
“Esto me duele mucho”, expresó Byron Black a su consejero espiritual mientras la inyección letal recorría su cuerpo en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Riverbend de Nashville.
Tennessee ejecutó a Byron Black, de 69 años, por el asesinato en 1988 de su novia y sus dos hijas pequeñas, a pesar de los reiterados pedidos de clemencia basados en su discapacidad intelectual y en los riesgos asociados a su desfibrilador cardíaco.
La ejecución se realizó el martes 5 de agosto, tras la negativa del gobernador Bill Lee y de la Corte Suprema estatal a intervenir, incluso ante la presión de abogados, organizaciones de derechos humanos y algunos miembros del propio Partido Republicano.

Black fue declarado muerto a las 10:43 horas (hora local), minutos después de que se abriera el telón de la cámara de ejecución.
El caso de Black se distingue por dos elementos que lo han situado en el centro de la controversia nacional. Por un lado, su equipo legal sostuvo que presentaba una “discapacidad intelectual indiscutible”, argumento que motivó a diversos sectores, incluidos algunos republicanos, a solicitar un indulto.
Por otro, la presencia de un desfibrilador implantado en su corazón generó inquietud sobre la posibilidad de que el dispositivo pudiera activarse durante la ejecución, provocando descargas eléctricas repetidas y un sufrimiento prolongado, lo que, según la defensa, violaría la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

A mediados de julio, un juez de primera instancia aceptó el argumento de la defensa y ordenó que el dispositivo fuera desactivado para evitar riesgos de dolor innecesario.
Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión pocos días antes de la fecha programada, al considerar que el juez no tenía autoridad para imponer tal medida.
El estado defendió que la inyección letal no provocaría la activación del desfibrilador y que, en cualquier caso, Black no percibiría las descargas. El fiscal general Jonathan Skrmetti declaró a USA Today que “el testimonio de los expertos refuta la sugerencia de que Black sufriría un dolor severo si fuera ejecutado” y subrayó que el objetivo era “responsabilizar a Black por sus horribles crímenes”.

Durante la ejecución, varios periodistas y testigos informaron que Black mostró signos de dolor y angustia, en aparente contradicción con la afirmación de las autoridades estatales.
El consejero espiritual que lo acompañó durante el proceso le transmitió sus disculpas, mientras que Black, aunque se negó a pronunciar unas últimas palabras en la cámara, dejó un mensaje a sus amigos y familiares a través de su abogado: “Te amo y nunca te olvidaré. Todas nuestras relaciones han sido muy especiales. Fue un placer conocerlos a todos y la forma en que conectamos. Que Dios los bendiga y gracias”. Sobre su madre, Black expresó: “Ella correrá hacia mí, me tomará en sus brazos y me dirá: ‘Hijo, te he estado esperando’”.

La abogada Kelley Henry calificó la ejecución como un acto de “sed de sangre pura y desenfrenada, y de una cobardía sin límites”, y denunció que “el estado de Tennessee asesinó a un hombre gentil, amable, frágil y con discapacidad intelectual, violando las leyes de nuestro país, simplemente porque podía hacerlo”.
Henry anunció que revisarán minuciosamente los resultados de la autopsia, los datos del electrocardiograma y la información del desfibrilador para esclarecer lo ocurrido durante la ejecución, especialmente ante el hecho de que Black se quejara de dolor y moviera la cabeza, cuando la dosis de pentobarbital debería haberlo dejado inconsciente de forma rápida.

Angela Clay, de 29 años, y su hija mayor, Latoya, de 9, fueron halladas muertas a tiros en la cama, mientras que la otra hija de Clay, Lakeisha, de 6, fue encontrada en el suelo de otra habitación con múltiples heridas de bala.
La Fiscalía sostuvo que Black actuó movido por los celos y que, en ese momento, se encontraba en libertad condicional tras haber disparado previamente al esposo de Clay, de quien ella estaba separada. Linette Bell, hermana de Angela Clay, manifestó tras la ejecución: “Su familia está pasando por lo mismo que pasamos nosotros hace 37 años. No puedo decir que lo siento porque nunca recibimos una disculpa”.
La ejecución de Black lo convirtió en el 28.º recluso ejecutado en Estados Unidos en lo que va del año, la cifra más alta en una década, con al menos nueve ejecuciones adicionales programadas. En Tennessee, es el segundo caso en 2024, después de un periodo de cinco años sin ejecuciones en el estado.