EEUU impone multas de hasta USD 1.8 millones a migrantes con orden de deportación

El Gobierno de EE.UU. agiliza la imposición de multas migratorias a indocumentados con órdenes de deportación. (EFE/ @presssec)

El Gobierno de Estados Unidos modificó una regulación federal para facilitar y acelerar la imposición de multas migratorias a personas indocumentadas que han desobedecido una orden de salida voluntaria o una orden de deportación emitida por tribunales migratorios. La nueva normativa elimina el requisito previo de una notificación de 30 días antes de aplicar las sanciones y autoriza su envío por correo, sin necesidad de contacto directo con el afectado.

La norma fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), con el objetivo de optimizar los procedimientos administrativos relacionados con la política migratoria. Según la información oficial, el cambio permitirá a las autoridades federales emitir sanciones de manera más expedita para personas que han incumplido resoluciones judiciales de expulsión migratoria o que han ingresado de forma no autorizada al país.

Esta actualización se basa en una ley migratoria aprobada en 1996 que autoriza al Gobierno federal a sancionar económicamente a extranjeros que no abandonen el país en los plazos establecidos. Aunque la norma ya se había aplicado en años anteriores con ciertas limitaciones, fue suspendida en 2021 y restablecida en 2025 con nuevos procedimientos.

Las sanciones económicas varían de acuerdo con el tipo de infracción. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, las multas incluyen:

• Entre USD 100 y USD 500 por cada entrada o intento de entrada ilegal.
• Entre USD 1,992 y USD 9,970 por no cumplir una orden de salida voluntaria.
• Hasta USD 998 por día por desobedecer una orden de expulsión, con posibilidad de aplicación retroactiva de hasta cinco años.

Estas cifras fueron confirmadas por US News & World Report, e indicaron que la sanción máxima acumulada puede alcanzar los 1.8 millones de dólares por persona, en función del tiempo de permanencia no autorizada y los días acumulados de incumplimiento.

La nueva normativa elimina el aviso previo y permite notificar sanciones migratorias por correo. (EFE/ Joebeth Terríquez)

El Departamento de Seguridad Nacional informó que hasta el 13 de junio de 2025 se habían emitido alrededor de 10,000 notificaciones de sanción en el marco del nuevo sistema de multas migratorias, conforme a registros revisados por The Daily Beast. Las notificaciones fueron enviadas por correo postal y afectan a personas que ya cuentan con una orden de deportación emitida por un juez de inmigración.

La medida está dirigida a una población estimada de 1.4 millones de personas con órdenes de expulsión activas en Estados Unidos, según reportó US News & World Report. La reactivación del esquema de sanciones busca reducir el número de casos acumulados en el sistema judicial migratorio.

En caso de no pagar la multa migratoria, el Gobierno de EE.UU. podrá recurrir a vías civiles para exigir el cobro. Esto incluye la posibilidad de confiscar propiedades o bienes, siempre que se hayan agotado los recursos legales disponibles y con autorización judicial.

Aunque el derecho a apelar la sanción continúa vigente, el nuevo reglamento acorta los plazos para presentar la apelación, como parte de un proceso orientado a la eficiencia administrativa. Los procedimientos legales se mantienen bajo las regulaciones del Código de Regulaciones Federales (CFR).

El Gobierno promueve el uso de la aplicación móvil CBP Home como herramienta para la autodeportación voluntaria. A través de esta plataforma, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las personas pueden gestionar su salida sin intervención directa de las autoridades.

Según un reporte de SAN.com, quienes utilicen CBP Home para abandonar el país podrán recibir los siguientes beneficios:

• Cancelación total de la multa migratoria.
• Un pasaje gratuito al país de origen.
• Un estipendio de USD 1,000 dólares para cubrir gastos iniciales tras el retorno.

Esta política forma parte de una estrategia de cumplimiento migratorio que busca incentivar la salida voluntaria sin necesidad de medidas coercitivas.

Las multas por incumplir órdenes migratorias pueden superar el millón de dólares según la permanencia irregular. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

La imposición de sanciones económicas se fundamenta en la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, vigente desde 1996. Esta disposición permite al Gobierno aplicar multas a personas que desobedezcan una orden de salida emitida por las cortes migratorias. La ley fue utilizada inicialmente en 2018, suspendida en 2021 y restablecida con nuevos criterios en 2025, según The Washington Post.

El uso de esta base legal ha sido interpretado como una herramienta para reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria sin recurrir únicamente a medidas de detención o deportación forzada, de acuerdo con funcionarios federales.

De acuerdo con Reuters, al menos ocho abogados de inmigración en distintos estados señalaron haber asistido a clientes que recibieron multas superiores a USD 1 millón de dólares. Los casos correspondían a personas con más de cinco años de permanencia irregular en el país y con incumplimientos prolongados de órdenes de expulsión.

Estas cifras se derivan del uso retroactivo de la multa diaria de USD 998, lo que permite acumular montos significativos en personas con presencia no autorizada durante largos períodos.

La app CBP Home permite autodeportación voluntaria y ofrece beneficios como cancelación de multas y pasaje gratuito. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

El proceso para impugnar una sanción económica migratoria sigue habilitado a través de los canales administrativos correspondientes. Sin embargo, el nuevo reglamento reduce el tiempo disponible para presentar apelaciones, según explicó NBC News.

El Departamento de Justicia mantiene que todas las multas deben estar sustentadas por evidencia documentada del incumplimiento. Aunque ya no es necesario el aviso previo de 30 días, la persona sancionada tiene derecho a solicitar revisión mediante los mecanismos establecidos.

En años anteriores, especialmente entre 2018 y 2020, se documentaron casos de multas migratorias individuales que alcanzaban los cientos de miles de dólares, particularmente dirigidas a personas que se refugiaban en iglesias para evitar la deportación. Varias de esas sanciones fueron posteriormente anuladas tras disputas legales, según informó Reuters.

Durante 2021, la imposición de multas migratorias fue suspendida por decisión del Gobierno federal. En 2025, el programa fue restablecido con criterios actualizados, respaldado en herramientas digitales como CBP Home y nuevos procedimientos normativos publicados por el DHS.