Congresistas liderados por comisionado residente piden a DHS y FEMA que expliquen nueva directriz para liberar fondos federales

hace 1 semana 9

NUEVA YORK – Dieciséis congresistas demócratas liderados por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, pidieron a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, que explique bajo qué criterios se decidió que toda compra, subvención o contrato a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) que supere los $100,000 dólares debe ser autorizado por ella.

La política, aparte de ser “poco práctica” y “peligrosa”, retrasa los esfuerzos de respuesta y recuperación en estados como Texas donde inundaciones, el mes pasado, devastaron la zona de Texas Hill Country y cobraron la vida de decenas de personas, según exponen los legisladores.

Según argumentan en la misiva enviada a Noem y a David Richardson, director en funciones de FEMA, la política también genera serias preocupaciones sobre el impacto en proyectos de reconstrucción en curso en Puerto Rico, donde las autoridades manejan unos $54,898,865,734 de dólares asignados a través de esa agencia federal.

“FEMA gestiona habitualmente contratos y subvenciones importantes por valor de cientos de millones de dólares, e imponer la aprobación de alto nivel para gastos rutinarios introduce cuellos de botella innecesarios y disruptivos. En zonas de desastre, incluso breves retrasos en los esfuerzos de recuperación o en el despliegue de recursos vitales pueden ser fatales, y esta directriz corre el riesgo de causar precisamente eso”, expone el grupo en la misiva con fecha del 11 de agosto.

En el caso de Puerto Rico, el documento detalla que el impacto de la medida podría ser grave debido a que los puertorriqueños se continúan recuperando de huracanes como Irma y María.

“Esto pone a cientos de proyectos en riesgo de incumplir los plazos de finalización aprobados por FEMA, lo que podría provocar la desobligación de fondos federales cruciales”, alertan.

El texto también señala que funcionarios en Puerto Rico han expresado su preocupación de que las interrupciones en el flujo de caja podrían retrasar los pagos escalonados para construcción y aumentar los costos para los gobiernos municipales. “Estos retrasos perjudicarán las economías locales al reducir el empleo, la actividad de los contratistas y los ingresos por impuestos especiales a la construcción, lo que presionará aún más los presupuestos locales y obstaculizará su capacidad para prestar servicios vitales”, advierten los congresistas.

Para los demócratas es también preocupante que ni el DHS ni FEMA hayan divulgado una notificación formal explicando el alcance de la normativa y cómo se implementará.

La carta le pide a los funcionarios suministrar, antes del 19 de agosto, una copia del anuncio oficial de la referida política, junto con cualquier orientación formal de la agencia sobre su implementación.

Los miembros de la Administración Trump deben especificar además los criterios para determinar qué compras, subvenciones y contratos requieren la aprobación de la secretaria. Adicional, los representantes pidieron detalles sobre si existen excepciones o límites basados en la gravedad o urgencia del desastre.

Otra de las preguntas para la que piden respuesta es sobre la duración prevista de la directriz, o si es temporal o permanente.

Por otro lado, indagaron sobre el tiempo promedio empeñado por Noem para revisar y aprobar una solicitud bajo esta nueva normativa. Los legisladores también buscan que las autoridades respondan sobre las medidas que están tomando el DHS o FEMA para mitigar los retrasos causados por este requisito de aprobación adicional, y cómo garantizarán que los gobiernos locales y los beneficiarios reciban comunicación y apoyo oportunos durante el nuevo proceso de aprobación.

Finalmente, los políticos emplazaron a especificar si existe algún sistema o plataforma para que los beneficiarios puedan dar seguimiento al estado de las solicitudes sujetas a este nuevo proceso. De ese ser el caso, el DHS debe proporcionar instrucciones detalladas sobre cómo los beneficiarios pueden acceder al mismo y utilizarlo.

La iniciativa del comisionado residente fue respaldada por Julie Johnson (Texas), Timothy M. Kennedy (Nueva York), Troy A. Carter, Sr. (Louisiana), Marc A. Veasey (Texas), Nellie Pou (Nueva Jersey), Al Green (demócrata por Texas), Sylvia Garcia (Texas), Nydia M. Velázquez (Nueva York), Rashida Tlaib (Michigan), Ed Case (Hawaii), Shri Thanedar (Michigan), Cleo Fields (Louisiana), Jonathan L. Jackson (Illinois) y Darren Soto (Florida).

La Administración Trump se ha propuesta reorganizar FEMA con la supuesta intención de reducir la burocracia y agilizar el desembolso de fondos para desastres.

En mayo, el presidente anunció el “Consejo de Revisión de FEMA” con la encomienda de ofrecer recomendaciones para reestructurar la agencia federal.

La política del gobierno federal es que la preparación y respuesta por desastres debe ser manejada principalmente por los gobiernos estatales y locales.

Sin embargo, para diversos sectores dentro y fuera de Puerto Rico, cualquier cambio en los procedimientos tendría particular impacto en el territorio que depende en gran parte de fondos federales para reconstrucción, que han sido asignados desde el 2017 tras el embate del huracán María en la isla.

También hay preocupación sobre la falta de recursos humanos para poder asumir las labores que actualmente lidera FEMA.