Fiscal general de NY lidera a otros 18 estados en demanda contra el DOE por límites en fondos federales para programas de energía

hace 8 horas 1

NUEVA YORK – Una demanda de 19 estados y el Distrito de Columbia contra el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) plantea que la política de la agencia para limitar la financiación para programas administrados por las demarcaciones es una arbitraria que terminará aumentando los costos de energía en los hogares.

El recurso judicial, presentado este viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Oregon, es liderado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Los demandantes argumentan que la política del DOE impedirá que los estados utilicen fondos federales críticos al limitar el reembolso por costos administrativos y de personal que durante mucho tiempo han estado cubiertos por estos programas federales de energía.

Debido a lo anterior, el grupo le pidió al tribunal que anule la política que está implementando el DOE por su naturaleza “ilegal”.

“Los neoyorquinos cuentan con los programas estatales de energía para ahorrar dinero en sus facturas, preparar sus hogares para condiciones climáticas extremas y avanzar hacia una energía limpia y asequible”, declaró James en un comunicado que incluye el texto de la demanda. “Los recortes del Departamento de Energía amenazan con echar por tierra estos esfuerzos. Los demandaremos para proteger los fondos que mantienen en funcionamiento estos programas para las familias de todo Nueva York”, añadió la funcionaria.

Los peticionarios explicaron que, por décadas y por mandato de ley, se ha requerido que agencias como el DOE negocien acuerdos con los estados para establecer tasas de reembolso justas para los programas estatales financiados con fondos federales. Los reembolsos incluyen los costos indirectos administrativos o de personal necesarios para operar dichos programas, así como beneficios para los empleados que manejan los mismos (costos “complementarios”). Sin embargo, el 8 de mayo pasado, el Departamento de Energía anunció una nueva política bajo la que se descartan los procedimientos tradicionales y se limitan los costos indirectos y de beneficios a los empleados al 10 % del presupuesto total de un proyecto. Esto sin considerar las tasas negociadas previamente o la necesidad real.

“El daño sería inmediato y grave”

En estados como NY, “el daño sería inmediato y grave”, alertaron las autoridades al hacer referencia a datos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado (NYSERDA). Esa oficina estimó que el nuevo límite recortaría, aproximadamente, $1.6 millones de dólares en la fórmula bajo la que se subvenciona el Programa Estatal de Energía (SEP), lo que generaría una carga fiscal que el estado no puede asumir.

De acuerdo con los datos que maneja la oficina, el año pasado, NYSERDA recibió más de $1.8 millones para costos indirectos y complementarios. Bajo la nueva política, esa financiación se reduciría a solo $314,000.

Los fondos SEP se usan para financiar proyectos de planificación y seguridad energética, y para preparación ante emergencias. Por ejemplo, ayuda a financiar 26 puestos laborales desde administradores hasta especialistas en seguridad nuclear que se encargan de desarrollar el Plan Estatal de Energía. Estas personas también monitorean y responden a las interrupciones del suministro de combustible, colaboran con agencias federales para proteger la seguridad pública cerca de las centrales nucleares y gestionan la Reserva Estratégica de Combustible de Nueva York. Adicional, la financiación se utiliza para garantizar que los sistemas de energía resistan condiciones climáticas extremas o desastres, además de determinar cómo se fijan los precios de la electricidad y las reglas del mercado. Los fondos también se destinan para simulacros anuales que ayuden a preparar al estado a responder con rapidez en caso de interrupción de la red eléctrica o del suministro de combustible.

El SEP también ayuda a los estados a diseñar, desarrollar e implementar programas de energía renovable y eficiencia energética, incluidos programas para ayudar a reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte.

“Durante el pico de la temporada de huracanes, la administración Trump está poniendo en peligro la capacidad del estado para planificar el impacto en nuestro sistema de gasolina y tomar las medidas adecuadas para proteger a los neoyorquinos y nuestra economía”, consideró Doreen M. Harris, directora ejecutiva de NYSERDA. “Este intento del Departamento de Energía de EE. UU. de socavar los servicios esenciales y críticos de planificación energética y respuesta a emergencias no debe quedar sin respuesta…”, añadió la también presidenta.

El documento judicial de “Medidas declaratorias y mandatos cautelares” inicia planteando los servicios y programas clave que son encaminados con los fondos federales del DOE.

“Las agencias estatales de energía que reciben fondos sustanciales del DOE tienen misiones de amplio alcance para promover la eficiencia energética, aumentar la seguridad energética de nuestra nación, apoyar la reducción de los costos a largo plazo para el consumidor y la reducción de la carga energética para los residentes de nuestros estados, y apoyar los esfuerzos de preparación ante emergencias”, lee el texto.

Los demandantes argumentan que los cambios “arbitrarios” y de manera “ilegal” que fueron anunciados en el Informe de Políticas del DOE 2025-25 (el “Informe de Políticas”) limitan la suma de los costos indirectos y los costos de los beneficios complementarios incluidos en las adjudicaciones al 10% del monto total de la adjudicación.

“El Resumen de Políticas contraviene ilegalmente el esquema regulatorio proporcionado por el Departamento de Energía (DOE) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OGA), que asigna costos indirectos con base en una tasa única que una agencia estatal negocia con una agencia federal en particular, y que todas las demás agencias federales están obligadas a aceptar”, expone el recurso.

El informe del DOE no reconoce, según los denunciantes, que los costos indirectos son simplemente costos compartidos entre proyectos, muchos de los que son cruciales para el propósito principal de la financiación. “Esta es precisamente la razón de la práctica anterior de larga data. El Informe de Políticas tampoco aborda las consecuencias reales de esta política ni considera los intereses de los estados en materia de dependencia”, añaden.

La demanda además plantea que, en cuatro ocasiones este año, agencias federales, incluyendo el DOE, han emitido políticas que limitan la capacidad de los beneficiarios para recuperar costos indirectos en virtud de las adjudicaciones federales. “En las cuatro ocasiones, los tribunales federales intervinieron con rapidez, prohibiendo o anulando estas políticas por ilegales por los mismos motivos”, especifica la solicitud.

La demanda puntualiza que la política del DOE infringe la obligación del Departamento de examinar los datos pertinentes y articular una explicación satisfactoria sobre su decisión, “incluyendo una conexión racional entre los hechos constatados y las decisiones tomadas”.

“El Resumen de Políticas no ofrece ninguna explicación de por qué el límite de costos indirectos y beneficios complementarios se establece en el 10 % del monto total de la adjudicación”, agregaron en su petición.

La decisión además obvia “problemas” sobre el límite del 10 %, incluyendo cómo frustrará los objetivos de las adjudicaciones del DOE y reducirá la distribución de recursos, alegan.

Los estados y el Distrito de Columbia concluyen con una solicitud de orden y sentencia, así como una medida cautelar y permanente que declare ilegal y anule la política del DOE, prohíba cualquier acto para implementarlo, incluyendo, entre otros, la Ley de Acceso a la Información (FAL) y cualquier comunicación que requiera a las jurisdicciones demandantes su cumplimiento.

Los otros estados que se sumaron a la demanda fueron: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, North Carolina, Oregon, Washington, Wisconsin, Kentucky y Pennsylvania.