
En un momento crucial para el futuro de la legislación sobre ciudadanía y derechos laborales en Italia, los ciudadanos italianos han sido convocados a las urnas este domingo y lunes para decidir sobre cinco referendos importantes. Las propuestas giran en torno a facilitar el acceso a la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en el país y reforzar las protecciones laborales, en un esfuerzo por afrontar desafíos históricos de inclusión y justicia social.
La consulta más discutida busca reducir de diez a cinco años el tiempo necesario para que los hijos de inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea obtengan la ciudadanía italiana. Según estimaciones, esta medida podría beneficiar a aproximadamente 2,5 millones de personas que, a pesar de haber nacido y vivido gran parte de sus vidas en Italia, enfrentan dificultades para ser formalmente reconocidos como ciudadanos.

Entre los defensores del cambio se encuentra Ghali, un destacado cantante italiano nacido en Milán de padres tunecinos. En sus redes sociales, urgió a sus seguidores a participar en la votación: “Yo nací aquí, siempre viví aquí, pero no recibí la ciudadanía hasta los 18 años”, señaló. Ghali instó a votar “sí” para la reforma, destacando así la importancia de una normativa que permitiría una integración más eficiente de estos jóvenes en una sociedad que ya perciben como su hogar.
Sin embargo, el éxito de este esfuerzo está en la cuerda floja. El sistema electoral italiano requiere una participación mínima del 50 por ciento más uno para que el referendo sea válido. Hasta las 12:00 del domingo, solo el 7,4 por ciento de los votantes habían emitido su sufragio, reflejando una apatía preocupante que amenaza con invalidar los referendos.

Las propuestas de cambio en la legislación laboral, presentadas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), también ocupan un lugar central en este proceso. Estas incluyen revocar leyes que limitan la indemnización en casos de despido ilegal y garantizar que empleados de subcontratas gocen de las mismas protecciones laborales que sus contrapartes en las empresas contratantes. Otro punto crucial es la propuesta de restablecer la responsabilidad compartida entre contratistas y subcontratistas en caso de lesiones laborales, una medida que busca mejorar la seguridad en el trabajo.
La participación del gobierno actual, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha generado controversias. Meloni, que se ha comprometido a presentarse en los centros de votación sin emitir su voto, ha sido acusada por la oposición de centroderecha de intentar desincentivar el voto para que el referendo no alcance el umbral de participación. “Es otro ejemplo más de su característica ambigüedad”, señaló Wolfango Piccoli, analista de la consultora londinense Teneo.

Activistas y partidos de oposición han criticado la falta de cobertura mediática adecuada, mencionando que se ha ignorado el debate vital sobre estos temas. La AGCOM, la autoridad de comunicaciones de Italia, presentó quejas contra la televisión estatal RAI y otros medios por no proporcionar una cobertura equilibrada.
En cuanto al marco normativo europeo, los partidarios argumentan que estas reformas situarían a Italia más en línea con otros países de la Unión Europea, donde la legislación es a menudo más incluyente con respecto a la ciudadanía para nacidos de inmigrantes. Según Selam Tesfaye, activista de "Il Cantiere“, un grupo de derechos humanos con sede en Milán, “el verdadero drama es que ni las personas que votarán ‘sí’, ni aquellas que planean votar ‘no’ o abstenerse, están completamente conscientes de la odisea que enfrentan los hijos de inmigrantes para obtener un permiso de residencia.”