La Junta dice que continúa operando en Puerto Rico a pesar de despido de sexto miembro del organismo, Andrew G. Biggs

hace 3 horas 1

NUEVA YORK – Andrew G. Biggs, uno de los miembros originarios de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico (FOMBPR), se convirtió en el sexto integrante despedido por el presidente Donald Trump del organismo creado por ley federal para administrar las finanzas y reestructurar la deuda pública.

La propia Junta informó, mediante un comunicado de prensa este miércoles, que Biggs, nombrado en el 2016, ya no formará parte de la Junta o “Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico”.

“La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que la Administración del presidente Donald Trump despidió a Andrew G. Biggs de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión”, indica el parte de prensa.

A pesar de que la Junta queda con seis de los siete miembros que son requeridos bajo la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), la entidad dijo que continúa operando.

“La Junta de Supervisión continúa sus operaciones diarias y su trabajo con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre las prioridades en torno a la responsabilidad fiscal, según lo dispuesto en PROMESA”, agrega el mensaje de la FOMB.

Al momento, solo quedan en la Junta, John Nixon, y el director ejecutivo Robert Mujica.

El 4 de agosto, un reporte del medio Breitbart News señalaba que este lunes Trump había despedido a cinco de los siete miembros de la Junta. En la primera ronda se removió al presidente Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas.

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, indicó una fuente de la Casa Blanca al medio conservador.

En el artículo se hace referencia a los altos salarios de los miembros de la Junta y a los exorbitantes gastos en firmas de asesoría legal como parte del proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico.

Entre otras cosas, el texto menciona que, en promedio, los salarios del personal de la Junta son un 1065 % superiores al ingreso familiar en Puerto Rico.

También se hace referencia a información de diciembre de 2017 que apunta a que la Junta gastó $3 millones de dólares anuales para un total de 14 empleados.

En respuesta a los despidos iniciales, el organismo federal confirmó el martes, 5 de agosto, en un comunicado del despido de los cinco integrantes.

Al día siguiente, en otro comunicado, la Junta señalaba la gestión de Biggs y Nixon como claves para continuar las operaciones.

“La Junta de Supervisión continúa sus operaciones diarias y colabora con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, según lo dispuesto por PROMESA”, señaló el organismo.

Añadieron: “Los miembros actuales, Andrew G. Biggs y John E. Nixon, brindan continuidad a las operaciones de la Junta de Supervisión y a su personal, de conformidad con PROMESA”.

¿Quién es Andrew G. Biggs?

Biggs fue nombrado bajo la Administración del presidente Barack Obama

Cuando fue creada, la Junta estaba compuesta de tres demócratas y cuatro republicanos elegidos por la Casa Blanca de una lista provista por líderes congresionales de ambos partidos.

Biggs es investigador residente en el American Enterprise Institute (AEI). Entre el 2006 y el 2008, ocupó varios puestos en la Administración del Seguro Social (SSA). El funcionario fue Comisionado Adjunto Principal, Comisionado Adjunto de Política y Comisionado Asociado de Política de Jubilación en la SSA. Además, Biggs, republicano, se desempeñó como director asociado en el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca en 2005. De 1999 a 2003, trabajó como analista de seguridad social en el Cato Institute. Previamente, fungió como director de investigación en el Congressional Institute. El cesanteado cuenta con una licenciatura en Queen’s University de Belfast, una maestría en Filosofía de la Universidad de Cambridge, una maestría en Ciencias de la Universidad de Londres y un doctorado de London School of Economics.

La Junta fue creada en virtud de la Ley PROMESA aprobada de manera bipartidista en el Congreso en el 2016.

Se supone que está compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos y un miembro exoficio nombrado por el gobernador (a) de Puerto Rico. La gobernadora actual de Puerto Rico, Jenniffer González, se autonombró integrante exoficio tras asumir la máxima posición.

La Junta es el ente no electo por los puertorriqueños que representa gobierno de la isla en el proceso de reestructuración de la deuda. Aparte de liderar los planes de reestructuración de las agencias e instrumentalidades del Gobierno, los miembros de la Junta deben lograr que el territorio vuelva a acceder a los mercados de capital.

A la par, la Junta tiene un mandato de promover medidas de desarrollo económico en Puerto Rico, lo que para sus detractores no ha hecho en casi 10 años.

En contraste, durante casi una década de haber sido impuesta en la isla por el gobierno federal, la Junta ha implementado múltiples medidas de austeridad, mientras ha desembolsados unos $2,000 millones de dólares en firmas de consultoría y asesoría legal.

Actualmente, la Junta se encuentra inmersa en el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Por un lado, la Junta busca que la AEE pague unos $2,600 millones de $10,000 millones. Por el otro, tenedores de bonos se empeñan en que la corporación pague la totalidad.

En enero de 2022, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, confirmó el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el gobierno de Puerto Rico.

Bajo el plan, se redujo el total de los pagos del servicio de la deuda en más de un 60% o se modificaron unos $33,000 millones de dólares en obligaciones del gobierno central.

Adicional, el plan creó un fideicomiso de reserva de pensiones que debía estar recibiendo $10,000 millones en aportaciones a lo largo de 10 años.

Analistas y expertos en el tema han anticipado que los despidos también podrían traducirse en mayores retrasos en el litigio por la deuda de la AEE.

Opositores a la Junta temen que la acción lleve a nombramientos de personas más afines al grupo de bonistas reacios a llegar a un acuerdo con la Junta como GoldenTree Asset Management.