Entre el temor y el derecho, la odisea de familias inmigrantes para escolarizar a sus hijos en Florida

MIAMI. – Mientras las familias del sur de Florida se preparan para el inicio del año escolar 2025-2026 en agosto, los padres de niños inmigrantes recién llegados pueden inscribirlos en las escuelas públicas gratuitas, un derecho amparado por la Constitución de Estados Unidos.

A pesar de un entorno político y legal cada vez más restrictivo en el estado, que incluye la polémica ley SB 1718, el acceso a la educación para todos los menores está garantizado por el histórico fallo de la Corte Suprema Plyler v. Doe de 1982.

Las clases en los condados de Broward y Palm Beach comienzan el 11 de agosto, y en Miami-Dade el 14 de agosto.

Según la normativa, los distritos escolares no pueden indagar sobre el estatus migratorio y se preparan para recibir a los nuevos alumnos con programas de apoyo lingüístico y otros recursos.

El proceso de inscripción requiere que los padres presenten documentos básicos como prueba de edad, residencia y registros de vacunación, pero no de estatus legal.

Esta garantía educativa persiste a pesar de la eliminación de la política que catalogaba a las escuelas como "lugares sensibles" y de la implementación de leyes estatales que han generado un clima de temor en las comunidades inmigrantes.

Derecho blindado por la ley

El pilar legal que protege la educación de los niños inmigrantes es el fallo de la Corte Suprema de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que declaró inconstitucional que los estados nieguen el acceso a la educación pública gratuita a los niños indocumentados.

Este principio, basado en la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, está reforzado en Florida por un decreto de consentimiento de 1990 que prohíbe a los distritos escolares indagar sobre el estatus migratorio o compartir datos con agencias federales sin una orden judicial.

Sin embargo, leyes recientes como la SB 1718, que invalidó licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados y amplió el uso del sistema E-Verify, han intensificado la presión sobre las familias inmigrantes.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han recordado a los superintendentes de Florida que las escuelas no pueden preguntar por papeles ni facilitar datos a las autoridades de inmigración.

A pesar de que no se han documentado rechazos masivos de matrícula por motivos migratorios, el temor y la desinformación persisten, causando que algunas familias duden en inscribir a sus hijos o retrasen los trámites.

Pasos y documentos

Para matricular a un niño en una escuela pública de Florida, los padres o tutores deben presentar una serie de documentos que, aunque pueden variar ligeramente entre condados, generalmente incluyen un acta de nacimiento, pasaporte o un documento equivalente para acreditar la identidad y fecha de nacimiento del menor.

También se requiere una prueba de domicilio en el condado, como una factura de servicios públicos o un contrato de alquiler, así como un certificado de vacunas de Florida (formulario 680) y la prueba de un examen físico reciente realizado por un médico en Estados Unidos.

Es importante destacar que las escuelas no pueden exigir un número de seguro social para la inscripción. Si el menor no domina el inglés, las escuelas están obligadas a realizar una encuesta sobre el idioma hablado en casa y, de ser necesario, ofrecer una evaluación del dominio del inglés para asignarlo a programas de apoyo como ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) o centros para recién llegados.

Desafíos burocráticos y apoyo comunitario

El principal obstáculo para las familias recién llegadas suele ser práctico y no legal. La falta de registros médicos, traducciones certificadas o pruebas de residencia puede provocar demoras. Sin embargo, las escuelas deben aceptar alternativas temporales, aunque la aplicación de esta norma varía.

En respuesta a estas barreras, los distritos escolares del sur de Florida han reforzado sus sistemas de apoyo. Miami-Dade, que el año anterior registró una cifra récord de 20.000 nuevos estudiantes inmigrantes, relanzó su portal "Back to School" con información centralizada y organiza campamentos de inmersión lingüística.

Por su parte, Broward ha realizado ferias de vacunación gratuitas y sesiones de orientación ESOL en bibliotecas públicas. Entretanto, el condado de Palm Beach expandirá las pruebas diagnósticas para ubicar a los estudiantes en el nivel lingüístico adecuado y mantendrá traductores en sus centros de inscripción.

A pesar de un clima político adverso, el derecho fundamental a la educación prevalece. Conocer las fechas, los requisitos y las protecciones legales permite a las familias inmigrantes navegar el laberinto administrativo y asegurar que sus hijos ocupen un pupitre en el inicio del nuevo año escolar.