
La detención de 11 ex militares colombianos en México ha vuelto a destapar una oscura industria que conecta a Colombia con los conflictos más sangrientos del planeta. Los hombres capturados la semana pasada en Michoacán, acusados de fabricar las minas que mataron a seis miembros de las fuerzas armadas mexicanas, forman parte de un fenómeno que ha convertido al país sudamericano en el principal exportador mundial de mercenarios.
El presidente colombiano Gustavo Petro lanzó una advertencia el martes: “Estamos exportando mercenarios a la mafia”. Sus palabras llegaron tras confirmarse que entre los detenidos hay militares activos, no solo retirados, vinculados al ataque explosivo en el estado de Michoacán.
Las autoridades mexicanas capturaron a 17 personas el jueves pasado en una operación especial en el municipio de Los Reyes, tras el ataque explosivo que sacudió Michoacán. En la “casa de seguridad” encontraron material para fabricar minas antipersonales, tres armas de fuego, decenas de cargadores y cartuchos. Los detenidos trabajaban para el cártel de Los Reyes, una organización que surgió como escisión de los grupos de autodefensa que combatieron a Los Caballeros Templarios hace una década.
La Cancillería colombiana confirmó que los 11 connacionales “tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado”. Sin embargo, luego Petro confirmó la presencia de uniformados en servicio activo entre los capturados.
El mandatario colombiano, quien impulsa un proyecto de ley para prohibir la participación de uniformados colombianos en conflictos armados extranjeros, expresó su preocupación por la dimensión del problema.
La presencia de colombianos en cárteles mexicanos ha crecido notablemente en los últimos años, pero representa solo una faceta de un mercado global que ha expandido sus tentáculos desde Europa, pasando por el Medio Oriente, hasta África. Los veteranos del conflicto armado colombiano, con más de medio siglo de experiencia en combate, se han convertido en una mercancía codiciada por organizaciones criminales y ejércitos privados en todo el mundo.

El fenómeno se remonta a inicios de los años 2000. Colombia comenzó a exportar mercenarios hace más de dos décadas, con casos tempranos como el reclutamiento por parte de Blackwater en 2006 y la participación de cientos de efectivos en Yemen en 2015. Sin embargo, fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 lo que colocó el tema bajo los reflectores globales.
En aquella madrugada del 7 de julio de 2021, un comando de 26 mercenarios colombianos irrumpió en la residencia presidencial haitiana sin encontrar resistencia. El magnicidio reveló al mundo la profesionalización de estos grupos: 24 de los 26 sospechosos resultaron ser militares retirados colombianos, descritos por las autoridades haitianas como “mercenarios profesionales cuidadosamente entrenados”.
Pero Haití no fue un caso aislado. La guerra de Ucrania atrajo a cientos de colombianos que se unieron a la Legión Internacional o a otras unidades en defensa del país invadido. Las ofertas prometían salarios de hasta 4.300 dólares mensuales, una cifra tentadora para veteranos que en Colombia reciben pensiones de apenas 350 a 450 dólares. La Cancillería colombiana estima en 300 el número de connacionales caídos en la guerra ucraniana, una cifra que revela el volumen masivo de participación.
En África, el caso más reciente involucra a Sudán. Desde finales de 2023, al menos 300 ex militares colombianos fueron reclutados y enviados a la guerra civil sudanesa. Muchos fueron engañados: firmaron contratos para trabajar como escoltas en Emiratos Árabes, pero terminaron combatiendo en el desierto africano con las Fuerzas de Apoyo Rápido, la milicia paramilitar enfrentada al ejército sudanés.
La red empresarial detrás de este comercio humano es compleja y sofisticada. En los años 2000, compañías estadounidenses como Blackwater jugaron un papel pionero, capacitando a decenas de colombianos en su base de Moyock para desplegarlos en Irak y Afganistán. Empresas reclutadoras locales como Soldado Global, ID Systems e IG Solutions actuaban como socias, encargándose de alistar a los ex soldados y tramitar documentación.

En la década de 2010, nuevas empresas del Golfo Pérsico entraron en juego. Global Security Services Group (GSSG), registrada en Emiratos Árabes Unidos, logró reclutar a miles de colombianos para conformar batallones enteros incorporados a las fuerzas armadas emiratíes. Un ex suboficial colombiano relata que en 2014 comandó un batallón del ejército emiratí compuesto únicamente por 2.000 colombianos, reclutados a un ritmo de 30 por semana.
Más recientemente, han surgido empresas colombianas especializadas en este negocio internacional. A4S Security International (A4SI), fundada en 2017 por un ex oficial colombiano, reclutó a los 300 ex militares enviados a Sudán en 2023. La empresa operaba con el mismo patrón de engaño: ofrecía contratos como escoltas en Emiratos, pero los hombres terminaban en zonas de combate africanas.
Las motivaciones detrás de este éxodo militar son tanto económicas como psicológicas. Las Fuerzas Armadas colombianas, muy numerosas por el prolongado conflicto interno, jubilan a sus miembros relativamente jóvenes con pensiones modestas. Un soldado profesional se retira cerca de los 40 años con una asignación que no supera los 450 dólares mensuales, mientras que las ofertas mercenarias prometen pagos que multiplican varias veces ese ingreso.
El factor vocacional también es crucial. Después de décadas de conflicto interno, Colombia cuenta con una población de veteranos de combate única en la región. Muchos se consideran “profesionales de la violencia” y enfrentan dificultades para adaptarse a la vida civil. Su formación fuera del ámbito castrense es limitada, lo que los deja con pocas opciones laborales más allá de trabajos de seguridad mal remunerados.
La geografía del fenómeno abarca prácticamente todos los continentes. Para 2020, mercenarios colombianos habían actuado en decenas de países, desde Libia y Somalia en África hasta teatros de operaciones tan diversos como Yemen, Irak, Afganistán, Ucrania y Rusia. Su presencia se ha documentado en labores que van desde la seguridad anti-piratería en el Cuerno de África hasta el combate directo en las trincheras ucranianas.

La logística del traslado corre por cuenta de las empresas reclutadoras, que gestionan visados y vuelos para llevar a los contratistas desde Colombia hasta países de tránsito. Algunos viajan vía Polonia hacia Ucrania, otros ingresan por Emiratos hacia Sudán, y los destinados a conflictos africanos suelen pasar por Libia. Estos movimientos se realizan de forma discreta, al margen de cualquier supervisión estatal.
El presidente Petro pidió en noviembre de 2024 la repatriación de los 300 mercenarios en Sudán, enfatizando que “el mercenarismo debe prohibirse en Colombia”. Su gobierno impulsa ahora un proyecto de ley para prohibir la participación de uniformados en conflictos extranjeros, pero la efectividad de estas medidas enfrenta el desafío de una industria que opera en las sombras y se adapta constantemente.
La respuesta diplomática al caso mexicano incluyó condolencias a las familias de los uniformados fallecidos y un llamado a “fortalecer las relaciones de cooperación judicial e investigativa” entre ambas naciones. Sin embargo, las declaraciones oficiales contrastan con una realidad más cruda: el Estado colombiano no ha logrado frenar el flujo de sus veteranos hacia mercados ilegales de violencia.