
Según Associated Press, al inicio del nuevo ciclo escolar, un total de 17 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han implementado nuevas reglas que restringen el uso de teléfonos móviles en los planteles. Estas iniciativas se suman a las decisiones previas adoptadas por otros 18 estados, lo que eleva a 35 el número total de estados con algún tipo de limitación legal o reglamentaria sobre los dispositivos electrónicos en escuelas públicas. La rapidez con la que este tipo de políticas se han instaurado queda patente: apenas en 2023, Florida fue el primer estado del país en aprobar una ley de este tipo.
El consenso político sobre la regulación del uso de teléfonos en ambientes escolares ha crecido. Tanto legisladores demócratas como republicanos han respaldado la causa con argumentos centrados principalmente en la salud mental y la concentración estudiantil. “Cualquier vez que tienes una ley que pasa tanto en California como en Florida, sabes que probablemente estás trabajando sobre algo que tiene mucha popularidad”, opinó el representante estatal por Georgia, Scott Hilton, del Partido Republicano, en un foro reciente en Atlanta sobre el tema, según Associated Press.
Las políticas implementadas suelen diferenciarse entre modalidades y etapas escolares. De los estados con restricciones, en 18 y en el Distrito de Columbia el veto abarca toda la jornada escolar. Mientras tanto, en Georgia y Florida la prohibición se aplica únicamente a los estudiantes desde Kindergarten hasta octavo grado.
Siete estados adicionales restringen el uso de teléfonos solo durante las clases, permitiendo su uso entre períodos o en el horario de almuerzo. Associated Press señala que en estados con una tradición de autonomía local en educación, la normativa simplemente exige que los distritos posean una política sobre dispositivos, por lo que muchas escuelas eligen adoptar reglas estrictas.

La entrada en vigor de las nuevas restricciones ha modificado rutinas diarias, como en la Doss High School de Louisville, Kentucky, donde los alumnos deben dejar sus teléfonos fuera del alcance durante la enseñanza. El estudiante de último año Jamel Bishop señala que ahora los maestros “pueden dedicar más tiempo individual a quienes realmente lo necesitan”. Antes, los celulares provocaban distracción y la repetición de explicaciones, lo que afectaba el flujo de las clases.
Una experiencia similar se vive en la McNair High School del área metropolitana de Atlanta, donde los teléfonos se guardan en fundas magnéticas o en casilleros. Según Audreanna Johnson, estudiante de penúltimo año, al principio muchos compañeros se resistían a entregar sus dispositivos. “La mayoría no quería entregar sus teléfonos”, comentó en diálogo con Associated Press, señalando que así podían mantenerse al día de lo que sucedía en el edificio. Sin embargo, Johnson matiza que la gradual aceptación de las reglas ha reducido el rechazo inicial y que “más estudiantes están dispuestos a dejar sus teléfonos y no distraerse”.
La estudiante subraya también que la restricción tiene inconvenientes. “Me encuentro dividida porque yo uso auriculares para trabajar, escucho música para concentrarme”, indica. Esta situación refleja cómo los alumnos parten de usos y preferencias diversas y enfrentan nuevos desafíos en su adaptación a las normas escolares.

No solo los estudiantes afrontan cambios: numerosos padres ven vital que sus hijos puedan portar teléfonos móviles principalmente por razones de seguridad. De acuerdo con una encuesta aplicada por la Emory University a 125 distritos escolares en Georgia, la resistencia parental aparece como el principal factor de freno ante la aprobación de políticas más restrictivas. Associated Press explica que muchos padres esperan participar en las discusiones y exigen mejor comunicación de parte de las escuelas.
Audrena Johnson, madre de Audreanna, insistió en que el acceso al celular le permite saber de inmediato si algún incidente ocurre en la escuela. Durante un altercado en el que estuvo involucrada una persona ajena a la institución, Johnson supo lo ocurrido solo porque su hija pudo enviarle un mensaje. “Es muy importante para mí que mi hija tenga su teléfono: si sucede algo, lo sé al instante”, dijo a Associated Press.
El debate abarca una variedad de necesidades, desde la coordinación de agendas hasta la detección temprana de incidentes. Según Jason Allen, director nacional de asociaciones en la National Parents Union, muchas familias avalan restricciones, pero piden políticas más integrales que consideren la seguridad y la formación emocional. Allen reclamó que se ayude a los maestros a dotar al estudiantado de herramientas para su desarrollo social y emocional, además de ofrecer a los padres canales confiables de información.

Con las restricciones extendiéndose a gran parte del país, la investigación académica todavía no permite conclusiones tajantes sobre los efectos beneficiosos o negativos de las prohibiciones. Associated Press recoge el testimonio de Julie Gazmararian, profesora de salud pública en Emory University y responsable de investigaciones en el distrito escolar de Marietta sobre el impacto de los vetos. Según Gazmararian, los docentes han recibido la medida con entusiasmo, pues reduce las interrupciones y mejora las interacciones entre compañeros, tanto en pasillos como en cafeterías. Recalcó que hay “notablemente menos llamados a disciplina en el aula”.
Sin embargo, Gazmararian aclara que los estudios aún están identificando impacto sobre el rendimiento académico, el acoso escolar y la salud mental. Associated Press advierte que la evidencia sobre la relación entre redes sociales y malestar psíquico es correlacional y no causal, como advierte Munmun De Choudhury, profesora de Georgia Tech especializada en el tema. Para De Choudhury, todavía falta demostrar de manera concreta qué tipos de uso tecnológico pueden ser perjudiciales o incluso, en ciertos contextos, benéficos para los estudiantes.

A pesar del despliegue nacional de estas nuevas normas, la adopción plena no es unánime. Según Associated Press, este año el Senado de Wyoming votó en contra de una iniciativa que buscaba exigir a los distritos una política sobre celulares, bajo el argumento de que correspondería a padres y profesores asumir esa responsabilidad.
En Michigan, la Cámara de Representantes tampoco logró aprobar un proyecto de ley presentado por los republicanos que proponía la prohibición total en los primeros grados y durante las clases en secundaria. La negativa, motivada por los demócratas, defendió la autonomía de las juntas escolares locales frente a la intervención estatal.
La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer mantiene, pese a la votación, el llamado para que el legislativo le remita una ley que restrinja los teléfonos en centros educativos públicos.
Mientras arranca el año escolar, las políticas relativas a los teléfonos móviles seguirán en debate, con demandas contrapuestas entre educadores, padres, autoridades y especialistas, y bajo la atenta mirada de la comunidad científica que busca precisar las consecuencias reales de estas prohibiciones, de acuerdo con Associated Press.