MIAMI.- Leo Joseph Govoni, fundador de una organización sin fines de lucro en el condado de Pinellas, y su contador John Leo Witeck fueron acusados por presuntamente desviar más de 100 millones de dólares destinados a personas con discapacidades, lo que provocó la quiebra de la entidad administradora de esos fondos en Florida y a nivel nacional, según el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Greg Kehoe.
De acuerdo con la acusación revelada esta semana por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida, Govoni, de 67 años, y Witeck, de 60, enfrentan múltiples cargos federales, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y postal, lavado de dinero, fraude bancario y falsedad en procesos de bancarrota. Las penas máximas combinadas podrían sumar varias décadas de prisión si son hallados culpables.
Antecedentes del presunto robo
El caso gira en torno al Center for Special Needs Trust Administration (CSNT), una organización cofundada por Govoni alrededor del año 2000 con la misión de administrar fideicomisos especiales para personas con discapacidades, incluidos beneficiarios de indemnizaciones y pagos judiciales.
Hacia febrero de 2024, CSNT gestionaba más de 2.100 fideicomisos por un valor estimado de 200 millones de dólares.
Los fideicomisos son acuerdos legales diseñados para proteger los activos de una persona, y en este contexto, suelen establecerse para individuos que han recibido compensaciones tras demandas judiciales por lesiones que causaron su discapacidad. Este tipo de estructura permite que los beneficiarios continúen recibiendo asistencia gubernamental como Medicaid y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).
Manejo fraudulento y colusión contable
Presuntamente, para ocultar el fraude, Witeck —quien también era contador de varias empresas de Govoni— enviaba cada año estados contables falsos a las víctimas. En 2017, ambos fundaron juntos una firma de servicios contables e impositivos.
Según el fiscal Kehoe, cuando los beneficiarios solicitaban dinero de sus fideicomisos para cubrir necesidades específicas, los acusados usaban fondos pertenecientes a nuevos clientes para responder, “encubriendo un fraude con otro”.
Desvío millonario y estilo de vida de lujo
Según los documentos de la acusación, desde junio de 2009 hasta mayo de 2025, los acusados habrían desviado sistemáticamente fondos de los beneficiarios, utilizando el dinero como una “caja chica” personal.
Entre los gastos identificados se incluyen la compra de propiedades, viajes en jet privado, inversiones en una cervecería y depósitos en cuentas bancarias personales.
Para encubrir sus acciones, enviaban extractos bancarios falsificados con saldos ficticios a las víctimas y sus familias, señaló la investigación.
La situación culminó en febrero de 2024, cuando CSNT se declaró en bancarrota y reveló la desaparición de más de 100 millones de dólares en fondos fiduciarios.
Govoni enfrenta, además, un cargo por fraude bancario relacionado con un préstamo hipotecario de tres millones de dólares, y otro por el presunto lavado de más de 200.000 dólares provenientes del esquema para cancelar una línea de crédito hipotecaria sobre su vivienda.
Cargos federales contra Govoni:
- Conspiración para cometer fraude postal y electrónico
- Fraude postal (cuatro cargos)
- Fraude electrónico (seis cargos)
- Conspiración para lavado de dinero
- Fraude bancario
- Transacciones monetarias ilegales
- Declaración de quiebra falsa
Reacciones oficiales en Florida
“El fraude alegado en este esquema a nivel nacional es inconcebible”, afirmó el fiscal federal Gregory W. Kehoe, quien destacó que se hará justicia gracias al trabajo coordinado entre agencias federales.
Jose A. Perez, director asistente del FBI, señaló que “los acusados traicionaron la confianza de la comunidad y arruinaron una tabla de salvación para familias vulnerables”.
Desde el Servicio de Impuestos Internos (IRS), Guy Ficco calificó el caso como “tan cruel como criminal” por aprovecharse de personas con necesidades especiales.
Por su parte, Christian Schrank, inspector general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), aseguró que se buscará rendición de cuentas total contra quienes atacan los programas federales y a sus beneficiarios.
La investigación fue liderada por el FBI, el IRS-Criminal Investigation, el HHS-OIG y la Oficina del Inspector General del Seguro Social. El caso será llevado a juicio por fiscales federales del Distrito Medio de Florida y abogados del Departamento de Justicia.
Prisión preventiva y posibles demoras
Las autoridades alegan que Govoni continuó con el fraude hasta mayo de 2025, incluso después de que órdenes judiciales le prohibieran vender activos. Este comportamiento fue determinante en la decisión del juez de negarle la libertad bajo fianza.
Algunos expertos consideran que, dada la complejidad y magnitud del caso, el juicio podría tardar años en concretarse.