Demanda colectiva busca ‘green card’ para cubanos con I-220A

Maria Antonia es una abuela cubana que cruzó a los 70 los residuales del Río Bravo a través de El Paso, Texas, y a quien, en esa lotería fronteriza de repartición de documentos de entrada a EEUU por parte de ICE, le tocó una I-220A: Order of release on recognizance o ‘parole condicional’.

De modo que la abuela quedó en libertad, sin fecha de corte y sin certeza de nada, aunque dice el abogado Willy Allen, avezado en el ámbito del derecho migratorio en Miami, que los I-220A sin fecha de corte están “bendecidos”, son los que en “mejor posición” se encuentran si se les compara, ahora, con quienes entraron con parole humanitario o mediante la aplicación CBP-One, dado que estos últimos ni siquiera tienen permiso para trabajar o licencia para conducir.

Pero María Antonia, por mucho que sigue a Willy, tiene un mar de dudas. Ella, que no está en edad de trabajar ni aprendió nunca a conducir, solo busca una cosa: tener papeles que le permitan vivir en paz, legalmente, y, tal vez, volver a ver a los hijos que dejó en Cuba. Para eso necesita una ‘green card’ o tarjeta de residencia permanente. Y aunque el requisito para aplicar a “ajuste cubano” es permanecer un año en el país, ella, que lleva más de 3, no se ha atrevido a presentar su solicitud.

La I-220A

Es el de Maria Antonia el perfil que busca el joven abogado de origen nicaragüense Arno Lemus para incorporar a una demanda colectiva en torno a la I-220A, basada en el mal procesamiento en la frontera durante la administración Biden, que hoy intenta corregir, de drástica manera, la administración Trump.

“Cada día, los recursos que tenemos para llevar un proceso legal en EEUU se están limitando”, argumenta Lemus. “Están deteniendo en las cortes; hago un proceso de asilo con USCIS y lo refieren a la corte, en la corte detienen al solicitante; tengo clientes que están simplemente trabajando sin cometer ningún delito y los detienen; tengo clientes en centros de detención a los que les dicen que no son elegibles para fianza… Lo que están haciendo es anular la validez de la I-220A. Entonces, en la cita de ICE, en la corte, están cerrando los casos, queriendo regresar a lo que es la Ley verídica, que es la ley 235, pero están regresando a ese sistema a costa de las personas porque básicamente están anulando la I-220A aunque persona entró, se registró, fue procesada y liberada bajo un ‘programa’ que en su momento era legítimo”.

Con esto el abogado disecciona la Ley Nacional de Inmigración (Immigration National Act INA, por sus siglas en inglés), cuyas secciones 235 y 236 se han solapado en el procesamiento de casos.

“La 236 indica que una persona bajo orden de arresto emitida por el gobierno debe ser detenida y procesada en una corte. Es decir, confirmando que no eres nacional del país, Inmigración tiene el derecho de emitir una orden de arresto y detenerte, y hacerte un proceso legal en un centro de detención o donde quiera. Bajo la 236 tienen el derecho de liberarte, tiene el gobierno la potestad de darte una liberación bajo fianza, o bajo lo que le llaman libertad condicional según (la decisión de) Cabrera Fernández, que es la I-220A, bajo prácticamente cualquier concepto que los jueces y fiscales entienden bajo esa sección 236. Ellos utilizaron esa sección de la Ley para más o menos tener control de las camas ante la saturación que había en la frontera y usaban esta ley para liberar a las personas de una forma más expedita”, detalla el abogado.

Por tanto, remarca, “lo que es determinante para esta demanda es lo que pasó en la frontera porque la demanda está atacando el mal procesamiento en la frontera”.

Exposición

Más de cien personas que no se conocen de nada pero que comparten la circunstancia de ser cubanas y haber recibido un documento “I-220A” tras cruzar la frontera entre México y EEUU, escuchan atentamente a Lemus exponer todo esto en una reunión por la plataforma Zoom.

Es sábado 26 de julio y mientras en Ciego de Ávila, Cuba, los nonagenarios revolucionarios festejan otro año de permanencia abusiva en el poder, un puñado de portadores de la I-220A, mal procesados en frontera, después de haber dejado todo atrás para escapar de la isla, se ven las caras primera vez, en el oeste de la popular ciudad de Hialeah, durante la presentación, por parte de Lemus, de las bases de la demanda que él está preparando junto a un grupo de abogados del sur de la Florida.

“Es imposible hacer una 236 en la frontera, imposible, uno cruza y el oficial de inmigración no te dice ‘permíteme cinco minutos, que tengo que ir a buscar un juez que te haga una orden de arresto, por eso la 236 es un proceso interno que se hace interno en la frontera y por eso todos nosotros tenemos procesos errados porque lo que hicieron fue emitir una orden de arresto después del arresto. La 236 inicia con una orden de arresto: lo que le da la potestad a inmigración de arrestarte es la orden de arresto; por eso lo que te corresponde no es una 236, era una 235”.

Hay tres escenarios previstos por Lemus en el desarrollo y desenlace de esta demanda: primero, podría suceder que el gobierno desee llegar a un acuerdo con los demandantes y legalizarlos para evitar sentar un precedente que pueda servir a inmigrantes cubanos con I-220A no incluidos en la demanda originalmente; segundo, podrían ganar y sentar el precedente para que así puedan regularizarse miles de personas. Y por último, también está la posibilidad de perder la demanda, lo cual no es el fin porque siempre se pueden presentar apelaciones. Para cubrirse ante una posible pérdida o prolongación de la demanda, Arno Lemus, que tiene además cuatro decenas de empleados en función de la misma, ha previsto un cobro de 2500 dólares por demandante con arreglo de pago en dos partes. Si se trata de una familia, el principal en el caso debe abonar $2,500, mientras que por su cónyuge y su hijo mayor de 18 debe sumar $1,500 (cada uno) y su hijo menor de 18: $1,000, a pagar todo en tres partes.

Dinero y credulidad son dos ‘activos’ de los que carece María Antonia. Si pudo venir a Estados Unidos cruzando fronteras desde Panamá fue porque una de sus nietas coordinó y pagó a los coyotes. Dependería de la voluntad y el bolsillo de su nieta que se sume a una demanda cómo esta, la cual no es la primera en torno a la I-220A. Por ejemplo, el abogado Mark Prada, ha interpuesto varias desde 2019, y aunque estuvo ganando casos en la corte de inmigración en Miami en 2021 bajo similares argumentos, el gobierno apeló y el BIA decidió no permitir los ‘ajustes’.

Lemus detectó que las demandas previas, iniciadas por otros expertos legales, cubren solo una parte minoritaria del espectro de la I-220A.

“Lo interesante es que tenemos dos apelaciones a la corte federal, en el circuito 11 de la corte de apelaciones. Y estamos esperando que nos den una audiencia para argumentar el caso o una decisión. También tenemos otro caso pendiente en el segundo circuito (Nueva York y estados cercanos) y casos en los tribunales de diferentes partes del país”, ha dicho Prada.

La realidad es que no hay garantías en un proceso de este tipo, más allá de que los impulsores pongan todas sus energías en función de ganar o llegar a un acuerdo justo. Por lo que muchas personas las miran con escepticismo y prefieren mantenerse al margen.

“Hemos tenido una combinación de reacciones, mitad y mitad. Hay gente muy entusiasmada que se está sumando… y gente que no se une, también por temor a represalias del gobierno”, comentó Lemus.

Trabajo en equipo

Aunque él, un joven nacido en Miami y graduado de Leyes en Tampa reconoce no tener experiencia previa en demandas, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que se ha hecho acompañar de un equipo de colegas que como parte de su trayectoria conocen a fondo estos mecanismos legales. Por el momento, no revela quiénes son, solo anticipa que quedan menos de 30 días para registrarse en la demanda colectiva porque pretenden interponerla ante los tribunales a finales del mes entrante.

Hasta el momento, para el proyecto de demanda se han inscrito más de mil personas. El equipo de Lemus está en proceso de revisión de la elegibilidad de cada persona que se suma a la propuesta, para lo cual solicitan el récord migratorio a través de la Freedom of Information Act (FOIA), también conocida como Ley de transparencia informativa en Estados Unidos. Es su derecho hacer esta solicitud, que por lo general es respondida 30 días después de presentarla.

“Es importante que envíen su FOIA a tiempo para revisarlo (nos tardamos varios días en procesar cada FOIA)”.

Si bien el gobierno no está proporcionando toda la información en esas solicitudes porque a juicio de Lemus están tratando de quitarles las balas a los abogados para que no puedan pelear, él va a seguir porque el gobierno no está aceptando que la mayoría de los problemas que tienen es porque (los inmigrantes) no fueron sujetos a un proceso de remoción expedita. “Parte de lo que estoy solicitando en la demanda con el paro a la deportación es que no te detengan y que no te deporten”, concluye.

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