Entrevista: uno de los autores del Plan B de independencia para Puerto Rico dice que continúan las reuniones con congresistas

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NUEVA YORK – Javier Hernández, uno de los artífices del “Plan B” de independencia para Puerto Rico e impulsor de la campaña para que el presidente Donald Trump inicie un proceso a esos fines mediante orden ejecutiva, aseguró que el llamado del grupo sigue vivo y que continúan reuniéndose con líderes en el Congreso federal.

Sin embargo, en entrevista exclusiva con El Diario, el también escritor no quiso divulgar los nombres de los legisladores o personal asociado a los que les ha llevado información sobre la propuesta, ya que, según argumentó, eso les daría ventaja a sus opositores.

“Han habido conversaciones, y por razones estratégicas no podemos y no debemos decir con quién estamos reuniéndonos, porque lo que hemos visto es, y esto lo aprendimos, si yo digo que nos reunimos con tal oficina de tal congresista, inmediatamente, los estadistas que tiene PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico) en Washington D.C. y cabilderos, van a inundar a tal congresista con mensajes y narrativa para apaciguar lo que estamos haciendo y para que no se reúnan con nosotros. Ellos hacen eso y lo han hecho…”, afirmó Hernández, nacido en Río Piedras, pero miembro de la diáspora boricua en Nueva Jersey.

El debate por el borrador de orden ejecutiva surgió en marzo pasado, luego de que la propuesta comenzara a circular en redes sociales y fuera reseñada en principio por el tabloide británico Daily Mail.

Hernández fue el que activó inicialmente la discusión al hacer referencia a un memo soberanista que circulaba en la Capital federal como parte de un artículo de opinión publicado en febrero pasado en DC Journal.

De acuerdo con Hernández, en una movida sin precedente, el memo “desafía la viabilidad de la estadidad y prioriza la soberanía nacional como la única solución sustentable para el futuro de Puerto Rico, sacudiendo las bases de activistas pro estadidad y pro Estado Libre Asociado”.

Hernández señalaba que la “Acción Ejecutiva para Atender el Estatus Político de Puerto Rico” enumeraba tres opciones: emitir un decreto ejecutivo para reconocer el derecho de Puerto Rico a declarar su soberanía, utilizar poderes de emergencia para atender la gobernanza y transición, y la opción recomendada, que es establecer un grupo de trabajo federal para la transición de Puerto Rico a la soberanía.

“Este memorándum no deja espacio para la ambigüedad: la estadidad no es ni económica ni políticamente viable para Puerto Rico o Estados Unidos. Citando el reporte de 2014 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el mismo subraya la inmensa carga financiera que impondría a los recursos federales y resalta cómo se exacerbarían los conflictos culturales y lingüísticos. Para Puerto Rico, la estadidad erosionaría su identidad cultural única y aspiraciones nacionales”, escribió Hernández quien también contribuyó en la creación de la “orden”, argumentó el autor de “Puerto Rico: The Economic Case for Sovereignty” en el escrito de opinión.

Al final, el grupo decidió redactar el borrador de orden ejecutiva “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia”, en la que resaltan lo mucho que le cuesta el territorio a Estados Unidos, y sostienen que la solución está en que P.R. se convierta en una república con ayuda del presidente.

“La estadidad para Puerto Rico le impondría una carga financiera mayor e insostenible a EE.UU. USAspending.gov reportó los gastos federales para 2024 en $40,360 millones al año, y proyecciones del 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) y The Wall Street Journal estiman $10,000 millones adicionales al año en gasto federal bajo la estadidad, lo que eleva el gasto total anual a $50,360 millones”, lee parte del borrador inicial de orden ejecutiva.

Tras el revuelo causado, el grupo en el que también destacan figuras como el abogado experto en quiebra, Rolando Emmanuelli; Carlos Rivera Lugo, abogado y profesor; y la economista y profesora Martha Quiñones, revelaron haber mantenido encuentros con parte del equipo de trabajo del senador republicano de Utah, Mike Lee; del representante republicano de California, Tom McClintock, y con los del portavoz de la mayoría republicana en el Senado, John Tune, que representa a South Dakota.

El grupo, que inicialmente constaba de unos 17 independentistas, presentó en mayo el “Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico”, como una manera de oficializar la propuesta.

Este medio contactó a Hernández para indagar sobre el rumbo de los esfuerzos y el enfoque de la movilización a más de seis meses que despegara el debate.

A continuación parte de la entrevista:

El Diario: “Pero, ¿con cuántos congresistas (se han reunido)?…Por lo menos déme el número de personas, y si fue con el congresista o con personal de la oficina del congresista. Yo le pregunto porque ya había transcendido, esto no me lo dijeron ahora, ya yo sabía que Mike Lee, John Tune y Tom McClintock fueron tres de los congresistas o legisladores federales con los que ustedes han mantenido algún tipo de comunicación. ¿Más allá de estos tres políticos, ustedes han mantenido comunicación o han establecido contacto con algún otro referente al Plan B?”

Hernández: “Espero que la gente entienda. Si yo digo que nos reunimos con tal oficina, el gobierno de Puerto Rico va a saber con quién estamos hablando y van a obstaculizar. Ya tienen gente listos para obstaculizar lo que estamos haciendo. Por razones estratégicas, no podemos ni debemos decir (con quién y de qué oficina congresional nos estamos reuniendo)”

El Diario: “Cuando los estadistas, por ejemplo, van allá a cabildear, ellos abiertamente dicen: ‘mira, fuimos a tal oficina, tal cantidad de personas, y hablamos sobre eso’. O sea, el hecho de que ustedes no den esa información, ¿no les resta un poco de credibilidad?, porque si el otro no tiene miedo ni problema en divulgar, ¿porque ustedes tendrían tanto?”

Hernández: “Si ellos dicen que se reunieron con tal oficina o tal cosa, está bien, lo hicieron. Nosotros no estamos invirtiendo millones de dólares para obstaculizar lo que ellos están haciendo en Washington D.C. Nosotros no tenemos esos fondos. Ellos sí tienen los fondos para hacerlo…Por razones estratégicas, ellos pueden decirlo, porque saben que nadie les va a dañar las reuniones y esas cosas. Nosotros tenemos que estar más estratégicos y no estar diciendo con quién estábamos hablando. Y, créeme, estamos en conversaciones con gente…”

El Diario: “¿Republicanos?”

Hernández: “Republicanos y demócratas”

El Diario: “Y, ¿cuál es el ‘feedback’ que ustedes han recibido?”

Hernández: “Que todo está muy interesante y quieren saber más, más información…Y eso es lo que estamos bregando con el plan económico (para la república de Puerto Rico). Eso fue algo que les gustó mucho, que ya se publicó. Es bajo soberanía y puede funcionar bajo independencia o libre asociación”

El Diario: “¿Cuándo fue la última vez que ustedes se reunieron con un congresista o fueron a una oficina congresional a hablar de este tema?”

Hernández: “No puedo decir, porque aún con esa información hay gente que pueden saber con quién nos reunimos…Por eso estoy tratando de proteger nuestra organización y nuestros esfuerzos, porque, créeme, esto no es fácil con esta gente que tienen fondos para desestabilizar las reuniones”

El Diario: “Pero, si ustedes tienen un mensaje fuerte, si ustedes tienen un mensaje serio, ¿no debería haber menos temor en términos de lo que puedan decir del otro lado?, porque si se sostiene con fuerza lo que ustedes están diciendo no debe haber un temor exagerado de que alguien se entere que ustedes fueron a tal o cual oficina”

Hernández: “Yo entiendo, pero lo que hemos visto, la experiencia que hemos tenido desde marzo es fuerte; cualquier cosa que nosotros hacemos y la hacemos pública, ellos los van a utilizar y tratar de destruir cualquier cosa que estemos haciendo…Ya varias veces ha ocurrido esto”

Hernández tampoco quiso dar detalles sobre si Trump o alguien de la Casa Blanca o de su Gabinete respondió a la copia que le enviaron del borrador de orden ejecutiva.

“Me parece que, si le hubiesen dicho que sí o contestado de la Casa Blanca, ustedes lo habrían reseñado o dicho públicamente, ¿no?”, expuso El Diario.

“Depende, porque hay veces que uno tiene conversaciones y ellos mismos piden que no hagan ciertas cosas públicas para evitar revolú en la prensa y dimes y diretes”, respondió.

Hernández explicó que el grupo se divide en quienes organizan y orientan a nivel de Puerto Rico sobre el Plan B, y los que, como él, se concentran en gestiones en Washington D.C. para hacer notar la iniciativa.

“Hay gente que se enfoca más en la organización en Puerto Rico; están haciendo eso, organizar con otros grupos. Yo me enfoco más en las comunicaciones que se hacen con los congresistas…Mi trabajo es hablar con ellos, contestarle las preguntas, y si quieren más información, yo se las puedo proveer”, contrastó.

Dijo que, parte de su trabajo, es ofrecer “datos y propuestas sobre como EE.UU. puede estar en Puerto Rico sin estar ocupando Puerto Rico”.

“Yo gano, usted gana también. Ellos se pueden beneficiar con la soberanía económicamente, democráticamente. Al yo explicárselo así para que ellos lo entiendan, les gusta la idea. Muchos quieren tener más información”, reiteró sobre el enfoque de su mensaje.

A preguntas sobre cómo el reciente despliegue militar estadounidense en la isla podría dificultar cualquier esfuerzo por adelantar el tema del estatus, dijo que no ve la movilización como un asunto extraordinario.

“Lo que está ocurriendo con las prácticas, eso siempre ha pasado. No es que en 50 años no ha pasado nada y ahora pasó. Ellos controlan Puerto Rico. Ellos pueden entrar y hacer ejercicios anfibios o lo que sea, entrenar y se van. Ellos han hecho eso por décadas. Eso no es nada increíble, y hay algunos que se creen que porque están haciendo esto ahora con Venezuela que no hay apoyo a la independencia. Yo obviamente no quiero que esté sucediendo esto. En una república de Puerto Rico, nosotros estaríamos con nuestras propias fuerzas de defensa, y tendríamos relaciones con EE.UU. y otros países”, expuso.

“Nosotros tendríamos nuestra agencia de seguridad nacional, y podemos cooperar con ellos en cuestión de entrenamiento si quieren hacer algo una vez al año”, prosiguió.

Argumentó que algunos congresistas, al abordar el tema territorial, les interesa más el aspecto económico y a otros el de seguridad nacional.

“¿La situación no evidencia que EE.UU. no está dispuesto a ceder a P.R. por su posición estratégica en el Caribe?”, preguntamos.

“Ellos no tienen que pedirle permiso a Puerto Rico, porque P.R. es una posesión. Ellos hacen lo que quieran…Nosotros podemos, como hacen otros países, tener nuestra propia agencia de seguridad y también tener relación y cooperación con ellos bilateral. Todo eso se puede hacer, y eso es lo que a algunos congresistas le gusta escuchar de que nosotros no somos antiseguridad”, contestó Hernández, quien cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Florida International University.

El entrevistado adujo que, bajo la lógica estadounidense, P.R. es estratégico mientras pueda ser usado para su beneficio.

“Solo importamos si nos pueden usar otros. Pero, si Puerto Rico puede usar su propia agencia de seguridad y defensa y tomar control de nuestras prioridades de seguridad, eso no funciona”, cuestionó.

Varios de los opositores al Plan B de independencia argumentan que el Congreso federal bajo la cláusula territorial de la Constitución es quien tiene el control sobre los territorios, y, que, por ende, cualquier potencial solución al dilema del estatus debe provenir del organismo legislativo.

Sobre este particular, el lingüista señaló que el presidente cuenta con amplios poderes bajo los que puede iniciar un proceso como el que ellos reclaman.

“La vía legislativa se ha atendido ya por 120 y pico de años sin ningún resultado…Ahora estamos mirando otra posible vía que es la ejecutiva con el presidente, y el presidente como hemos explicado tiene mucho poder, y en estos años mucho más sobre la política exterior que antes. Eso es algo que nosotros estamos aprovechando. Trump está haciendo muchas políticas que no son usuales para un presidente”, afirmó.

“Si el Ejecutivo apoya que la soberanía es lo que viene, que se pueda mover eso para que ocurra y que por fin se pueda solucionar este problema, porque seguir esperando por el Congreso 127 años más para que se alineen las estrellas…”, agregó.

Sobre cuál sería el mecanismo si no fuera mediante legislación presentada en el Congreso, formuló que en algún punto podría tener que presentarse una medida para que el presidente la firme.

“Si él firma una orden ejecutiva como la que hemos enviado, el borrador, eso ya empezaría el proceso con las agencias federales. Pero, no solamente sería ahí. Se tendría que traer también al Congreso, pero, si el Congreso está bajo los republicanos, ellos sí pueden mover esa legislación para moverlo todo…”, manifestó.

“Hay que traer el Congreso en algún punto para que presenten legislación que el presidente firme”, continuó.

“Queremos que el presidente lo empuje primero, que empiece (el proceso). El Congreso lo termina y él lo firma…Pero, esperar por el Congreso como hemos hecho, nada ocurre”, sostuvo.

Emmanuelli, en una entrevista previa con El Diario, argumentó que el debate ha dejado de lado el análisis sobre los poderes presidenciales que van más allá de las facultades del Congreso.

“La orden no es que vaya por encima del poder del Congreso. Lo que pasa es que la discusión tradicional ha ignorado otros poderes que tiene el presidente, y son precisamente los poderes que Trump está ejerciendo con mayor intensidad. Número 1, el presidente es el que ejerce la diplomacia en los EE.UU. El Tribunal Supremo ha dicho que, en términos de política exterior, EE.UU. habla por una sola voz y esa es la voz del presidente. ¿Qué significa eso? El presidente es el que reconoce los otros países, su soberanía; es a base de la cláusula de los embajadores de la Constitución, y el presidente, en cualquier momento, podría reconocer que Puerto Rico es una entidad o país soberano. Y en ese poder, el Congreso no puede interferir”, dijo el abogado a este periódico en marzo pasado.

Hernández defendió que Trump pueda actuar bajo decreto en cuanto al tema que les concierne, aún cuando el mecanismo ha sido criticado por amplios sectores.

“Esa vía es una herramienta que los presidentes han utilizado por décadas. Si nosotros nunca hubiésemos hecho esta orden ejecutiva, iban a estar recortando fondos, lo iban a hacer (independientemente) que nosotros hiciéramos esto o no. En vez de esperar por el Congreso y que se alineen las estrellas, ellos mismos pueden empezar el proceso con una orden ejecutiva. Sí, es la misma herramienta, pero por ser una herramienta no significa que todo lo que sea orden ejecutiva sea malo”, esbozó.

Otra discusión clave dentro de la general es cómo Puerto Rico se desarrollaría económicamente ante la realidad de que actualmente mucho de los proyectos, programas y obras en la isla se financian con fondos federales.

“¿Reducir fondos federales para Puerto Rico en estos momentos no sería contraproducente para la isla y para su desarrollo?, porque si estamos dependiendo de esos fondos para estar menos mal y ustedes proponen reducir esa cantidad”, preguntó El Diario.

“El hecho de que esos fondos federales sean tan importantes es exactamente el problema. En Puerto Rico, no tenemos el poder soberano para fomentar nuestra propia economía. Ellos crean la dependencia, crean un sistema colonial donde nosotros tenemos que depender de ellos y ahora estamos pendientes de fondos federales. Tenemos que salir de eso y por fin producir nosotros con recursos internacionales y globales”, dijo.

“Así es como funciona la colonia. Ellos quieren que seamos dependientes, y si rompemos con esa dependencia, ahí podemos empezar a desarrollar la economía nacional y con EE.UU. también”, remarcó.

Hernández explicó que en el “Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico soberano” se comparten opciones para asegurar que la isla cuente con fondos federales por cierta cantidad de tiempo como parte de un proceso de transición para ayudar a que se estabilicen sus finanzas.

“Hay un periodo de 20 años en el que ellos nos dan los fondos para que nosotros podamos progresar luego de 127 años de extracción colonial para levantar la economía. Tenemos 20 años para hacer esto bien. Tenemos un plan de año por año como mejorar la economía, lograr acuerdos bilaterales. Todas esas cosas se pueden hacer. En ese tiempo también vamos a estar generando nuestra propia economía, las aduanas, el espacio aéreo. Hay tantas cosas de las que podemos generar ingresos”, mencionó.

“La otra opción es que, si EE.UU. no quiere esperar 20 años, nos pueden dar un monto total de un cantazo, y cada año, una tajada grande va a la recuperación y al fomento económico”, agregó.

A preguntas de por qué no consultaron con sectores distintos al suyo al momento de crear la propuesta, Hernández respondió: “Porque cuando los estadistas van con los millones de dólares que ellos tienen a cabildear por la estadidad, ¿ellos piensan ‘qué dirán los independentistas’?; cuando los estadolibristas van para pedir más mantengo, ¿ellos piensan lo que quieren los otros?, no. Pero, cuando nosotros vamos a hablar de independencia, ahora nosotros tenemos que considerar lo que quieren los estadistas y los estadolibristas. Y eso es algo a lo que yo digo no”.

“Más allá de líderes del movimiento independentista que favorecen la independencia para Puerto Rico, ¿ustedes han logrado recabar apoyo, respaldo, interés, curiosidad de otros espectros de la realidad puertorriqueña que tengan otra ideología?”, abordamos.

“Todos nosotros tenemos la oportunidad de presentar la propuesta a EE.UU. Ellos presentan la estadidad; los populares presentan el ELA mejorado y los ignoran. Nosotros vamos con un borrador, nos escuchan, y eso le molesta a ellos, y lo entiendo. Imagínate, uno invirtiendo millones de dólares en cabilderos y no resultan en nada”, declaró.

El también fundador de la Editorial Libros El Telégrafo reveló que han estado conversando con expertos en el tema de la libre asociación como una alternativa al plan de independencia.

“Nosotros hemos consultado a alguna gente que ha trabajado el tema de la libre asociación y están abiertos a que, si eso es lo que se va a hacer, si EE.UU. nos quiere dar la independencia, está bien; pero si ellos quieren bregar la libre asociación, también tenemos que considerar a sus líderes y todo el trabajo que han hecho. Ahora mismo estamos en ese proceso. Qué es lo que quiere EE.UU.”, puntualizó.

El plan económico en el que también contribuyó Hernández establece que el Fondo de Transición de Puerto Rico (FTR), es esencial y un vehículo crítico para financiar la transformación económica de la nación durante sus primeras dos décadas de soberanía.

“Este plan proporciona una hoja de ruta detallada sobre cómo esos recursos de transición – ya sea a través de una asignación anual de 20 años o un pago único – se invertirán estratégicamente para impulsar el crecimiento, construir capacidad nacional y asegurar la prosperidad a largo plazo para el pueblo puertorriqueño”, lee el principio del texto.

En específico, el plan menciona dos modelos de Fondo de Transición posindependencia, uno de $36,000 millones de dólares anuales durante 20 años, y otros de $489,000 millones en un solo pago nombrado “Inversión Única Global”.

Esta segunda alternativa se calculó bajo la metodología de Valor Presente Neto (VPN) con una tasa de descuento del 4%, y le ahorraría a los contribuyentes de EE. UU., aproximadamente, $231,000 millones en pasivos a largo plazo

Bajo esa opción, se eliminarían las asignaciones recurrentes y gastos administrativos. Por otra parte, el dinero se invertiría a través de un Fondo de Riqueza Soberana, un Fondo de Inversión Social Soberano y un Fideicomiso Nacional de Ahorro y Crecimiento.

“Ambas opciones ofrecen seguridad fiscal, pero el modelo de pago único asegura un mayor valor a largo plazo, creación de riqueza intergeneracional y plena autonomía financiera”, indica el resumen del plan en planbindependencia.org/.

Los autores de la propuesta calculan que los ahorros fiscales para EE.UU. serían de unos $617,000 millones en un periodo de 50 años.

“Según los análisis del Equipo Económico de Plan B: Independencia, si Puerto Rico se convierte en una nación soberana, EE.UU. ahorraría aproximadamente $617,000 millones en futuros gastos federales, incluyendo Medicaid, créditos contributivos, asistencia por desastres y pagos directos. Por lo tanto, el fondo de transición no debe considerarse una dádiva, sino una inversión pragmática que ofrece ahorros sustanciales a largo plazo y refuerza la responsabilidad fiscal de ambos gobiernos”, estima la recopilación.