DHS responde a demanda de LatinoJustice por detenciones de puertorriqueños en medio de redadas: "incitan al racismo"

hace 3 semanas 8

NUEVA YORK – La demanda que LatinoJustice PRLDEF presentó el martes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por las detenciones “injustas” de ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño como resultado de los operativos migratorios que impulsa la Administración Trump busca que las autoridades federales revelen las políticas, prácticas y directrices que llevaron a las intervenciones.

“La comunidad latina tiene un interés imperioso en conocer las prácticas, políticas y directrices que conducen a la detención injusta de ciudadanos estadounidenses con base en la discriminación racial o étnica”, lee parte del documento de 10 páginas.

El centro de la demanda que presentó la organización con sede en Nueva York es el incumplimiento de las agencias federales a una solicitud que presentaron bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) en la que pedían la divulgación de registros relacionados con acciones de cumplimiento de la ley de inmigración dirigidas a las comunidades puertorriqueñas.

El recurso legal ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan argumenta que las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanas estadounidenses por nacimiento y no pueden ser detenidas ni deportadas.

“Esto ha sido así durante más de 100 años, desde la promulgación de la Ley Jones-Shafroth de 1917. A pesar de ello, en enero de 2025, varios medios de comunicación informaron que agentes del ICE habían interrogado y detenido ilegalmente a ciudadanos estadounidenses de ascendencia puertorriqueña en Nueva Jersey y Wisconsin; allanaron un negocio puertorriqueño en Pennsylvania y llevaron a cabo una redada de inmigración en Barrio Obrero, en San Juan, Puerto Rico. Al observar cómo acciones de cumplimiento como estas ‘siembran miedo y desconfianza en las comunidades’ y plantean ‘serias preocupaciones sobre el comportamiento de las agencias federales y la preservación del derecho al debido proceso’, los miembros del Congreso se han pronunciado y exigido, sin éxito, respuestas de ICE”, añade la reclamación radicada por Stephanie Cordero, abogada de LatinoJustice.

El recurso sobre el que El Diario reportó en exclusiva el mismo día de la radicación señala que la solicitud bajo FOIA busca conocer la manera en que los agentes de ICE “abordan la identificación y el seguimiento de personas por su origen nacional, etnia o idioma; registros que describen las medidas adoptadas por el DHS y el ICE para prevenir la discriminación racial; y cualquier registro relativo a auditorías o evaluaciones del cumplimiento de estas políticas por parte del ICE”.

Cronología de los procesos y el emplazamiento a ICE y DHS

A esos fines, el 21 de febrero de 2025, la entidad envió una solicitud de FOIA por correo electrónico a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS y a la oficina de FOIA de ICE en la que requerían los informes de incidentes, memorandos, comunicaciones y documentos de investigación relacionados con cuatro incidentes que presuntamente involucraron a ciudadanos de origen puertorriqueño en distintos estados.

“El plazo legal para responder a la solicitud de FOIA del demandante ha vencido. Los demandados no respondieron dentro del plazo y no han presentado ningún registro”, plantea el documento judicial.

La demanda especifica que, el 22 de abril, LatinoJustice presentó por correo electrónico una apelación administrativa debido a la falta de respuesta tanto del DHS y ICE a la solicitud bajo FOIA.

“El demandante solicitó que las agencias procesaran inmediatamente la apelación, respondieran a la solicitud de la FOIA subyacente, accedieran a su solicitud de procesamiento acelerado, divulgaran todos los documentos de respuesta sin demora, justificaran por escrito la demora en la respuesta y eximieran del pago de todas las tarifas”, abunda la compilación.

El 24 de abril, ICE respondió por correo electrónico a la apelación de la FOIA del demandante. “Por primera vez, el ICE acusó recibo de la solicitud de FOIA del 21 de febrero de 2025 y le asignó el número de caso 2025-ICFO-33038”, especifican los demandantes.

Sin embargo, destacan que ese email de acuse de recibo en respuesta a la apelación de FOIA se envió más de un mes después de la fecha límite del 21 de marzo de 2025 para responder a la solicitud de información.

Plantean además que ICE no atendió la solicitud de agilización del demandante e invocó una prórroga de 10 días.

Las causas de acción

La primera causa de acción presentada por la organización responde a la falta de respuesta dentro del tiempo requerido en alegada violación a la ley FOIA.

“El correo electrónico de ICE del 24 de abril de 2025 se envió fuera del plazo legal (20 días, excluyendo sábados, domingos y días festivos) para responder a la solicitud de FOIA del demandante y fuera del tiempo permitido en ciertas circunstancias inusuales”, afirma la demanda.

La segunda causa de acción es incumplimiento de una búsqueda adecuada y de la divulgación de registros.

“El demandante tiene el derecho legal de obtener los registros solicitados, y no existe fundamento legal para no buscarlos. El incumplimiento por parte de los demandados de realizar una búsqueda razonable de registros en respuesta a la solicitud de la FOIA viola el Título 5 del Código de los Estados Unidos, artículo 552(a)(3)”, expone Cordero junto a los también abogados José Pérez y Rex Chen.

Cuatro alegados casos de intervención con boricuas

La demanda hace mención de cuatro supuestos casos que implican a puertorriqueños en medio del reforzamiento en los operativos de control migratorio bajo la Administración del presidente Donald Trump luego de que en enero firmara una orden a los fines de declarar emergencia nacional.

Fue, precisamente, durante ese mes que medios dentro y fuera de Puerto Rico reseñaron las intervenciones de ICE con boricuas.

La primera se habría registrado el 23 de enero cuando agentes detuvieron a un veterano militar puertorriqueño en Newark, Nueva Jersey. Los oficiales realizaron una redada en Oceans Seafood Depot y detuvieron a varias personas, incluyendo al exmilitar de ascendencia puertorriqueña. “A pesar de presentar una tarjeta de identificación de veterano válida, el veterano fue detenido sin orden judicial”, especifica la denuncia.

La segunda detención alegadamente involucró a una familia puertorriqueña en Milwaukee.

“El 24 de enero de 2025, una familia puertorriqueña, incluyendo un niño pequeño, fue detenida por agentes del ICE en Milwaukee tras ser escuchada hablando español. La familia fue llevada a un centro de detención migratoria a pesar de ser ciudadanos estadounidenses”, señala el texto.

El 28 de enero, llegaron agentes migratorio a Boricua Restaurant, en el norte de Philadelphia, en Pennsylvania.

“Los propietarios, ambos ciudadanos estadounidenses de ascendencia puertorriqueña, fueron abordados bajo la presunción de ser indocumentados debido a la naturaleza de su establecimiento”, detalla la demanda.

En este incidente, los propietarios del establecimiento, que denunciaron por redes sociales la situación, se negaron a darle acceso a los oficiales al área de la cocina y los emplazaron a presentar una orden judicial con la que estos no contaban, por lo que abandonaron el lugar.

En el pleito también se hace referencia al “agresivo operativo” en Barrio Obrero, en San Juan, Puerto Rico, el 26 de enero.

“La redada, ejecutada en colaboración con agencias federales bajo la orden ejecutiva del presidente Trump sobre inmigración, se dirigió desproporcionadamente a migrantes dominicanos y puertorriqueños residentes en la comunidad. Una organización local de derechos humanos informó que muchos residentes, independientemente de su estatus migratorio, han estado viviendo con miedo desde entonces, evitando el trabajo y los espacios públicos”, resalta el compendio.

La respuesta del DHS a la demanda de LatinoJustice

El Diario contactó ayer a las oficinas de prensa tanto de ICE como del DHS para pedir una reacción a la demanda y a los casos planteados en el recurso.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, Tricia McLaughlin, rechazó que los agentes federales procedan con base en el perfil racial o étnico de las personas, como se alega en la demanda.

“Lo que convierte a alguien en blanco del ICE es su presencia ilegal en Estados Unidos, NO el color de piel, la etnia ni ningún otro factor que los abogados izquierdistas que incitan al racismo utilizan para desviar la atención de los hechos y la ley”, indicó la funcionaria en las declaraciones escritas enviadas a este rotativo hoy.

Sin embargo, el gobierno federal no entró de lleno en los casos mencionados en la demanda y tampoco explicó por qué no cumplieron con el plazo límite de respuesta a la solicitud.