidad del caso de la CIDH con fecha del 5 de abril de 2022 se señala que en el 1941, la Armada estableció operaciones militares en las islas municipio de Culebra y Vieques, y en 1942-1943 y 1947, la Marina expropió el 75% de la tierra en Vieques para el uso de prácticas militares, por un total de aproximadamente 23,000 hectáreas.

“La expropiación del 75% de la isla implicó la evacuación y el desplazamiento forzosos de cientos de familias viequenses que se vieron obligadas a trasladarse al centro de la isla y abandonar las tierras que poseían o trabajaban”, detalla la denuncia de los demandantes.

Durante su estancia hasta el 2003, cuando protestas multisectoriales obligaron su salida de Vieques, la Marina bombardeó de forma rutinaria la isla, lo que incluyó bombas de 500 libras desde aviones, y sustancias químicas y toxinas letales como el napalm, el agente naranja, el uranio empobrecido (DU), fósforo blanco, arsénico, plomo, mercurio y cadmio, entre otros.

Debido a lo anterior, los viequenses han estado expuestos a municiones contaminantes que han afectado también sus cuerpos con impactos extensivos en su salud.

“Como resultado de estas prácticas nocivas, generaciones de viequenses sufren de cáncer, hipertensión, asma, defectos de nacimiento, tasas más altas de mortalidad infantil y bajo peso al nacer, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal y erupciones cutáneas. A pesar de la alta incidencia de enfermedades en Vieques, la isla actualmente no cuenta con servicios de salud adecuados, incluidos médicos generales y especializados, equipos, laboratorios e instalaciones de diagnóstico y tratamiento en Vieques para diagnosticar y tratar adecuadamente diversas afecciones graves, incluido el cáncer. La inmensa mayoría de los viequenses deben viajar a la parte continental de Puerto Rico siempre que necesiten atención médica, ya sea que se trate de atención generalizada, atención de seguimiento o tratamiento para sus condiciones de salud”, detallan los peticionarios.

Añaden, como ejemplo, que la tasa de cáncer en Vieques es casi 30% más alta que en el territorio continental de Puerto Rico.

Mencionan, también, un estudio publicado por el Departamento de Salud de Puerto Rico en 2000 sobre la incidencia de cáncer de 1960 a 1994. Los hallazgos apuntan a que se diagnosticaron 609 casos durante ese período, siendo el de mama y útero los más frecuentes entre las mujeres (20.9% y 20.5%, respectivamente), y el de próstata el más frecuente entre los hombres (22.6%).

Sobre la alta prevalencia de enfermedades respiratorias, especialmente entre los niños, se indica que, entre 1995 y 1998, 33% más de viequenses murieron en comparación con el resto de Puerto Rico.

La industria pesquera en Vieques, que comprende aproximadamente el 40% de la economía local, también se ha visto impactada por las consecuencias de la presencia militar y las bombas sin detonar.

“Las actividades de la Marina interferían con la capacidad de los pescadores locales para practicar su oficio, tanto porque las prácticas militares filtraban toxinas y contaminantes a las aguas circundantes como porque la Marina bloqueaba rutinariamente las rutas de agua que los pescadores seguían a diario para llevar a cabo sus prácticas de guerra”, señalaron.

El pedido ante la Comisión ocurrió luego de que el Tribunal de Distrito de Puerto Rico de los Estados Unidos desestimó la demanda contra la Marina bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA).

La decisión del tribunal se basó en el argumento de que no tenía competencia en la materia.

“Al desestimar el caso, los peticionarios sostienen que el Tribunal de Distrito determinó que el acto u omisiones atribuidas a la Marina de los Estados Unidos que resultaron en los daños al medioambiente y la salud de la isla y los residentes de Vieques fueron ‘discrecionales’, por lo tanto, no estaban sujetos a la renuncia a la inmunidad bajo la FTCA”, planteó la parte peticionaria ante la CIDH.

¿Qué dijo EE.UU. ante la CIDH?

Estados Unidos o el “Estado” respondió a los alegatos con argumentos como que la Comisión no podía considerar los reclamos relacionados con una supuesta “expropiación” ocurrida entre 1941 y 1943 en violación del “derecho de residencia y circulación” de los peticionarios, porque los hechos ocurrieron antes de la adopción de la Declaración Americana y el establecimiento de la Comisión, y no constituyen actos continuos que de otro modo los colocarían dentro de la jurisdicción de la Comisión.

El Estado enfatizó que la adquisición de propiedad en 1941-1943 fue un acto concreto.

Por otro lado, plantean que los peticionarios han articulado denuncias generalizadas que van más allá de las que se refieren específicamente a las alegadas víctimas.

EE. UU. considera además que los demandantes no han agotado los recursos internos para atender sus reclamos.

Con respecto a los reclamos ambientales en específico, EE.UU. sostiene que la CERCLA o la “Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental” brinda un recurso legal para los residentes de Vieques.

CERCLA, también conocida como Superfondo, autoriza al presidente a limpiar sitios contaminados con sustancias peligrosas que puedan poner en peligro la salud pública o el medioambiente.

El Plan Nacional de Contingencias para la Contaminación por Petróleo y Sustancias Peligrosas (PNC) describe las normas de implementación de la CERCLA. Las agencias deben seguir los procedimientos y estándares detallados en el PNC al remediar estos sitios.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) es la principal entidad encargada de administrar el Superfondo.