Gobierno de Puerto Rico retira fondos del DHS a Municipio de Aguadilla por declararse "ciudad santuario"

hace 22 horas 3

NUEVA YORK – El Municipio de Aguadilla, al oeste de Puerto Rico, confirmó que la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón le quitará los fondos federales de la Operación Stonegarden (OPSG), luego de que la demarcación se declarará un espacio o “ciudad santuario” en defensa de inmigrantes.

José Cruz, portavoz de prensa del alcalde Julio Roldán Concepción, confirmó la información que reseñan esta semana medios en la isla.

Según el vocero, Aguadilla continúa utilizando los fondos otorgados para el año fiscal 2022 y lo que están negando es el financiamiento que iban a solicitar en las propuestas para los años fiscales que no se han sometido aún.

“Casi todos los municipios operan así. Ellos simplemente nos quitan la oportunidad de solicitar fondos para realizar un trabajo de vigilancia en las costas contra el trasiego de drogas y armas, y el trasiego de indocumentados. Eso nada tiene que ver con la ordenanza que se firmó. El alcalde fue enfático en decir que el municipio tenía un acuerdo para ese tipo de colaboración”, explicó Cruz en las declaraciones que cita El Nuevo Día.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, fue el funcionario que notificó mediante carta a Roldán Concepción sobre la decisión de remover el financiamiento que recibía el pueblo mediante el programa Operación Stonegarden (OPSG).

OPSG es un programa de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que proporciona fondos para mejorar la cooperación y coordinación entre las agencias policiales estatales, locales, tribales, territoriales y federales. El objetivo es fortalecer la seguridad a lo largo de las fronteras terrestres y acuáticas de EE.UU.

A principios de julio, el alcalde que milita en el Partido Popular Democrático (PPD), opuesto al de la gobernadora (el Nuevo Progresista o PNP), firmó la Ordenanza 82 que le prohíbe a los empleados municipales colaborar con redadas o investigaciones migratorias y crea un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.

Dos ciudades santuario en Puerto Rico

En Puerto Rico, Aguadilla y Hormigueros son los dos municipios que se han declarado santuario. La isla está compuesta por 78 municipios.

La misiva de Garffer que reseñó el referido periódico local este viernes con fecha del 21 de julio indica que la remoción aplica a los fondos para los años fiscales 2023 y 2024. Para el primero, se habían asignado $150,000, y, para el segundo, $95,903.

“Esta determinación se toma en consideración a la Ordenanza Núm.82 firmada recientemente bajo su Administración, mediante la cual se declara al Municipio de Aguadilla como una ciudad santuario”, lee parte del documento.

El secretario del DSP argumenta que la decisión de las autoridades municipales es incompatible con los principios de cooperación para implementar el programa.

“Esta política representa un incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”, afirma el funcionario.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de sus agencias componentes, establece como requisito esencial la colaboración activa entre los gobiernos locales y las agencias federales para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. En virtud de lo anterior, la postura adoptada por el Municipio de Aguadilla mediante la Ordenanza Núm.82 constituye un impedimento para continuar con la participación en el programa”, añade la carta.

La Ordenanza Núm. 82, Serie 2024-2025 fue aprobada por la Legislatura Municipal de Aguadilla, el 25 de junio, y, al día siguiente, firmada por el ejecutivo municipal.

Con la medida firmada por el alcalde y aprobada por la legislatura municipal se prohíbe a los empleados municipales colaborar con redadas o investigaciones con base en el estatus migratorio de una persona, y se crea un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales

A través del documento se establece una política de defensa de los derechos humanos y la protección de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

La iniciativa legislativa, presentada por el legislador municipal Rafael Valle Ortiz, va a tono con las posturas tomadas por decenas de jurisdicciones en EE.UU. para proteger a los migrantes.

En EE.UU., hay unas 230 demarcaciones (estados, condados y ciudades) santuarios o que limitan la cooperación de las autoridades locales en la aplicación de la ley migratoria federal.

Una ciudad santuario es la que diseña políticas para restringir la cooperación con las autoridades federales para evitar que más inmigrantes sean deportados, particularmente aquellos que no han cometido delitos graves. Aunque no existe una definición legal única ni un proceso formal para declarar una ciudad bajo esa categoría, muchas de estas jurisdicciones asumen la política mediante ordenanzas municipales.

¿Qué establece la Ordenanza Núm. 82?

La ordenanza aprobada en Aguadilla que fue enviada a El Diario establece protocolos que limitan la cooperación entre las autoridades municipales y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), salvo en los casos en que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública.

“Queda prohibido a todo funcionario o empleado municipal, incluyendo personal de la Policía Municipal detener, interrogar o investigar a una persona, únicamente, por su estatus migratorio; compartir información confidencial con agencias federales de inmigración sin una orden judicial válida; participar en redadas, arrestos o actividades coordinadas por ICE o CBP que no estén respaldadas por una orden judicial”,precisa el documento.

La ordenanza añade: “El Municipio no utilizará fondos, recursos humanos ni materiales para facilitar la implementación de políticas migratorias federales, salvo en cumplimiento de una orden judicial firme”.

El decreto esblece además que toda información recopilada por las agencias municipales que incluya datos personales de los residentes, como domicilio, empleo, centro de estudios o historial familiar, será tratada con estricta confidencialidad y no podrá ser divulgada a las agencias federales sin una orden judicial.

El texto también señala que las acciones no representan una violación de leyes federales, sino el legítimo ejercicio de la autonomía municipal en la protección de su ciudadanía.

“Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, declaró Roldán Concepción al momento de anunciar el decreto que fue complementado por la Ordenanza Núm. 83 para crear el Equipo de Trabajo de Respuesta Interdisciplinario en respuesta a redadas o intervenciones con inmigrantes.

“Esta iniciativa busca ofrecer una respuesta estructurada, solidaria y efectiva ante intervenciones del ICE en la región”, añadió el ejecutivo municipal a través de un comunicado de prensa.

Para crear las ordenanzas, el Municipio utilizó dos modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.

Al momento, las cifras oficiales de ICE apuntan al arresto de al menos 800 migrantes en la isla desde enero.

Cuando trascendió el debate público sobre la remoción de fondos por parte de la Administración Trump a las ciudades santuario parte central del argumento en contra era que el gobierno federal no podía hacerlo debido a disposiciones constitucionales.

Los detractores alegan, entre otras cosas, que la acción viola la Décima Enmienda sobre los límites del poder del gobierno federal, ya que el gobierno de EE. UU. no puede obligar a estados ni otras jurisdicciones a colaborar con las federales en asuntos migratorios.

También han señalado que el proceder de Trump va en contra de las facultades del Congreso que tiene el poder de asignar partidas presupuestarias para el funcionamiento del Gobierno.

A lo anterior se le conoce como el “poder de la cartera” o la autoridad que tiene tanto la Cámara de Representantes como el Senado para manejar el presupuesto y los gastos del gobierno federal.

El Congreso autoriza el programa OPSG y asigna su financiación a través de la Ley Anual de Asignaciones de Seguridad Nacional.