
La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar los visados al ministro de Salud, Alexandre Padilha, y a su familia, como ya había hecho el día anterior con Mozart Julio Tabosa Sales, secretario de Asistencia Sanitaria Especializada del Ministerio de Salud, y Alberto Kleiman, ex asesor de Relaciones Internacionales del Ministerio y actual coordinador general de la COP30, ha suscitado polémica en Brasil. El programa brasileño ‘Más médicos’ (’Mais Médicos’ en portugués), con el que el país importa desde el Gobierno de La Habana médicos a los cuales Cuba retiene hasta el 80% de sus salarios, ha acabado en el punto de mira del Departamento de Estado. En una declaración, el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, afirmó que los funcionarios sancionados contribuyeron a un “plan para exportar trabajo forzoso por parte del régimen cubano” a través de Más Médicos.
En Brasil, el programa se puso en marcha en 2013 durante la presidencia de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). El acuerdo con el Gobierno de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) hizo que entre 2013 y 2018 llegaran más de 18.000 médicos cubanos que fueron destinados a las zonas más remotas del país, desde la Amazonia hasta las favelas, en más de 3.600 municipios brasileños. El problema es que, de un salario de unos 3.000 dólares, los médicos solo recibían entre 800 y 1.000, en algunos casos una parte en cuentas vinculadas a Cuba. Por esto, muchos de ellos en Brasil y Estados Unidos han abierto juicios contra Cuba y la OPS, acusándolos de gestión coercitiva y violación de los derechos humanos. De hecho, han calificado esta práctica de trabajo forzoso o “trata de profesionales”, ya que no tenían libertad contractual ni pleno acceso a su salario.
“El esquema de Mais Médicos supuso para los médicos cubanos un esquema de esclavitud condenado por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Congreso de España, Human Rights Watch, la CIDH, la Human Rights Foundation y otras muchas organizaciones y organismos. La esclavitud es un crimen de lesa humanidad, y estos crímenes no expiran, por lo que los autores deben aún ser perseguidos por la justicia”, explica a Infobae Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización no gubernamental con sede en España que se ocupa de derechos humanos.

Cuando en 2018 el entonces presidente Jair Bolsonaro criticó el programa imponiendo nuevas condiciones, como el pago directo de los salarios a los médicos, el Gobierno cubano decidió retirar a todos sus profesionales, amenazando a quienes se negaran a repatriarse con no volver a ver a sus familias durante ocho años. Así, unos 8.500 médicos cubanos abandonaron Brasil a finales de 2018. Sin embargo, algunos se quedaron, suspendidos entre límites burocráticos, incertidumbres políticas y dificultades de inserción profesional. Es el caso, por ejemplo, de Yaser Herrera, hoy de 37 años, que trabaja en una clínica en Jandira, en las afueras de San Pablo, pero solo gracias a una decisión judicial, ya que aún no tiene la validación oficial de su título a través del programa Revalida ni un contrato directo con el Ministerio de Salud brasileño. “Ni Bolsonaro ni Lula nos han ayudado. Si hoy trabajo es solo porque acudí a los tribunales”, declaró Herrera al sitio web de noticias G1. “He pagado un alto precio por poder seguir ejerciendo la medicina en Brasil. Solo quiero ejercer la medicina de forma justa, sin tener que recurrir a atajos legales. Vinimos para ayudar, pero aún tenemos que demostrar que merecemos quedarnos”, concluyó.
La decisión de Trump fue recibida con indignación por el Ejecutivo brasileño. El ministro Padilha, que afirmó haber creado el programa Más Médicos “con mucho orgullo”, calificó de “acto cobarde” la revocación del visado de su esposa e hija y acusó al “clan Bolsonaro de haberlo orquestado todo”. Pero, sobre todo, Padilha subrayó que, desde 2018, el programa ya no incluye a cubanos, mientras que otros países no sancionados siguen beneficiándose de él.
“El Gobierno del PT no ha hecho nada por denunciar a los autores y reparar los daños a los damnificados, en torno a 20.000 médicos cubanos, y especialmente a los 2.400 que se quedaron en Brasil y este país les canceló sus contratos con Mais Médicos”, dice Larrondo a Infobae. “Posteriormente, jamás se ha reparado el daño en lo más mínimo, por lo que cualquier iniciativa que persiga a los autores del Ministerio de Salud de Brasil, del Gobierno de Cuba y de la OPS es lo mínimo que se debe hacer frente a un crimen de lesa humanidad”, concluye.

Lula también comentó la decisión del Departamento de Estado. “Se lo debe a Cuba. Nuestra relación con Cuba se basa en el respeto por las personas víctimas de un embargo que ha durado 70 años. Hoy se encuentran en dificultades, bajo un embargo infundado. Estados Unidos libró una guerra y perdió. Acepten que han perdido y dejen que los cubanos vivan en paz. No intenten gobernar el mundo, (Trump) no es un emperador”, declaró el presidente brasileño. Según el portal independiente Diario de Cuba, en los primeros cinco meses de este año, el régimen cubano compró más de 200 millones de dólares en alimentos a Estados Unidos, lo que supone un aumento del 16,6% con respecto a 2024. Entre ellos, el producto más comprado fue el pollo. Además, según revelan los documentos obtenidos por la periodista Nora Gámez Torres y publicados en los últimos días por el Miami Herald, Gaesa, el conglomerado militar creado por Raúl Castro en los años 90 para recaudar divisas tras el colapso soviético y que hoy controla el turismo, los bancos, el comercio exterior, las actividades comerciales en dólares, los transportes e incluso las remesas de los emigrantes, cuenta con un tesoro de 18.000 millones de dólares, mientras que la isla se hunde entre el hambre, la escasez de medicamentos y los apagones.
El sitio web del régimen cubano Cubadebate anunció en los últimos días la creación de dos empresas mixtas con Brasil y China en los sectores de la alimentación y la industria ligera. La empresa con el gigante latinoamericano se llama Bioamazonas Alimentos y Otros Bienes de Consumo S.A. y nace del acuerdo entre la compañía cubana Mercalhabana y la empresa brasileña Bioamazonas Indústria e Comércio de Medicamentos Fitoterápicos. La firma tuvo lugar en La Habana, con la presencia de la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, y el embajador brasileño Christian Vargas. El objetivo, según Cubadebate, es la comercialización al por mayor y al por menor de alimentos y bienes no alimentarios, la gestión de materias primas y la prestación de servicios logísticos. Las actividades se centran tanto en el mercado interno como en la exportación, en un intento de generar nuevos ingresos en divisas fuertes. A principios de agosto, Lula también se reunió en Brasilia, durante la 17ª reunión nacional del PT, con Fidel Antonio Castro Smirnov, apodado “Fidelito”, sobrino de Fidel Castro, fallecido en 2016. Washington Quaquá, candidato hace meses a la presidencia del PT y actual alcalde de Maricá, en el estado de Río de Janeiro, difundió una foto en la que aparecen los dos y calificó el encuentro de “emblemático”, anunciando que “Fidelito desarrollará investigaciones en medicina nuclear en Maricá”.
En cuanto a Venezuela, según el sitio web de análisis militar Sociedad Militar, Brasil corre el riesgo de convertirse pronto en “un centro estratégico para el desembarco de mercenarios” atraídos por la recompensa de 50 millones de dólares anunciada en los últimos días por la administración Trump para quien dé informaciones valiosas para la captura de Nicolás Maduro. Pero Brasil también es estratégico para el dictador venezolano, que la semana pasada relanzó su desafío a Guyana por el disputado territorio de Essequibo. “Más temprano que tarde, el Essequibo pertenecerá a Venezuela”, declaró. El territorio, de unos 160.000 km² y rico en recursos minerales, es objeto de disputa entre los dos países desde hace más de un siglo. Según Sociedad Militar, “el alto mando de las Fuerzas Armadas brasileñas ha detectado señales preocupantes en la frontera con Venezuela y Guyana: la construcción por parte de Venezuela de pistas de aterrizaje rudimentarias, puentes improvisados y campamentos fortificados cerca de Roraima y del territorio de Essequibo. Estos acontecimientos han aumentado los temores de un posible intento venezolano de avanzar en la región en disputa, utilizando el territorio brasileño como corredor de tránsito”. Según los expertos, no debe subestimarse el peligro de una guerra asimétrica. A finales de julio, durante el desfile naval con motivo del aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo de 1823, capítulo crucial de la guerra de independencia venezolana de España, el Gobierno de Maduro exhibió un par de lanchas patrulleras lanzamisiles de clase Zolfaqar de fabricación iraní. Están equipadas con misiles antiaéreos Nasr-1, es decir, misiles antiaéreos iraníes que, a pesar de tener un corto alcance, representan una amenaza porque pueden atacar petroleros y buques mercantes. También en julio, el buque oceanográfico ruso Almirante Vladimirsky, ya sospechoso en Europa de operaciones de espionaje y sabotaje contra infraestructuras submarinas en el Mar del Norte, regresó a Venezuela por segunda vez en 2025. Mientras los gobiernos de Moscú y Caracas hablan de una misión científica de cooperación marítima, fuentes occidentales y una investigación de la BBC la describen como parte de un programa del Kremlin para cartografiar cables submarinos, redes energéticas y parques eólicos, con posibles fines militares en caso de conflicto con la OTAN.

En este delicado escenario, Brasil ha intensificado su presencia militar en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana. Desde el 30 de junio está en marcha la Operación Atlas, en la que participan más de 8.600 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con maniobras terrestres, fluviales y aéreas. La misión, que durará hasta octubre, además de garantizar la seguridad nacional, está preparando a las Fuerzas Armadas mediante simulaciones de escenarios de combate en la selva y en entornos urbanos. También garantizará la seguridad logística durante la COP 30, que se celebrará en noviembre en Pará. Según algunos analistas, la respuesta militar de Brasil podría haber molestado a Caracas hasta el punto de enviar una señal. A pesar de que el episodio fue descartado por el Gobierno venezolano como un error del sistema, el estado de Roraima fue objeto de aranceles impuestos de la noche a la mañana por Venezuela. De hecho, la misma semana en que Trump anunció los aranceles del 50% contra Brasil, el Gobierno de Maduro comenzó a gravar con aranceles del 15 al 77% los productos brasileños que estaban exentos, afectando en particular a las exportaciones procedentes del estado de Roraima, que representa el 70% de las ventas brasileñas al país vecino. Brasil tiene un acuerdo bilateral que exime de impuestos aduaneros a los productos con certificado de origen. A los pocos días, se eliminaron los nuevos tipos impositivos. El 5 de agosto se inauguró también el primer y único vuelo directo con frecuencia trisemanal entre San Pablo y Caracas.
Mientras tanto, Venezuela y Cuba siguen sin pagar las deudas contraídas con Brasil. Los datos oficiales muestran que el gigante latinoamericano ha prestado casi 10.000 millones de reales (1.852 millones de dólares) a ambos países para financiar grandes obras de infraestructura, como metros, puertos y carreteras, realizadas principalmente por empresas brasileñas. Aunque estas cifras no aparecen como pérdidas inmediatas en el balance del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), es el Fondo de Garantía a la Exportación, financiado por los contribuyentes, el que cubre los posibles impagos. De hecho, los costes de la deuda a esos dos países recaen sobre la población brasileña.