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México solo ha entregado poco más de 600 millones de metros cúbicos de los 2.185 millones comprometidos con Estados Unidos en el actual ciclo quinquenal. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en su sección mexicana informó que México no podrá cumplir con la entrega de agua pactada con Estados Unidos bajo el Tratado Internacional de Aguas de 1944. Según los datos oficiales, solo se han transferido poco más de 600 millones de metros cúbicos de agua, de los 2.185 millones acordados para el ciclo de cinco años que concluye en octubre de 2025.
El tratado bilateral establece que Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos anuales desde el río Colorado, mientras que México debe aportar 2.185 millones desde el río Bravo cada quinquenio. Sin embargo, la escasez hídrica ha provocado que el país latinoamericano acumule un adeudo de 1.520 millones de metros cúbicos, lo cual incrementaría su compromiso a 3.705 millones de metros cúbicos para el próximo ciclo que inicia el 25 de octubre de 2025.
El jefe del Departamento de Calidad del Agua de CILA México, Manuel Morales, explicó en una rueda de prensa que las represas Amistad, ubicada en Coahuila, y Falcón, en Tamaulipas, se encuentran solo al 21% y 12% de su capacidad, respectivamente. “Esto refleja la severa escasez de agua, de sequía, que prevalece en la cuenca del Río Bravo”, declaró Morales.
El Monitor de Sequía de México registró que, hasta el 15 de marzo, el 58,5% del territorio nacional presenta algún grado de sequía, con afectaciones más intensas en el noroeste y norte del país.
La sequía prolongada y el manejo desigual del agua han dejado 113 de las principales presas del país por debajo de sus promedios históricos. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)El Tratado de Aguas de 1944, oficialmente llamado “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo”, es un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos el 3 de febrero de 1944, aún vigente en la actualidad.
Su objetivo es regular el uso y la distribución de las aguas de los ríos fronterizos entre ambos países, asegurando una asignación equitativa para usos agrícolas, industriales y urbanos en regiones áridas del norte de México y el sur de Estados Unidos.
El tratado establece que Estados Unidos debe entregar a México un volumen anual de 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado. Esta entrega se realiza a través de una estación ubicada cerca de Yuma, Arizona, con destino al estado mexicano de Baja California.
Por su parte, México se compromete a entregar a Estados Unidos un total de 2.185 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo (Río Grande) cada cinco años, utilizando para ello el caudal proveniente de afluentes que nacen en territorio mexicano, como los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado.
La cuenca del río Bravo enfrenta una de sus peores crisis hídricas: 15 de sus 23 presas principales están por debajo del promedio de los últimos 30 años. (REUTERS/Adrees Latif)La implementación y supervisión del tratado están a cargo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), una entidad binacional con una sección en cada país. Esta comisión se encarga de medir los volúmenes de agua transferidos, coordinar las entregas y resolver disputas o diferencias que puedan surgir en el cumplimiento del acuerdo.
El tratado contempla excepciones en casos de fuerza mayor, como sequías prolongadas, permitiendo que un país pueda acumular deuda hídrica y compensarla en el siguiente ciclo quinquenal. Sin embargo, esta flexibilidad está sujeta a revisión constante y puede convertirse en fuente de conflicto si una de las partes considera que el incumplimiento es injustificado o se prolonga excesivamente.
La situación ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países. A finales de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó una solicitud de México para recibir agua del río Colorado destinada a Tijuana, como represalia por el incumplimiento del acuerdo en el suministro de agua para los agricultores del valle del Río Grande, en el sur de Texas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que se mantiene un diálogo con el Gobierno estadounidense, y atribuyó el problema a “muchos años de sequía”. Sheinbaum aseguró que el país buscará cumplir gradualmente con sus compromisos. También anunció la implementación del programa de tecnificación de riego agrícola en la frontera norte y a nivel nacional, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua.
Desde Estados Unidos, la presión política se ha intensificado. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, denunció públicamente que el incumplimiento del tratado por parte de México “ha devastado a los agricultores del sur” y advirtió que bajo la nueva administración estadounidense se exigirán responsabilidades. “Negocien de buena fe o asuman las consecuencias”, escribió en su cuenta oficial de X.
Según la CILA, la escasez en el norte de México impide cumplir con las obligaciones del tratado binacional firmado en 1944. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el senador Ted Cruz y otros legisladores solicitaron al presidente Donald Trump que utilice las negociaciones arancelarias para presionar a México. “Con el presidente Trump en el cargo y la nueva administración, vamos a conseguir el agua”, afirmó Cruz durante un mitin reciente.
El senador texano Adam Hinojosa también envió una petición al Departamento de Estado y a la sección estadounidense de CILA, denunciando que México ha incrementado la actividad agrícola en Chihuahua, utilizando volúmenes de agua que superan el promedio anual comprometido.
En su comunicado, detalló que la escasez ha causado “la pérdida de la producción de caña de azúcar, reducciones significativas en el cultivo de frutas y verduras y el estancamiento de desarrollos habitacionales”. Además, señaló que los municipios rurales de Texas deben comprar agua de distritos externos, lo que ha incrementado sus costos mensuales hasta en un 60%.
El incumplimiento de México en la entrega de agua a Estados Unidos, establecido en el Tratado de Aguas de 1944, no responde a una única causa meteorológica. De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab, la situación obedece a un conjunto de factores estructurales que incluyen la prolongada sequía, el manejo ineficiente de los recursos hídricos y una política de concesiones que favorece a sectores industriales y agroempresariales, por encima de las necesidades de abastecimiento humano y de conservación ambiental.
Uno de los factores centrales es la sequía. Según el análisis realizado por Catálisis, la unidad tecnológica de Quinto Elemento Lab, 113 de las 210 principales presas de México terminaron la temporada de lluvias de 2024 con niveles de almacenamiento inferiores al promedio registrado durante los últimos 30 años.
El 58,5% del territorio mexicano presenta algún grado de sequía, afectando especialmente a estados clave en el cumplimiento del tratado. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)La región noroeste de México —que incluye Sonora y municipios de Chihuahua— ha sido especialmente afectada, con reducciones de entre el 45 y el 100% del agua almacenada. La presa Abelardo Rodríguez Luján, que durante décadas abasteció a Hermosillo, se mantiene por debajo del 20% de su capacidad desde 2015. En total, el 98% de los municipios del país registraron al menos un día de sequía en 2024, marcando un récord histórico.
A esta crisis climática se suma un manejo desigual de las concesiones de agua. Entre 2001 y 2022, el volumen de agua concesionado por el Estado mexicano pasó de 44.000 a 54.000 hectómetros cúbicos anuales, es decir, se aumentó el uso de fuentes superficiales como presas en más de un 20%, de acuerdo con el reportaje de Quinto Elemento Lab.
Gran parte de este recurso se destina a la agricultura intensiva: en la región Pacífico Norte, por ejemplo, el 93% del agua se dirige al riego agrícola, un sector altamente vulnerable a la sequía. Este uso intensivo no se ha acompañado de una modernización adecuada del sistema, lo que provoca desperdicio y sobreexplotación.
En el caso específico de la cuenca del río Bravo, cuya agua México debe entregar a Estados Unidos, 15 de las 23 principales presas están por debajo del volumen promedio de los últimos 30 años. Entre ellas se encuentran las presas internacionales de La Amistad y Falcón, claves para el cumplimiento del tratado.
La presión por el agua no solo viene desde el exterior: dentro del país, estados como Tamaulipas reclaman que se redirijan caudales desde el río Conchos en Chihuahua, lo que genera conflictos por el uso interno de un recurso que ya está comprometido internacionalmente.
Las represas Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas), que son importantes para el cumplimiento del tratado, se encuentran al 21% y 12% de su capacidad, respectivamente. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)El reportaje también señala una falta de infraestructura adecuada y deficiencias en el almacenamiento del agua disponible. En Sonora, por ejemplo, el Acueducto Independencia —que conecta la presa Plutarco Elías Calles con Ciudad Obregón y Hermosillo— enfrenta pérdidas importantes.
El director de la Comisión Estatal del Agua, Ariel Monge, reconoció que en los últimos 15 años se han perdido más de 746 millones de metros cúbicos de agua debido al desfogue de presas como El Molinito, mantenidas vacías para evitar inundaciones por falta de infraestructura reguladora.
Además, la infraestructura hídrica construida o proyectada no siempre responde a las verdaderas necesidades de conservación y acceso. El investigador Francisco Peña de Paz, del Colegio de San Luis Potosí, argumenta que muchas de las obras hidráulicas impulsadas en las últimas décadas han estado dirigidas a beneficiar a grandes productores agrícolas o a generar contratos de obra pública, más que a resolver la escasez de agua para la población. En sus palabras, “las grandes obras no dan agua... lo que dan es dinero”.
La distribución desigual del agua también tiene consecuencias ecológicas. Según la activista ambiental Sandra Guido, la pérdida de suelos permeables y vegetación por efectos acumulativos de la sequía impide la retención de agua cuando llueve, lo que agrava el deterioro de la capacidad de almacenamiento de las presas. Este ciclo provoca erosión hídrica y azolve, reduciendo aún más el volumen útil de los embalses.
Aunque el gobierno mexicano ha anunciado nuevas estrategias, como el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla nueve proyectos de infraestructura y la tecnificación de 200.000 hectáreas de riego, especialistas advierten que estas medidas tardarán varios años en concretarse y podrían no atender los problemas de fondo si no se reformulan las políticas de concesión, distribución y conservación del agua.
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