(Entrevista) Dudan en Puerto Rico de intenciones de Trump tras despido de cinco miembros de Junta de Control Fiscal

hace 2 semanas 10

NUEVA YORK – Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, duda que el fin principal de la decisión del presidente Donald Trump de despedir a cinco de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMB) en Puerto Rico sea ahorrarle al pueblo miles de millones en gastos por contratos de asesoría al pueblo.

Nieves catalogó como “sorpresiva” la decisión sobre la que Trump no ha explicado las razones. Sin embargo, es uno de los que piensa que los nuevos miembros que se designen al organismo federal podrían inclinar la balanza hacia los bonistas disidentes que buscan que, como resultado de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se les pague la totalidad del monto.

“La mejor noticia hubiese sido la abolición de la Junta”

“Algunos ven esto como la gran noticia de que desmanteló la Junta, pero otros planteamos que levanta mayor preocupación en cuanto a cómo se quiere sustituir la Junta. La mejor noticia hubiese sido la abolición de la Junta…Pero, la realidad es que dejar a unos republicanos ahí, sacar otros que llevaban varios meses algunos de ellos en la Junta de Control Fiscal, sin explicación, sin decir la causa por la cual se hace la destitución…pues uno evaluando el contexto de lo que representa la Junta de Control Fiscal, pues es que hay dos datos que, posiblemente, lo justifican. Uno, que la Junta de Control Fiscal se proyectó que el gasto en el que iba a incurrir, que lo paga el pueblo de Puerto Rico, era cerca de $370 millones, pero la información de tantos contratos y consultores que tiene la Junta, y los casos también en el tribunal, han llevado esa cantidad a $2,000 millones. Eso pudo haber sido una razón, el excesivo gasto que ha habido…”, expuso Nieves.

“¿Pero, no es hasta cierto punto positivo? Se lleva ya meses, años, diciendo que la Junta está gastando de manera exorbitante dinero del pueblo de Puerto Rico y ahora puede que haya una posibilidad de que esto ya no sea así. ¿Ustedes no confían en que eso se traduzca en sacarle menos al pueblo?”, indagó este rotativo.

“Lo que pasa es que eso se menciona como una de las causas para la destitución, pero, en realidad, si esa fuera la causa, lo que habría que hacer es abolir la Junta de Control Fiscal. Lo que tendrían es que abolirla. El hecho de que eso se señale -nosotros lo hemos señalado como uno de los temas que demuestra que la Junta en Puerto Rico ha hecho tanto daño que incluso se ha apropiado de $2,000 millones del pueblo de Puerto Rico, por lo tanto debería ser abolida-, pero, cuando se plantea desde Casa Blanca que esa es la razón por la quieren destituir a estas personas, no es muy creíble…”, respondió en torno a la denuncia de que en casi una década la Junta ha pagado unos $2,000 millones para gastos de asesoría legal y financiera.

A juicio de Nieves, la razón base es completar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE bajo el Título III de la ley federal PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), bajo la que también se creó la Junta (Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico) en el 2016, pero en detrimento de los intereses de los residentes en el territorio.

“Ahí es donde, por primera vez, hemos tenido una Junta de Control Fiscal que se ha trancado. Generalmente, la Junta favorece los intereses de los bonistas. Desde el inicio eso siempre ha sido así, esa es su naturaleza. Pero, en este caso de Energía Eléctrica, los bonistas han querido más, y hay un punto donde se detuvo la Junta y dijo: ‘no más’. Claro, porque después de tantos recortes y medidas de austeridad, completar con lo que ellos piden en el plan de ajuste de la AEE es adelantar la segunda quiebra que se ha pronosticado para Puerto Rico. Entonces, esa es la razón que nos preocupa en términos de que esta destitución va dirigida a favorecer a los cabilderos, bonistas que tienen su influencia en Casa Blanca y también en el Congreso para poner ahí a unas personas que respondan a esos intereses de los bonistas, y esa es la conclusión a la que hemos estado llegando en Puerto Rico de que es la realidad detrás”, insistió.

“Yo quiero que me abunde más en esa parte, porque eso es lo que se ha estado diciendo después del anuncio de los despidos; ahí se ha enfocado el discurso de varios sectores en Puerto Rico. Más allá de la inclinación que pueda tener Trump hacia los bonistas e intereses de Wall Street, ¿qué evidencia o prueba ustedes tienen o en qué se sostienen para decir: ‘mira, muy probablemente, Donald Trump va a nombrar miembros a la Junta que estén más aliados, por ejemplo, a GoldenTree o a otras compañías de inversión? O sea, ¿cuáles son las señales más especifícias de que va en esa dirección?”, indagó este medio.

“El asunto es que, cada vez que esto se lleva al tribunal federal, sigue el tranque entre las partes, recordando que el 45% de los bonistas está de acuerdo con lo que proponía la Junta de que el pago fuera de $2,300 o $2,400 millones. GoldenTree y otra gente que están cerca del 50% de esos bonistas, pues no están de acuerdo. Ante ese tranque que se sigue arrastrando en el tribunal, para nosotros esa es una de las señales… Se ha intentado mediación y todo lo demás, pero sigue el tranque… Y puede entenderse que lo que estamos concluyendo es especulación, pero para nosotros una de las señales claras es ese tranque que ha habido en el tribunal federal”, respondió Nieves.

Para el sindicalista, la postura de la Administración de la gobernadora Jenniffer González de privilegiar fuentes de energía fósil y no renovables a tono con la política del presidente también es motivo de alarma.

“Por otro lado, aquí ocurren alrededor de Energía Eléctrica otras cosas, y es que había legislación dirigida a impulsar con fuerza la energía renovable o una transición de la energía fósil a la renovable. El Gobierno de Jenniffer González ha aprobado leyes que representan un retroceso en esa corriente. Esa política de Trump está en esa dirección también, por lo tanto, aunque la Junta en eso lo último que hizo, que también se trae como una señal, fue detener un contrato (para gas natural) con New Fortress (NFE) que suplía el gas, ante la Junta detener eso…que no es porque tengan un compromiso con la energía renovable, son decisiones meramente financieras…Ese tipo de intervención de la Junta en contra de que avancen los intereses de energía fósil, en este caso el gas, también se convierte en otra señal por la cual hubo esa intervención”, señaló el representante del movimiento sindical.

Nieves consideró que la audiencia el mes pasado en la Cámara de Representantes federal para examinar el desempeño de la Junta habría precipitado la decisión del republicano.

“Esa vista sí precipita este tipo de decisión de Donald Trump, porque le da a él o a los que están detrás de él, a los ‘influencers’, ellos van a la vista y recogen información allí. Allí surgió información de los $2,000 millones, por eso es que lo mencionan también”, expuso.

Cabe señalar que, aunque Trump no se ha expresado directamente sobre Puerto Rico desde que inició su segundo mandato, trascendió que la activista de extrema derecha Laura Loomer, de su círculo cercano, el día después de la audiencia congresional, cuestionó los salarios de los miembros de la Junta y el pago a firmas de consultoría.

En la audiencia del 16 de julio, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, tuvo que responder preguntas de miembros del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Comité de Recursos Naturales sobre el funcionamiento, alcance y los gastos del organismo a casi una década de operaciones en la isla.

Entre otras cosas, Mujica dijo que la estancia prolongada del organismo responde a varios factores, entre los que destacó la resistencia de las autoridades locales en ajustarse a las reformas que imponen. Por otro lado, afirmó que el gobierno de Puerto Rico solo ha presentado un presupuesto balanceado de los cuatro consecutivos que establece PROMESA. El anterior es uno de los requisitos clave para que la Junta deje de operar, aparte de lograr que la isla reingrese al mercado de bonos. Los críticos de la Junta plantean que sus miembros han interpretado la ley a su manera para perpetuarse en el poder e imponer requisitos adicionales no contenidos en el estatuto.

El entrevistado dijo que la falta de quorum en la Junta o de los cuatro miembros requeridos para la toma de decisiones podría retrasar aún más los procesos ante la jueza de Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, para reestructurar la deuda de la Autoridad, sobre la que los bonistas inconformes reclaman que se les pague $12,000 millones o la totalidad de la misma.

“La Junta siempre ha funcionado con el concepto del quorum, pues ahora mismo no tienen un quorum. Operacionalmente, dice el director ejecutivo Mujica, que van a seguir operando con normalidad. Pues será la papelería, los trámites y las decisiones que se hayan tomado pues darle seguimiento. Pero, con relación a lo que se está discutiendo en el tribunal ahora, esto retrasa…va a retrasar la decisión final del plan de ajuste de deuda”, anticipó.

La Junta opera como “un fantasma”

Ante lo que catalogó como falta de voluntad política en Puerto Rico para enfrentar a la Junta, dijo que es necesario reorientar a los puertorriqueños sobre los efectos económicos reales de las medidas del organismo que opera como “un fantasma” siempre presente.

“Lo peor que nos sigue pasando dentro de todo este panorama es que la clase política en Puerto Rico, sobre todo el bipartidismo, no ha enfrentado la Junta. Se quejan de la Junta, pero no enfrentan a la Junta. Los que están en el Gobierno hablan de que esto es culpa del coloniaje, y estamos claro que esto es parte del coloniaje, es una dictadura colonial; pero, ¿qué tú has hecho para combatir esa dictadura colonial?’”, cuestionó.

Los esfuerzos incluirán, según adelantó, colaboración con organizaciones de la diáspora.

En diciembre de 2023, Nieves y otros miembros de grupos sindicales se reunieron con personal de la Casa Blanca y con siete congresistas demócratas y uno republicano.

El grupo, liderado por el excongresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, se enfocó en reclamar acción contra la operación de la Junta en Puerto Rico.

“Cuando nosotros fuimos a Casa Blanca, nos dimos cuenta de que la desconexión (del gobierno federal) con lo que hace la Junta es mayor, porque el Congreso es el que tiene realmente el control sobre el territorio, y es el que debería fiscalizar. Cuando nosotros fuimos a Casa Blanca, el asesor de (Joe) Biden que nos atendió nos dijo que sometiéramos enmiendas para la Ley PROMESA y que sometiéramos candidatos porque en ese momento habían vacantes”, reveló.

Congreso ha incumplido con su responsabilidad

El activista añadió que el Congreso federal también ha incumplido con su responsabilidad de fiscalizar a la Junta.

“El Congreso no ha fiscalizado a la Junta en cuanto a dos elementos principales que tiene que atender a favor del pueblo de Puerto Rico. Uno, proteger los servicios esenciales, y dos, impulsar medidas de desarrollo económico. Ese incumplimiento de la Junta el Congreso no lo ha cuestionado. Donald Trump lo ha cuestionado en esta destitución? Tampoco”, cuestionó.

Sobre medidas como la presentada por el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, para que el organismo abandone el territorio antes de lo que establece actualmente PROMESA dijo que la vieron con buenos ojos, porque “obviamente, (dos años) es mejor que cuatro años”.

“TRUST for Puerto Rico Act of 2022” (HR 7409), que se reintrodujo en el 2022, busca que, no más tarde de 90 días luego de que certifiquen dos presupuestos balanceados, se transfieran las responsabilidades y labores de la Junta a las autoridades del gobierno de Puerto Rico.

Breitbart News, medio conservador que se le identifica como vocero de la Casa Blanca, reportó el lunes en exclusiva que Trump había despedido al presidente de la Junta Arthur J. González, así como a Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas.

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, habría dicho la fuente de la Casa Blanca al referido medio.

El correo enviado a los cesanteados, que transcendió posterior a la publicación de la historia, no especificaba las razones de los despidos.

El mensaje, con fecha del 1 de agosto, fue enviado por Trent Morse, subdirector de Personal Presidencial.

La comunicación indica que, en nombre del presidente, se le informa que la posición como miembro de la Junta termina con efectividad inmediata.

El mismo día de la publicación del artículo, la Junta emitió unas declaraciones señalando que no habían recibido notificación de los despidos.

Horas después, circuló un comunicado que lee y citamos: “La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que el presidente Donald J. Trump despidió a los siguientes cinco miembros de sus cargos: Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas. La Junta de Supervisión continuará trabajando para cumplir con el mandato de PROMESA y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”.

La Junta fue creada como resultado de la aprobación de manera bipartidista de la Ley PROMESA en el Congreso.

Según la página web de la Junta, PROMESA otorga a la Junta dos mandatos principales: ayudar a Puerto Rico a alcanzar la responsabilidad fiscal con reformas que favorezcan el crecimiento y renueven el acceso a los mercados de capital.

“El acceso a los mercados de capital requiere reestructuraciones de deuda porque el mercado no le comprará nueva deuda a Puerto Rico antes de que la isla pueda manejar su deuda existente. La Junta de Supervisión representa a las entidades del gobierno de Puerto Rico que tienen deuda en el proceso de reestructuración de la deuda”, menciona la sección de preguntas y respuestas sobre el alcance de la ley y la Junta.

En la entrada se señala que el Congreso creó a la Junta de Supervisión como una entidad dentro del gobierno del Estado Libre Asociado y que se le otorgan ciertas facultades que de otro modo ejercerían el gobernador (a) y la Legislatura. “Estos poderes se ocupan principalmente de los planes fiscales, presupuestos, reestructuraciones de deuda y políticas, reglamentos, leyes y órdenes que afectan los propósitos de la Ley PROMESA”, indican.

Para que la Junta se vaya de Puerto Rico, se requiere acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de préstamo del Gobierno, “lo que sólo será posible una vez que el Estado Libre Asociado pueda reestructurar la totalidad de su deuda”.

Además, Puerto Rico debe balancear su presupuesto durante al menos cuatro años fiscales consecutivos de acuerdo con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados. Un presupuesto balanceado incluye la emisión de pagos a la deuda reestructurada, especifica la recopilación.

Sobre la composición del organismo, se indica que los miembros de la Junta deben ejercer sus funciones de manera voluntaria.

“Los siete miembros son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Seis de los miembros son seleccionados de las listas provistas al presidente por la mayoría y los líderes de la minoría en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un miembro es nombrado a la entera discreción del presidente. El cargo de los miembros tiene una duración de tres años y, posteriormente, hasta que sean sustituidos por miembros recién nombrados”, abundan.

El séptimo integrante es un exofficio de la Junta sin derecho a voto y debe ser nombrado por el gobernador (a) de Puerto Rico, o la persona designada por el gobernador (a).