Florida anuncia segundo centro para detención y deportación de inmigrantes ilegales

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves en el Centro Correccional del Condado de Baker la apertura de una nueva instalación para la detención, procesamiento y deportación de inmigrantes ilegales, que se convertirá en la segunda de su tipo en el estado, tras el denominado “Alligator Alcatraz” en el sur de Florida.

Durante el acto, DeSantis destacó que este proyecto forma parte de la misión que —según dijo— el presidente Donald Trump fue electo para implementar. “Asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes de inmigración y remover a los extranjeros ilegales de nuestra sociedad, enviándolos de regreso a sus países de origen”.

El nuevo centro, bautizado como “Deportation Depot” -Depósito de Deportación-, estará ubicado dentro del Instituto Correccional del Condado de Baker, a unos 15 minutos del aeropuerto de Lake City, lo que permitirá agilizar el traslado aéreo de los detenidos.

Cifras y capacidad del nuevo centro en Florida

El director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, detalló que la instalación cuenta actualmente con capacidad para 1.310 detenidos, cifra que puede ampliarse hasta unas 2.000 personas mediante dormitorios temporales. Dispone de siete pabellones con capacidad que varía entre 150 y 258 camas, así como una unidad especial de alojamiento, todo ello rodeado por cercas de 12 pies con alambre de cuchillas.

Guthrie subrayó que el centro ofrecerá servicios que cumplirán o superarán los estándares federales y estatales para este tipo de instalaciones, incluyendo tres comidas diarias, atención médica y farmacia 24/7, patios recreativos interiores y exteriores, acceso a servicios legales y religiosos, y lavandería.

Haciendo frente al problema de la inmigración ilegal

DeSantis recordó que Florida ha implementado políticas estrictas contra la inmigración ilegal, entre ellas la prohibición de ciudades santuario, la participación obligatoria de las agencias policiales estatales y locales en operaciones con ICE, la derogación de la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados y acuerdos 287G para reforzar la cooperación con autoridades federales.

Según el gobernador, la instalación de Baker County permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de personas con órdenes finales de deportación, que en Florida oscilan entre 50.000 y 100.000 casos.

“Este centro no es para alojar indefinidamente, sino para procesar, preparar y devolver a los ilegales a sus países. Esa es la meta, y eso es lo que hacemos en Florida”, recalcó DeSantis.

Reembolso de costos

El proyecto contará con financiamiento federal, ya que —según explicó el gobernador— los costos serán reembolsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Guthrie afirmó que, al tratarse de una estructura permanente ya existente, su puesta en funcionamiento será más rápida y eficiente que la de otras instalaciones, evitando procesos de permisos temporales. “Florida sabe cómo entregar resultados cuando más importa”, concluyó.

Segunda instalación en meses

Deportation Depot aumenta la capacidad de detención de inmigrantes en Florida y se suma a Alligator Alcatraz, inaugurado a principios de este año en el sur de Florida en un antiguo aeropuerto, adaptado en tiempo récord como centro de procesamiento y deportación. La instalación en los Everglades dispone de pista de dos millas, lo que facilita el embarque de detenidos directamente a aeronaves para su repatriación.

Según cifras oficiales, Alligator Alcatraz ya ha procesado y enviado en avión a cientos de personas, y puede albergar a miles de detenidos simultáneamente. DeSantis lo ha descrito como “un centro de un solo paso”, dado que los inmigrantes son trasladados desde las celdas hasta las aeronaves en pocos minutos.

No obstante, Alligator Alcatraz enfrenta demandas y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración, que cuestionan las condiciones de detención y el respeto al debido proceso en las deportaciones aceleradas. Estos casos están pendientes en tribunales federales y estatales, aunque el gobernador sostiene que la instalación opera conforme a los estándares legales.

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