Nueva York – Para la secretaria del Departamento de Puerto Rico, Suzanne Roig Fuertes, el creciente aumento en la población de adultos mayores en la isla es un asunto que debe preocupar, no solo a la agencia, sino a todos los sectores.
“Ha habido un cambio significativo poblacional en el que tenemos un incremento de adultos mayores y de la misma manera una disminución en nuestros niños. Sin embargo, en términos del trabajo que nosotros hacemos, también se ha reflejado un incremento en querellas y en solicitudes de servicios para adultos mayores y no es menos cierto que las situaciones con menores han permanecido en unos números sumamente altos”, dijo la funcionaria en una entrevista exclusiva con El Diario en la que se abordaron ese y otros temas ante la consideración de la agencia.
Para el año 2023, la población de adultos mayores en Puerto Rico ascendía a 949,195 de la población total de 3,057,311, según un informe de la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada en la isla.
“Puerto Rico continuará experimentando, no sólo el envejecimiento de su población como sociedad, sino también el envejecimiento interno de la población de 60 años y más. Específicamente llama la atención el grupo de edad de 60-64 años, que es donde se encuentra la mayor concentración de adultos mayores. En Puerto Rico, la vejez tiene rostro de mujer ya que éstas tienen dominio numérico sobre los varones”, concluyó el “Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores: Puerto Rico y el Mundo 2024”.
Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos (USCB) para junio de 2024 apuntaban a que la población de personas de 65 años o más en Puerto Rico duplicaba a la población menor de 15 años. Según el índice de vejez, unos 34 municipios o casi la mitad de pueblos en la isla habían duplicado el tamaño de su población de 65 años o más en relación con la menor a 15 años.
En el caso de Hormigueros, por ejemplo, el índice de vejez era de 312, lo que significa que la población adulta mayor triplicaba a la población de menores en el municipio.
Rincón (285), Guaynabo (252), Lajas (249) y Ceiba (243) le suceden con los índices de vejez más altos.
Roig Fuertes argumentó que esta tendencia continúa.
“Seguimos en esta tendencia y se espera que esto vaya aumentando alrededor de todo Puerto Rico, según los datos del Censo y los especialistas en estos temas. Por eso nuestra gobernadora Jennifer González ha hecho un llamado muy sólido y fuerte. Es parte del plan de gobierno de esta Administración, la atención a los adultos mayores, no solamente desde el Departamento de la Familia, sino desde todo el Gobierno. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que cambiar la forma en que brindamos servicios y cómo atendemos a la gente considerando que, dentro de poco, la población mayoritaria en Puerto Rico van a ser adultos mayores”, expuso.
A preguntas de por qué no se ha atendido a cabalidad el tema en vista de que el cambio poblacional se viene mencionando desde hace años, la secretaria respondió: “Yo no puedo hablar por los que estuvieron antes. Yo creo que cada uno puso su grano de arena e intentó hacer lo mejor. Lo que sí puedo decir es que la gobernadora (Jenniffer González), desde el año pasado, cuando inició toda su campaña comenzó a hablar de esta población y ha sido muy enfática en que Puerto Rico tiene que transformarse en todos sus ámbitos, no solamente el Gobierno, el sector privado y comunitario para atender esta población”.
Roig Fuertes resaltó el hecho de que la migración de boricuas, particularmente, desde el 2017 como resultado del embate del huracán María ha tenido un impacto en la calidad de vida de los adultos mayores.
“Parte del asunto son las migraciones de los más jóvenes, sobre todo a raíz del huracán María y la pandemia y los terremotos. Eso ha traído que muchos adultos se hayan quedado solos, y todos sus hijos y nietos hayan migrado. Eso trae una situación un poco más compleja para los que vivimos aquí”, alertó.
“Tristemente, tengo que decirte que son más (los boricuas en la diáspora) los que se olvidan (de sus parientes en la isla). Quizás los dejaron y se fueron buscando mejores formas y estilos de vida. Sus papás tal vez estaban bien en ese momento, sus abuelos. Pero, pasaron los años, y envejecieron y se quedaron aquí…Cuando venimos a ver tenemos estos adultos viviendo solos en condiciones no adecuadas…”, añadió la funcionaria.
En algunos casos, la gravedad del asunto llega al punto de que personas de la tercera edad son abandonados en hospitales luego de arribar por algún asunto de salud.
“Aquí se ha dado mucho el abandono en hospitales y yo estoy trayendo a la atención que ya estaban abandonados antes en sus propios hogares”, matizó Roig Fuertes.
Las estadísticas del Departamento divulgadas en febrero del año pasado apuntaban a que, desde el 2017 a otoño del 2024, 4,300 adultos mayores fueron dejados en hospitales.
Durante el transcurso del año fiscal 2023-2024, 494 adultos mayores habían sido abandonados en instituciones hospitalarias en la isla.
Para el 2023, según un artículo de El Nuevo Día, el Sistema de Salud Menonita tuvo que manejar 221 casos de adultos mayores abandonados en sus siete hospitales, lo que significó una pérdida de $3,099,379. De acuerdo con el reporte, lo anterior fue resultado de 5,001 días de hospitalizaciones no pagadas por planes médicos, otra parte del problema.
“Por otro lado, también lo vemos en los hogares de cuido. Se fueron, los ubicaron en un hogar de cuido y una llamada es lo que tenemos, y una llamada no es suficiente para supervisar las condiciones en las que se encuentra un adulto mayor”, destacó la secretaria de la Familia.
“Yo creo que la responsabilidad es una compartida. Definitivamente, la responsabilidad mayor la tiene la propia familia. No quiero echar culpas, pero si nos mudamos y nuestro adulto mayor envejeció, nosotros, aunque estemos en la distancia, tenemos que buscar la manera de ayudar”, puntualizó.
Los datos más recientes del Censo en este renglón revelan que unas 208,000 personas de más de 65 años viven solas en Puerto Rico.
Falta de amas de llaves
Sobre las medidas tomadas por la Administración González para atajar el problema, la secretaria aseguró que se han desembolsado fondos principalmente para la contratación de amas de llaves o cuidadores en el hogar.
“Ahora la estrategia va dirigida principalmente a los municipios, y que sean los municipios los que ayuden en la contratación de amas de llaves, que es lo que más se está necesitando en estos momentos”, afirmó.
En febrero pasado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) dijo que desembolsaría $12 millones del Fondo de Bienestar Social a 51 municipios para los programas de Ama de Llaves.
Eliminación del Fondo de Equiparación
Aparte del déficit de cuidadores, la insuficiencia de dinero en los ayuntamientos debido a medidas como la eliminación del Fondo de Equiparación a partir del 2017 han hecho más complicado atender las necesidades de las personas de la tercera edad que no cuentan con respaldo familiar.
El Fondo, que llegó a tener $350 millones, ayudaba a financiar diversos servicios para la ciudadanía.
Fue bajo la Administración del renunciante gobernador Ricardo Rosselló que se decidió eliminar gradualmente el pote hasta junio del 2024 con el aval de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).
Sin embargo, Roig Fuertes insistió en que la Administración que representa está tomando cartas en el asunto.
“Nosotros hemos repartido dinero para el nuevo año fiscal, y, dependiendo el área, se le ha hecho más fácil al municipio reclutar. En las grandes ciudades, como San Juan, es quizás un poco más complicado, pero sí hemos visto una respuesta más certera y más inmediata a atender esta necesidad”, comparó.
En mayo pasado, la gobernadora anunció el llamado “rescate financiero” para municipios o una partida del $35 millones correspondiente a sobrantes. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) decidió que 45 pueblos recibirían el incentivo con base en una evaluación de su situación económica.
El 30 de junio, la Junta notificó a la OGP que solo aprobaría $25 millones para 37 municipios, por lo que ocho pueblos no recibirán la inyección económica.
Roig Fuertes añadió que en el nuevo presupuesto de $13,095 millones con cargo al Fondo Federal para el año fiscal 2025-2026 que la gobernadora firmó el mes pasado también se destinó una cantidad significativa para servicios como el de amas de llaves.
“En el nuevo presupuesto, y así lo anunció la gobernadora, se asignó dinero sustancial para amas de llave, casi duplicando la cantidad de dinero que recibimos para este servicio”, expuso la funcionaria.
Para programas de amas de llaves, el gobierno de Puerto Rico asignó $15 millones de presupuesto que la Administración destacó como el primero balaceando desde que la Junta inició funciones en la isla hace 10 años.
Por otro lado, la gobernadora firmó, el 11 de marzo, una orden ejecutiva que establece la Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor, adscrita a su oficina. El fin es impulsar políticas públicas a favor de esta población a través de todo el gobierno, y promover la coordinación y el trabajo con organizaciones no gubernamentales y otros sectores.
“Las agencias van a seguir 100% con sus funciones. La función que va a tener esta unidad es coordinar con los grupos, asociaciones, la academia, asociaciones que representen a las personas de mayor edad para traer las mejores prácticas y revisar la legislación existente. Revisar todos los programas existentes en todas las agencias para poder trabajar legislación, la mayoría por legislación y otras por órdenes ejecutivas”, especificó la gobernadora sobre el alcance de la Unidad en una conferencia de prensa al momento de hacer el anuncio.
La entrevistada reconoció la función clave que cumple en el bienestar de los viejos el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la subvención en bloque federal que aplica a individuos y familias de bajos ingresos en Puerto Rico para la compra de alimentos.
“Quizás ese dinerito del PAN es lo único que tengan (los adultos mayores) para algún alimento en su hogar”, dijo la secretaria.
A través de programas como el PAN se busca reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza entre las poblaciones más vulnerables.
Según datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2023, en el 55% de los hogares participantes del PAN había al menos un adulto mayor de 60 años. Otro dato a considerar es que en la mitad de los hogares (50%) que se benefician del programa había al menos una persona con discapacidad.
El análisis también reveló que el 68 % de los hogares que reciben dinero del PAN viven por debajo del umbral de pobreza.
La tasa de pobreza entre la población de adultos mayores en la isla alcanza el 40%.
Organizaciones especializadas en el tema, como la CBPP (Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), han alertado del impacto que tendría una transición del PAN al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en la población de personas de mayor edad que viven solas.
Según la entidad, ese grupo junto al de estudiantes universitarios podrían perder los beneficios debido a que la estructura de SNAP los excluye.
Para lidiar con esto, las autoridades locales tendrían que desarrollar su propio incentivo complementario al de SNAP si prosperan los esfuerzos para que Puerto Rico se inserte completamente al programa de asistencia alimentaria federal.
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