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hace 23 horas
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No hay antecedentes, ni siquiera durante el gobierno transformador del presidente Ronald Reagan, de ataques similiares contra un Presidente de la nación y menos mediante el uso de instituciones federales y la Justicia.
En el primer mandato de Trump, la izquierda trató de destituirlo en dos ocasiones, hubo campañas de desprestigio, pero no con la intensidad y la ferocidad de estos tiempos.
El Máximo Tribunal se vio obligado a esclarecer las funciones de magistrados de distritos en EEUU y en especial de unos 20 jueces federales de estados gobernados por la ultraizquierda, cuyo objetivo principal se percibe como impedir que el presidente Trump gobierne.
La relevante decisión no representó en realidad una gran victoria para el mandatario estadounidense a pesar de que los medios de prensa y agencias de noticias lo han descrito así.
Activismo inconstitucional
El dictamen, en realidad, ratificó el derecho que otorga la Constitución de EEUU al presidente del país en su artículo 2.
En última instancia, han sido estos jueces de notable tendencia liberal quienes han violado la Carta Magna estadounidense y se han auto otorgado poderes que no les corresponden.
Hay muchas preguntas en menos de seis meses desde que el presidente Donald J. Trump retomó el poder en Washington en su segundo mandato. Trump fue reelecto por la gran mayoría de los estadounidenses votantes. Casi 80 millones de estadounidenses emitieron el sufragio para su retorno, convirtiéndolo en el primer presidente del país en más de 120 años que cumple mandatos no consecutivos.
Lo que hizo la Corte Suprema fue detener de forma definitiva la falsa potestad judicial que se han arrogado, ilegalmente, estos magistrados a nombre de la justicia y la democracia, tras un sorprendente avance de la ultraizquierda en puestos y departamentos clave de la nación, con las intenciones de centralizar el poder en el estado federal.
El abuso de facultades
Por seis votos a favor y tres en contra (las juezas "progresistas"), la máxima entidad judicial de la nación declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "exceden la autoridad que el Congreso ha otorgado a estas entidades distritales federales".
"Los tribunales federales NO ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
"Cuando un tribunal determina que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades", añadió Barret en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores.
¿Es la separación de poderes un arma para neutralizar la gobernabilidad de EEUU?
Si es así, no tendría sentido que el pueblo elija a un Presidente; y cuando no le convenga a una élite detrás del poder constitucional, le triture o retrase cualquier medida ejecutiva -por beneficiosa que esta sea- para todos los ciudadanos.
¿Es un simbolismo el presidente de EEUU o es electo para actuar y cumplir con los reclamos de la mayoría que lo puso al frente de la nación?
Designados por presidente demócratas
Las restricciones impuestas por el grupo de jueces federales de izquierda y ultraizquierda, casi todos designados por Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, pusieron a prueba a la Corte Suprema que tuvo que intervenir con agilidad frente a un precedente de ingobernabilidad muy peligroso para la salud de la democracia y el poder ejecutivo de la nación.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal, mientras el asunto se litiga en las cortes.
La decisión del Supremo finalmente le abrió las puertas a la gestión presidencial de Trump que se sintió maniatado por estas inéditas medidas y sin precedentes contra un inquilino de la Casa Blanca.
Los medios se centraron en el tema de la ciudadanía por nacimiento, pero estos jueces han bloqueado casi el 90% de todas las órdenes ejecutivas del Presidente, con excepciones cuando les convenía a los demócratas.
Si bien es cierto que no todos los poderes giran en torno a la Presidencia, el artículo 2 de la Constitución de EEUU le otorga [amplias facultades al presidente de la nación], que incluyen nombrar funcionarios, hacer tratados y convenios con otras naciones, formular Proyectos de Ley para ser aprobados en el Congreso, conceder indultos y perdones, entre muchas otras funciones como velar por las leyes del país, hacer cumplirlas, custodiar la seguridad de la nación y el orden interno; defender los intereses nacionales y el bienestar de los estadounidenses.
La Corte Suprema respaldó el esfuerzo del presidente Donald Trump por restringir las órdenes de tribunales inferiores que han obstaculizado su agenda durante meses.
En una mordaz disidencia de la jueza Ketanji Brown Jackson, la designada por el expresidente Joe Biden, criticó a sus colegas conservadores de crear “una amenaza existencial para el Estado de derecho”.
Advirtió que “la anarquía ejecutiva florecerá” si ahora se exige a los jueces de tribunales inferiores que permitan a un presidente “actuar libremente”.
“Con el tiempo, el poder ejecutivo se volverá completamente incontenible y nuestra querida República constitucional dejará de existir”, escribió Jackson.
Sin embargo, lo que descifró el pueblo estadounidense de la guerra abierta contra el entonces candidato republicano a las primarias y luego candidato presidencial, por parte del Departamento de Justicia, contradice las declaraciones de Jackson.
Intención de crear crisis
La reciente ola de demandas contra Trump se percibió como la extensión de una nueva política de izquierda fundamentada en el acoso, persecución e imputaciones judiciales insólitas provenientes de una institución, cuyo trabajo central es vigilar el cumplimiento y la aplicación de la ley; no ayudar a un partido a quitarse de encima a un oponente político.
Ante esta grave situación el gobierno del presidente Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Todo comenzó cuando el juez liberal James Boasberg dictaminó en abril que los funcionarios de la administración Trump podrían enfrentar cargos de desacato penal por expulsar de EEUU a inmigrantes criminales, pandilleros y delincuentes con graves delitos y enviarlos al CECOT, la megacárcel de El Salvador, tras un acuerdo firmado entre el presidente Nayib Bukele y la administración Trump.
Boasberg, juez principal del Tribunal para el Distrito de Columbia, nombrado por el expresidente Barack Obama, dijo en su sentencia que los deportados debieron contar con un proceso judicial antes de ser expulsados, restando autoridad al poder ejecutivo (Presidencia) y a las instituciones federales encargadas de velar por la seguridad nacional del país, como ocurre en todas partes del mundo.
Luego siguió el juez federal de distrito de Rhrode Island, John McConnell, nombrado por Barack Obama en 2011. McConnell falló que el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al congelar subvenciones para educación y otros servicios.
Se unió a la cadena el juez de distrito Theodore Chuang, quien ordenó detener todas las acciones contra la agencia gubernamental para el Desarrollo y Ayuda Exterior (USAID, por sus siglas en inglés), que funciona con fondos de los contribuyentes.
La jueza federal Ana Reyes, nominada por Joe Biden como la primera jueza abiertamente LGTB en servir en Washington D.C., bloqueó a mediados de marzo la orden ejecutiva de Trump que prohíbe a las personas transgénero ser reclutadas y formar parte del Ejército, además de la expulsión de las fuerzas armadas de las personas que deciden someterse a tratamientos y cirugías de cambio de sexo.
Reyes fue la segunda jueza en un día en frenar el mismo decreto presidencial.
Edward Chen, juez del Tribunal del Distrito de San Francisco, en California, y nominado por Barack Obama, congeló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los inmigrantes venezolanos.
La fiscal general de EEUU
El derecho por nacimiento en EEUU ha sido utilizado durante décadas por inmigrantes como chantaje para legalizarse. Cientos de miles de mujeres en los últimos 40 años se han aprovechado de este recurso constitucional para entrar incluso embarazadas al país y dar a luz dentro de territorio estadounidense para de esta forma obtener la residencia y la ciudadanía por sus hijos nacidos en EEUU. Y ha sido una queja de múltiples congresistas republicanos durante años. Trump se decidió a cambiar esto.
Avalados por la Corte Suprema, ahora cualquier oficial de inmigración puede revocar la tarjeta de residencia o denegar la legalización a padres que entraron y permanecieron de forma ilegal en el país.
“¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido duramente impactado”, publicó Trump en Truth Social.
“Felicitaciones a la secretaria de Justicia Pam Bondi, al procurador general John Sauer y a todo el Departamento de Justicia”, señaló el Presidente.
"Los estadounidenses, finalmente, obtienen resultados por lo que votaron en noviembre de 2024. Ya no tendremos estos jueces descarriados tratando de anular a toda costa las políticas del presidente Trump en todo el país. ¡No más!", declaró a periodistas en la Casa Blanca la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.
“En una decisión 6-3, la Corte Suprema dictaminó que las cortes inferiores no tienen jurisdicción para emitir estas medidas cautelares nacionales. Como dijeron los magistrados del Supremo, estos jueces estaban convirtiendo tribunales de distrito en una judicatura imperial”, explicó Bondi.
“Estos jueces extremistas han utilizado estos fallos para bloquear prácticamente todas las políticas del presidente Trump. Y eso es inadmisible”, acotó.
Para tener una perspectiva de la gravedad del asunto, existen 94 distritos judiciales en EEUU, cinco de estos distritos emitieron 35 órdenes de restricción contra la Casa Blanca.
El esclarecimiento
Debido a esta crisis judicial en el país y las acciones ilegales de la extrema izquierda, la Corte Suprema tuvo que esclarecer otros casos de demandas contra el presidente Trump.
El más Alto Tribunal de Estados Unidos dictaminó por seis votos contra tres que privar a los padres de escolares de decidir sobre no vincular a sus hijos en temas de sexualidad y LGBTQ es "una infracción inconstitucional" y limita todas las libertades, entre ellas, las de religión.
El caso fue presentado por padres cristianos y musulmanes de alumnos de escuelas públicas de Maryland, cerca de Washington, que se opusieron a la introducción en 2022 en el plan de estudios de las escuelas preescolares y primarias de libros destinados a sexualizar la educación con el tema de la llamada identidad de género.
"Para muchas personas de fe, hay pocos actos religiosos más importantes que la educación de sus hijos", escribió el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría de los magistrados.
El 23 de enero, la Corte Suprema en Washington emitió otro fallo en el que permite al gobierno federal reanudar las deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países de los que no son originarios, mientras sus casos siguen en litigio.
El tribunal concedió la razón al gobierno del presidente Donald Trump que solicitó anular la sentencia del juez federal Brian Murphy, quien ordenó a las autoridades a mantener la "custodia" de un grupo de inmigrantes que serían enviados a terceros países.
En otra reciente decisión, seis de los nueve magistrados despejaron el camino para que los estados contra el aborto y otras prácticas impulsadas por la extrema izquierda retiren el financiamiento público a la cuestionada Planned Parenthood, que enfrenta serias acusaciones vinculadas a niños y adolescentes, bajo la fachada de planificación familiar.
Planned Parenthood tiene prohibido a partir de ahora recibir dinero federal para el aborto, pero la sentencia adoptada permite a los estados excluirla de fondos para otros controversiales servicios médicos que proporciona bajo el programa Medicaid.
También ratificó una ley estatal que prohíbe el acceso de menores a tratamientos de transición de género y dictaminó validar la legislación de Tennessee que prohíbe los tratamientos hormonales, los bloqueadores de la pubertad y la cirugía de transición de género para menores de 18 años.
La extrema izquierda y una élite globalista han promovido en las últimas dos décadas el cambio de sexo en niños, incluso sin el consentimiento de sus padres, una aberración impulsada por una agenda más que cuestionable de esta tendencia política.
Lo despreciable e irracional de estas acciones es que se hacían dentro del sistema escolar de Estados Unidos, a través de conferencias y libros que adoctrinaban a los menores mediante la sexualización de la educación.
En el caso de inmigración, la Corte Suprema de EEUU autorizó a la administración Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y parcialmente legal de 532.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de estadía temporal por dos años, conocido como "parole humanitario" y otorgado por el gobierno de Joe Biden.
El líder republicano abogó -desde su retorno a la Casa Blanca- por limitar este tipo de "beneficios", que permitió la entrada de más de 13 millones de personas, entre ellos decenas de miles de delincuentes, asesinos, miembros de pandillas y terroristas.
Durante su campaña electoral, millones de electores pidieron a Trump cerrar la frontera y reforzar la seguridad junto a la deportación de millones de personas que no pasaron el debido y riguroso proceso de revisión durante una entrada masiva. Trump calificó la política de Biden como "una invasión de migrantes en EEUU".
Freno a la interferencia
Desde el primer día, el Presidente cumple su promesa de deportaciones ante los reclamos de decenas de millones de americanos que lo eligieron para la Casa Blanca.
La entidad superior judicial además anuló la orden de un tribunal inferior que obligaba a la Casa Blanca a reincorporar a miles de empleados federales despedidos.
El Máximo Tribunal declaró que las organizaciones sin fines de lucro, que presentaron la demanda para detener los despidos masivos, carecen de legitimidad para hacerlo.
En un fallo de 7 a 2, los magistrados dictaron que la orden del juez californiano William Alsup "se basó únicamente en las alegaciones de las nueve organizaciones sin fines de lucro demandantes en este caso".
Alsup ordenó a seis agencias federales que volvieran a contratar a 16.000 trabajadores en período de prueba que fueron despedidos como parte de la iniciativa del presidente Trump de recortar el tamaño del gobierno.
Y en el caso más reciente, la Corte Suprema en Washington levantó una orden de un tribunal inferior y concedió a la comisión de eficiencia gubernamental (DOGE) acceso a los registros de la seguridad social de millones de estadounidenses.
La administración de Trump había apelado al Máximo Tribunal para pedirle que levantara una orden emitida en abril por una jueza de distrito que restringía el acceso de DOGE a los datos de la Administración del Seguro Social (SSA).
"La SSA puede proceder a otorgar a los miembros del equipo DOGE de la SSA acceso a los registros de la agencia en cuestión para que puedan realizar su trabajo", puntualizó el fallo.
La secuencia de decisiones trascendentales para la gestión presidencial en el país determina que interponer la justicia activista, con un trasfondo político, es inconstitucional y que el Presidente cuenta con poderes especiales para proteger y desarrollar el país, sin tener que acudir al Congreso, como en el caso de operaciones secretas y ultrasecretas de seguridad nacional y acciones directas contra enemigos de la nación. Y por eso el Presidente es el Comandante en Jefe del ejército, la marina, la fuerza aérea y las agencias de seguridad e inteligencia del país.
Sin ningún crédito constitucional, congresistas demócratas y activistas de extrema izquierda protestaron de forma airada por la reciente decisión de Trump de ordenar bombardeos sobre las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, con el objetivo de apoyar a Israel a eliminar la amenaza de que los iraníes construyeran nueve bombas nucleares con los 408 kilogramos de uranio enriquecido al 60% y dispuestos a llevarlo hasta el 90% para fabricar ese tipo de artefactos.
Ningún Presidente está obligado a contar con el Congreso de forma obligatoria para decisiones precisas y ultrasecretas de seguridad nacional, a no ser que busque declarar la guerra a una nación o pretenda desencadenar, sin otras opciones, un conflicto bélico o de otra índole en el mundo.
FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes
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