DHS y HSI en Puerto Rico amenazan con arrestar a quienes graben operativos y redadas migratorias; ACLU responde

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Nueva York – Annette Martínez Orabona, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, cuestionó la advertencia hecha por la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Rebecca González Ramos, en el sentido de que quienes graben a agentes federales en operativos y redadas migratorias podrían ser arrestados.

Para Martínez Orabona, lo anterior es un intento de criminalizar a los testigos o personas que graben las intervenciones de las autoridades de Estados Unidos en la isla a tono con la política del presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

“La ACLU de Puerto Rico está dando seguimiento a las expresiones de Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), sobre posibles acciones criminales contra personas que son testigos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, declaró la abogada según citada por Metro PR.

La activista argumentó que la acción de grabar una intervención de oficiales de ley y orden está protegida por la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico.

“Para la ACLU es importante recordarle a la ciudadanía que la libertad de expresión es un derecho protegido, tanto en la Constitución de EE.UU. como en la de Puerto Rico. Esto incluye las expresiones verbales y acciones tales como grabar las intervenciones de agentes del orden público, acciones legítimas que no constituyen delito”, expuso.

La portavoz concluyó con el recordatorio de que una detención sin orden de arresto u orden judicial firmada por un juez, como han procedido en múltiples ocasiones las autoridades migratorias federales tanto en EE.UU. y en Puerto Rico, es en principio ilegal.

Las declaraciones de Martínez Orabona surgieron en respuesta a mensajes compartidos por González Ramos en redes a raíz de una intervención antimigratoria en un espacio de construcción en San Juan, capital de Puerto Rico, en la que ciudadanos increparon a agentes federales y los tildaron de “puercos” mientras grababan sus movimientos.

“Durante la tarde de ayer se arrestó en Hato Rey a un ciudadano dominicano que estaba sin estatus migratorio en los Estados Unidos en un esfuerzo multiagencial, incluyendo DEA, FBI, IRS-CI y ICE- HSI”, lee el mensaje de González Ramos en la red social.

“Continuamos ejecutando la orden presidencial para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los ciudadanos que interfieran con nuestro trabajo, y pongan a nuestros agentes en peligro van a ser procesados criminalmente”, añadió la funcionaria federal en la entrada compartida el sábado.

El lunes, desde la misma cuenta se compartieron otros mensajes, entre estos uno que leía “Piense antes de actuar”. La publicación incluye una foto con agentes del HSI, dependencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Otra entrada advierte de los cargos que pudiera enfrentar una persona que interfiera en la labor de las autoridades federales que incluyen daños a la propiedad del gobierno, agresión a un notificador judicial, obstrucción de procedimientos ante departamentos y agencias, piqueteo o manifestación con intención de obstruir o impedir la administración de justicia; influir, impedir o tomar represalias contra un funcionario federal mediante amenazas o lesiones a un miembro de su familia; desorden civil y conspiración para impedir o lesionar a un funcionario.

“La obstrucción a la justicia puede tener repercusiones reales. El gobierno federal ha sido enfático en que habrá cero tolerancia con quienes interfieran en el cumplimiento de la ley”, exponen desde el HSI en San Juan.

“Piense antes de actuar y conozca los posibles cargos a los que se pueden enfrentar quienes interfieran en el cumplimiento de las leyes”, lee el encabezado de la publicación.

Las expresiones del HIS en Puerto Rico se dieron luego de que trascendiera un video que fue reseñado por medios periodísticos en el que se ve a agentes realizando la intervención en la urbanización Baldrich en Hato Rey.

A juzgar por las imágenes, los vecinos no evitaron el arresto del migrante al que agentes se llevaron en una camioneta no identificada como oficial.

Sin embargo, se les ve insistentemente cuestionando la gestión de los efectivos, al tiempo que graban las incidencias.

Los hechos se reportaron el viernes pasado.

Los videoaficionados llaman “puercos” y “traidores” a los oficiales, en particular los que son de origen boricua.

“Ustedes son unos puercos. Boricuas que se prestan para esto son unos puercos todos”, repite uno de los testigos.

“Ustedes prestándose para esas barbaridades”, añade una mujer mientras le exige a una agente del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) que dé la cara, ya que está de espalda a las cámaras.

“Sí, tú misma, da cara, da cara”, insiste la fémina.

“Son unos insensibles”, continúa.

Segundos después, un agente de la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.) sale con un migrante esposado.

A preguntas de los testigos, el hombre se identifica como Roberto Contreras.

“Son abusadores”, expresa Contreras mientras es escoltado a un vehículo.

Alcance y límites de grabar intervenciones policiales

Los tribunales han reconocido el derecho a grabar la actividad policial en espacios públicos en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución.

“El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”, establece la ley fundamental de EE.UU.

El derecho aplica cuando las autoridades desempeñan funciones oficiales en espacios como calles, parques o aceras.

Sin embargo, el derecho de grabar a la Policía no es ilimitado y tiene sus excepciones. Por ejemplo, la grabación no debe interferir con los deberes del agente, provocar un riesgo para la seguridad o infrigir otra ley.

Cabe señalar que el alcance de las disposiciones generales varían según los estados.

En Nueva York, por ejemplo, tienes derecho a grabar la actividad policial en espacios públicos e incluso la persona no tiene que dejar de grabar aunque un agente se lo pida. Los oficiales tampoco pueden exigir ver o eliminar grabaciones sin una orden judicial.

En Indiana, por otro lado, hay una ley que exige a los testigos que mantengan una distancia de al menos 7.6 metros ante los agentes durante intervenciones.

En el caso de Puerto Rico, un folleto de la organización Ayuda Legal confirma que grabar a la Policía es ejercer el derecho a la libertad de expresión y velar porque el Gobierno respete los derechos de las personas.

Sin embargo, exhortan a no obstruir la acciones policiales y no confrontar ni tocar a ningún agente, así como mantener una distancia que garantice la seguridad de todos los que se encuentran en la escena.

El material informativo además señala que la Policía no puede borrar fotos ni videos y tampoco puede incautar el celular sin orden judicial, a menos que existan motivos específicos como que el aparato sea evidencia de un delito.

Kilómetro 0, organización enfocada en combatir la brutalidad policial en la isla, compartió en un mensaje en su cuenta de Facebook esta semana que los puertorriqueños tienen el derecho de grabar cualquier intervención con agentes policiales.

“Siempre que no interfiramos con el trabajo de los oficiales, podemos y debemos grabar sus acciones en lugares públicos”, expuso la entrada.

La entidad cuestionó la práctica cada vez más generalizada de que agentes armados, sin identificación y sin autorización judicial, detengan a personas en sus hogares y otros espacios como parte de operativos migratorios.

“La práctica actual del Estado es permitir que agentes armados, muchas veces sin identificar, se lleven a personas de sus hogares y lugares de trabajo, sin órdenes de arresto, sin motivaciones legítimas, sin explicaciones ni mecanismos de rendición de cuentas. Esto ni es legal ni es aceptable”, plantearon desde Kilómetro 0.

La organización coincidió con la ACLU en que el fin es criminalizar a los opositores de las políticas de la Administración Trump.

“Cuando el Estado intenta criminalizarnos por evidenciar su violencia, se vuelve aún más urgente denunciarla. El verdadero poder está en el apoyo mutuo de la gente y sus comunidades, no en las políticas de miedo e intimidación de los gobiernos”, añadieron.

“Comparte y recuérdale al Estado: grabar es nuestro derecho. Exige cero colaboración entre ICE y el gobierno de Puerto Rico”, concluye el mensaje.