MIAMI.- En una votación dividida de tres votos contra dos, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó en segunda y definitiva lectura la ordenanza que pospone las elecciones municipales originalmente previstas para noviembre de 2025 hasta noviembre de 2026.
La decisión busca alinear el calendario local con las elecciones estatales y federales, con el argumento de mejorar la participación ciudadana y ahorrar costos.
Los votos favorables de la ordenanza provinieron de los comisionados Damián Pardo, Ralph Rosado y Christine King, mientras que los también legisladores Joe Carollo y Miguel Ángel Gabela se opusieron de manera frontal.
El cambio significa que las elecciones para alcalde y dos puestos en la comisión se celebrarán un año más tarde, extendiendo los mandatos actuales de todos los funcionarios electos, incluido el alcalde Francis Suárez.
Polémica jurídica
La medida desató una fuerte controversia jurídica y política, al enfrentar la resistencia expresa del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien había advertido en dos cartas que la ordenanza resultaba inconstitucional.
En su más reciente comunicación, fechada el 25 de junio, el fiscal acusó a la Comisión de pretender una “desviación inconstitucional” y recordó que, según la carta del Condado de Miami-Dade, cualquier modificación de los términos de los mandatos o fechas electorales requiere el voto de los electores.
Uthmeier también apeló al contexto político de la ciudad, al describir a Miami como hogar de miles de cubanoamericanos que conocen de primera mano los regímenes que dilatan elecciones y prolongan sus mandatos en el poder.
A pesar de las advertencias, el comisionado Damián Pardo, principal impulsor de la iniciativa, defendió la medida señalando que elevaría la participación electoral del rango actual de 10-15% hasta un estimado de 65-70%, además de representar un ahorro de aproximadamente un millón de dólares al evitar una elección separada.
Argumentos
El abogado de la Ciudad, George Wysong, respaldó la validez legal de la decisión. En respuesta al fiscal general, señaló que existen precedentes como el caso Medina v. City of North Miami, donde un tribunal avaló cambios de fechas electorales, y citó el Estatuto de Florida 101.75(3), que permite a los municipios ajustar el calendario electoral mediante ordenanza.
Wysong sostuvo que existen fundamentos para que personas razonables discrepen en la interpretación de la ley, lo que justificaría un eventual litigio.
Más críticas
El comisionado Carollo manifestó su oposición rotunda a la medida, a pesar de que personalmente se beneficiaría con la extensión de su mandato por un año adicional.
Durante las deliberaciones, el comisionado declaró: "Voté en contra porque, primero que todo, creo en lo que declaró el fiscal general de Florida de que es ilegal, pero incluso si no lo fuera, es moralmente incorrecto".
Una de las críticas más directas de Carollo se centró en el hecho de que los votantes no eligieron a los funcionarios para servir cinco años en lugar de cuatro. "El pueblo no nos eligió por cinco años, nos eligió por cuatro años. Esto no es correcto", enfatizó el comisionado durante los debates.
Entretanto, el comisionado Gabela enfatizó que el problema radica en que la ciudadanía nunca votó por un cambio así, mientras que varios aspirantes a la Comisión anunciaron acciones legales.
El gobernador Ron DeSantis también condenó la medida, denunciando en redes sociales que se trata de un intento de cancelar elecciones y violar los límites de mandato, y advirtió sobre una posible respuesta legal inmediata.
Con la ordenanza ya aprobada, se anticipa un escenario de litigios que definirá la constitucionalidad de la extensión de mandatos sin la aprobación popular.
La decisión marca un momento decisivo para la gobernanza local, al poner en tensión la participación democrática, la legalidad constitucional y los intereses políticos de quienes se mantienen en el poder.