Choque de poderes en Ecuador: la batalla entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional por la ley de seguridad que divide al país

En los últimos cuatro años, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emprendido una serie de políticas de militarización sostenida de la seguridad ciudadana y del orden público en un intento por reducir la tasa de criminalidad del país.

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Su último proyecto fue radicar la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una iniciativa para reforzar la lucha contra el crimen organizado y desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, declarado a inicios del año pasado.

Sin embargo, la Corte Constitucional, "el único poder que no cede ante Daniel Noboa", según un análisis de la agencia Efe, suspendió provisionalmente tres, de los 17 artículos, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.

El martes, miles de personas lideradas por el presidente se manifestaron en Quito contra el alto tribunal. Pronto, estas protestas se volvieron polémicas debido a las múltiples vallas que aparecieron en las calles de la capital ecuatoriana que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. "Estos son los jueces que nos están robando la paz", rezaba una de las pancartas.

"Publicar los rostros y nombres de los nueve jueces de la Corte Constitucional, como si fueran delincuentes, es un acto de grave intimidación y una afrenta directa a la democracia", señaló la opositora Viviana Veloz, jefa del bloque correísta en la Asamblea Nacional (Parlamento).

La ONU y otros organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenaron estos actos y reclamaron al presidente que respete la independencia judicial.

¿Cuál es la justificación de la Corte Constitucional para bloquear estos artículos? ¿Cómo deja esta disputa entre poderes a la democracia en Ecuador? ¿Han mejorado los niveles de seguridad en Ecuador con estas políticas de mano dura?

Aquí le explicamos la última batalla entre el presidente de Ecuador y la Corte Constitucional.

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¿Cuál es la justificación de la Corte Constitucional de Ecuador para bloquear estos artículos?
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Con 84 votos a favor, 46 en contra, una abstención y un voto en blanco, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue aprobada por la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional de Ecuador el 8 de junio.

En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza.

Unas 40 organizaciones demandaron la ley por inconstitucionalidad, entre ellas la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna y Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Tras una revisión, el 4 de agosto, la Corte suspendió provisionalmente tres de estos artículos. 

Se trata del artículo 6 que establece que el presidente, en el marco del conflicto armado interno, podrá disponer las medidas económicas, financieras y operativas necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden, proteger a la población y bienes civiles, y salvaguardar la continuidad de las actividades económicas y productivas en todo el territorio nacional.

El artículo 9, sobre la definición de grupos armados organizados, determina que "se entenderá por grupo armado organizado a toda agrupación integrada por tres o más personas con una estructura de poder organizada que ejerce violencia prolongada en contra del Estado, la población y bienes civiles", según el diario El Universo.

Y el artículo 13 que dispone que se presumirán como objetivos militares, y por tanto las fuerzas del orden están autorizadas para aplicar directa y legítimamente la fuerza, los siguientes bienes o lugares: 

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El artículo 14 —también suspendido su aplicación— se refiere al indulto presidencial con efecto diferido por razones humanitarias o de interés público excepcional, a personas procesadas penalmente por hechos relacionados directamente con dicho conflicto.

Laura Lizarazo, directora asociada para la región andina de Control Risks, dijo a EL TIEMPO que la decisión de la Corte es completamente legal.

"La suspensión provisional es absolutamente respetable, legítima y tiene toda la fuerza legal, especialmente cuando la Corte determinó que podrían tener 'efectos concretos, inminentes y graves' sobre principios y valores jurídicos esenciales en un Estado de derecho democrático como la independencia judicial, el principio de legalidad, el acceso a la justicia, los derechos a la intimidad, a la protección de datos personales y al debido proceso", explicó la analista.

¿Cómo deja esta disputa entre poderes a la democracia en Ecuador?
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La protesta del martes, líderada por el presidente, fue la gota que derramó el vaso para muchos sectores de la sociedad ecuatoriana así como de organismos internacionales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que este tipo de actos y discursos "pueden amenazar la labor independiente de jueces y juezas de la Corte Constitucional".

Para el politólogo ecuatoriano Santiago Basabe Serrano esto fue "un acto de bajeza humana y miseria política", escribió en su red social X.

Mientras, el periodista de Diario Expreso Roberto Aguilar resumió que "la democracia está resentida en este momento".

Además, las afirmaciones de varios miembros del gabinete ministerial contra los jueces constitucionales para justificar la marcha del martes "genera preocupación sobre una potencial intención de manipulación de información y de la opinión pública por parte del Ejecutivo", agregó Lizarazo.

¿Ha mejorado la situación de seguridad en Ecuador con estas políticas de mano dura?
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Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año. 

Según el último informe por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), esto implica un promedio de 25,52 asesinatos por día, es decir, más de un homicidio cada hora, una tendencia que, en caso de mantenerse, haría que Ecuador acabase el 2025 con un índice de homicidios de 52 por cada 100. 000 habitantes, el más alto de su historia y de Latinoamérica.

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El 39,58 % de los asesinatos a escala nacional tuvo lugar en Guayaquil y su área metropolitana, que conforman los vecinos municipios de Durán y Guayaquil. 

Tanto la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, como las provincias de Manabí, Los Ríos y El Oro se encuentran dentro del nuevo estado de excepción decretado por Noboa para combatir el crimen organizado bajo el “conflicto armado interno” que declaró desde inicios de 2024.

La mayoría de asesinatos se perpetraron con armas de fuego (4.079), seguidos de armas blancas (311), armas contundentes (61), armas constrictoras (33), mientras que 135 asesinatos aparecen con armas no identificadas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En otros datos, la mayoría de las víctimas de estos homicidios tienen entre 25 y 29 años (19,2 %), seguidos de personas de entre 20 y 24 (17,49 %); de entre 30 y 34 (16,48 %) y de entre 35 y 39 años (11,04 %).

Más allá de las cifras, para Aguilar, la sensación en el país es que "nada ha mejorado" a pesar de las políticas de mano dura.

El periodista considera que la solución para la delincuencia organizada en Ecuador "debería ser una estrategia de muchos frentes, no puede ser exclusivamente policial". 

Además señala incongruencias en el gobierno para los próximos grandes pasos que prepara. 

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Noboa planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución, aún sin fecha definida, y en esta planea una pregunta para reactivar los casinos en los hoteles.

Hace unos años, durante el gobierno de Correa, se prohibieron estos juegos, ya que son una de las maneras más fáciles de lavar dinero. Entonces, "es muy curioso que Noboa quiera compartir las economías ilícitas a la vez que propone esto", señaló Aguilar.