
El dueño de la funeraria Return to Nature, Jon Hallford, quien admitió haber maltratado los cuerpos de 191 personas, retiró su declaración de culpabilidad el viernes luego de que un juez estatal rechazara el acuerdo alcanzado con la fiscalía. El caso afecta a decenas de familias en Colorado, quienes reclaman una condena mayor y la resolución de una de las investigaciones más amplias sobre abusos en funerarias del estado, según The Associated Press.
De acuerdo con el reporte de AP, la jueza estatal Eric Bentley invalidó el acuerdo de colaboración que preveía una sentencia de 20 años de prisión estatal, la cual habría corrido en paralelo con la condena federal ya vigente contra Hallford por fraude. El rechazo judicial ocurrió, según el tribunal, debido a la magnitud de los hechos y las exigencias de las familias afectadas por una sanción más severa.
El caso de Return to Nature Funeral Home se remonta a octubre de 2023, cuando las autoridades estatales localizaron los cuerpos en estado de descomposición en un edificio de Penrose, Colorado. Las investigaciones señaladas por AP concluyeron que Hallford y su esposa, Carie Hallford, desarrollaron durante años un esquema de fraude que consistía en cobrar por servicios de cremación que no realizaban. En su lugar, entregaron a los familiares restos no humanos, como concreto pulverizado. El incidente destapó graves deficiencias en la regulación y supervisión funeraria estatal.
La decisión de la jueza Eric Bentley de rechazar el acuerdo surgió tras escuchar el testimonio de familias afectadas y revisar el alcance del caso, según lo informado por The Associated Press. El acuerdo contemplaba 20 años de prisión estatal a cumplirse de manera simultánea con la condena federal de Hallford por fraude. Si se hubiera validado, Hallford habría reducido considerablemente su tiempo de reclusión efectiva.
La jueza describió la invalidación como una “acción extrema”, ya que era la primera vez que tomaba una medida similar en nueve años de carrera. La presión pública y la magnitud del daño social generado fueron determinantes para la revocatoria del acuerdo. Las familias de las víctimas solicitaron una pena mayor y destacaron la urgencia de una sanción ejemplar para casos de abuso de cadáver, señala AP.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2023, tras reportes de olor fétido y sospechas sobre el manejo de restos humanos, de acuerdo con las autoridades citadas por AP. El Departamento de Policía de Colorado y la oficina del forense procedieron a inspeccionar el edificio de la funeraria en Penrose. Durante la revisión, hallaron 191 cuerpos en estado de descomposición, sin las condiciones sanitarias exigidas.
El procedimiento derivó en la clausura de la funeraria Return to Nature y en la apertura de procesos legales contra sus propietarios. Jon Hallford admitió haber engañado a los familiares, cobrándoles por servicios de cremación y entregándoles materiales ajenos a los restos humanos. La investigación se convirtió en la mayor de su tipo en Colorado, de acuerdo con AP.
Jon Hallford ya cumple una condena de 20 años en el sistema federal por cargos de fraude. La causa pendiente en tribunales estatales corresponde al abuso de cadáveres, la cual será ventilada en un juicio con jurado pautado para febrero, según reportó The Associated Press. El delito estatal de abuso de cadáver en Colorado tiene un marco sancionatorio que va desde la libertad condicional hasta 18 meses de prisión por cada caso comprobado.
En cuanto a Carie Hallford, su esposa, la investigación determinó que participó activamente en el esquema de fraude y mal manejo de restos. Carie aceptó cargos similares y se encuentra a la espera de una sentencia por parte de los tribunales estatales, según datos aportados por AP.

El caso Return to Nature exhibió falencias estructurales en la regulación estatal sobre servicios funerarios. Según The Associated Press, Colorado se encontraba rezagado respecto a otros estados en materia de control y supervisión de funerarias, con normas más permisivas por largos períodos.
Tras el escándalo, legisladores y autoridades estatales iniciaron procesos para reformar las reglas y mecanismos de inspección. También se sumó presión social tras la aparición de otros casos recientes, como el hallazgo de 24 cadáveres en estado de descomposición en la ciudad de Pueblo, en una funeraria regenteada por el forense local. No se han presentado cargos en ese proceso, aunque las indagatorias y las labores de identificación siguen abiertas, afirmó AP.
Las familias impactadas exigen penas mayores que reflejen la gravedad del daño y aseguren que hechos similares no se repitan. De acuerdo con los testimonios recogidos por AP, varias personas recibieron materiales ajenos a los restos de sus familiares, generando un efecto de desconfianza y dolor prolongado. Además, solicitaron reformas inmediatas al sector y mayor financiamiento para la supervisión estatal.
Las autoridades judiciales fijaron el inicio del juicio estatal contra Jon Hallford para 9 de febrero. El proceso podría durar un mes o más, dada la cantidad de delitos imputados y la complejidad de las pruebas. El desenlace judicial será seguido de cerca por organizaciones de derechos civiles, el sector funerario y asociaciones de consumidores, quienes consideran que el resultado podrá influir en reformas a nivel estatal y nacional, como sostiene The Associated Press.