Vive en EEUU desde hace casi 50 años y hoy enfrenta la deportación tras la revocación de su green card

Su caso revela cómo el endurecimiento migratorio ha alcanzado incluso a residentes legales con green card. (REUTERS/Yoseph Amaya)

Vorasack Phommasith, un hombre de 46 años originario de Laos que ha pasado casi toda su vida en Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación tras la revocación de su green card.

En declaraciones a Newsweek, Phommasith describe su situación actual: “No vivo bien y no puedo llevar una vida normal como antes. Necesito ayuda con dinero para al menos empezar una nueva vida donde sea”.

Su historia comenzó en 1980, cuando llegó a EEUU con su familia como refugiados que huían de las secuelas de la guerra de Vietnam. Nacido en un campo de refugiados, creció en Springfield, Massachusetts, donde asistió a la escuela y trabajó como operador de máquinas en la industria manufacturera.

Laos no acepta deportaciones, pero EEUU mantiene una orden de expulsión en su contra desde 2013. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Aunque nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense, siempre residió legalmente en el país, primero como refugiado y luego como titular de una green card. Su padre sirvió en el ejército real de Laos y luchó contra las fuerzas comunistas antes de que la familia escapara del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalla que Phommasith posee un extenso historial delictivo, con condenas por distribución de cocaína y marihuana, agresión y alteración del orden público.

La subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, declaró a Newsweek: “Vorasack Phommasith es un inmigrante indocumentado de origen laosiano que llegó a EEUU desde Tailandia. Tiene un extenso historial delictivo, que incluye condenas por distribución de cocaína y marihuana, agresión y alteración del orden público”.

McLaughlin afirmó que “hace más de una década”, un juez de inmigración ordenó la expulsión de Phommasith de EEUU. Él “renunció su derecho a apelar”.

“Con el presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias. Los extranjeros delincuentes no son bienvenidos en EEUU”, resaltó la subsecretaria del DHS.

En 2013, Phommasith fue detenido tras cumplir una condena por violar la libertad condicional relacionada con un delito de drogas. Posteriormente, un tribunal de inmigración en Boston emitió una orden final de expulsión y revocó su green card.

Aunque fue liberado bajo supervisión, permanece bajo esa orden de expulsión porque Laos —el país al que sería enviado— actualmente no acepta deportados.

La situación de Phommasith refleja una tendencia más amplia en la política migratoria estadounidense. La administración de Donald Trump ha impulsado lo que denomina la mayor operación de deportación en la historia del país. Esto ha incluido la detención no solo de personas sin estatus legal, sino también de inmigrantes con documentación válida, como titulares de green card y visados.

Phommasith asegura que cumplió sus condenas hace más de una década y pide ayuda para empezar de nuevo. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Actualmente, Phommasith se encuentra en una situación de limbo legal. Sin identificación válida, no puede trabajar ni conducir, y no logra renovar sus documentos vencidos porque carece de un certificado de nacimiento. Además, afirma estar sin hogar y tener dificultades para cuidar de sus tres hijos estadounidenses mientras busca asistencia legal. “He cumplido mis condenas y todas mis sentencias tienen más de 10 años”, declaró a Newsweek.

El caso de Phommasith no es único. En el pasado, el medio reportó sobre Lewelyn Dixon, una titular de green card que llegó al país desde Filipinas hace 50 años y que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Washington a principios de abril.

Emily Cristobal, sobrina de Dixon, dijo al medio a través de un correo electrónico, confirmó su arresto y posterior traslado al Centro de Detención del ICE del Noroeste. Hasta entonces, su familia no había sido informada sobre el motivo de la detención.

Benjamín Osorio, abogado de Dixon, dijo que su clienta tenía una sola condena que se remonta a 2001 y la identificó como el detonante del problema. Esta se trata de una condena no violenta por malversación de fondos y por la cual “recibió 30 días en un centro de reinserción social y una multa de 6.400 dólares”.