Mientras casi nueve de cada diez cubanos viven en pobreza extrema —sufriendo apagones de varios días, farmacias vacías y hospitales colapsados— el conglomerado militar cubano GAESA acumula al menos 18.000 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Estos fondos, blindados frente a impuestos y controles, provienen de las fuentes de divisas más lucrativas de la isla, desde el turismo hasta las remesas.
Una reciente investigación de The Miami Herald reveló que GAESA, controlada por la familia y el círculo cercano de Raúl Castro, actúa como un gobierno paralelo. Se trata de un régimen de corte mafioso, comparable a los de Venezuela, Nicaragua, Rusia y otros países que la historiadora Anne Applebaum engloba en lo que denomina “Autocracia S.A.”. Al controlar los sectores estratégicos de la economía cubana y operar totalmente fuera del alcance de la rendición de cuentas pública, GAESA encarna la corrupción y la impunidad propias del autoritarismo enquistado. En una nación con escasas ambulancias operativas, pero con abundantes patrullas apostadas frente a las casas de los disidentes, este contraste grotesco entre el poder y la miseria pública exige un escrutinio urgente.
Una amenaza que trasciende las fronteras cubanas
El poder económico de GAESA no es solo un problema interno; constituye una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Sus vastas reservas extrapresupuestarias permiten al régimen eludir sanciones. Dado el prolongado historial de La Habana de proporcionar apoyo logístico y financiero a grupos terroristas y dictaduras aliadas —de Caracas a Managua y más allá—, es razonable concluir que estos fondos también financian operaciones de inteligencia exterior y sostienen la represión interna.
Alimentados en parte por el trabajo forzado de profesionales médicos cubanos enviados al extranjero, los ingresos de GAESA son blanqueados mediante empresas ficticias y bienes raíces de lujo, los mismos canales que las agencias estadounidenses clasifican como de alto riesgo para la cleptocracia. Si no se actúa, GAESA seguirá infiltrando sistemas financieros occidentales, financiando campañas de desinformación y reforzando sus vínculos estratégicos con potencias hostiles como Rusia, China e Irán. Esta concentración de riqueza no es solo una injusticia económica; es la póliza de seguro del régimen contra cualquier cambio.
El peligro de un cambio fraude
El riesgo es evidente: las élites del régimen, reetiquetadas con nuevos rostros y discursos, podrían apropiarse de una futura transición democrática y preservar el dominio autoritario bajo la apariencia de reforma. La advertencia de Oswaldo Payá sobre un cambio fraude resuena con fuerza.
El patrón es conocido. En 1990, los sandinistas en Nicaragua implementaron “La Piñata”, transfiriendo más de 20.000 propiedades y activos públicos a sus leales, asegurando así su retorno al poder. En la Rusia postsoviética, antiguos oficiales de la KGB y del Partido Comunista —incluido Vladimir Putin— convirtieron activos estatales privatizados en la base de una nueva autocracia. En Bulgaria, el Partido Comunista reconstituido mantuvo el control mediante la corrupción y el crimen organizado.
Por el contrario, Polonia, la antigua Checoslovaquia y Estonia adoptaron leyes de lustración que prohibieron a exfuncionarios del régimen ocupar cargos de poder, otorgando a la democracia un terreno más firme. La lección es clara: el cambio de régimen no basta; sin desmantelar el poder económico enquistado, la dictadura puede renacer con nuevas formas.
Por qué GAESA debe ser el objetivo central
Algunos sectores del exilio cubano reclaman, con razón, la ilegalización del Partido Comunista. Sin embargo, esa es solo una parte de la solución. Con igual urgencia debe abordarse el desmantelamiento del imperio cleptocrático de GAESA. Los regímenes autoritarios contemporáneos prosperan gracias a la corrupción, utilizando el aparato estatal para enriquecer a las élites y sofocar la disidencia. Cuba no es la excepción: si GAESA sobrevive, también lo hará el autoritarismo, independientemente de las reformas prometidas.
En un escenario posterior a Raúl Castro, La Habana podría adoptar un rostro más “moderado”: introducir reformas de mercado, reconfigurar el partido gobernante, celebrar elecciones sin garantías reales para financiar a candidatos afines al régimen y atraer inversión extranjera, mientras las mismas élites, respaldadas por miles de millones en reservas en paraísos fiscales, mantienen su control. Eso no sería democratización, sino autoritarismo 2.0.
El momento de actuar es ahora
El desmantelamiento de las redes de GAESA debe ser una prioridad tanto para el movimiento prodemocrático cubano como para la comunidad internacional. Este trabajo puede iniciarse de inmediato —incluso antes de una transición política— mediante coaliciones transnacionales para identificar, rastrear, congelar y, finalmente, recuperar los activos robados.
Una alineación poco frecuente de voluntad política y enfoque en Washington ofrece una oportunidad única para actuar con decisión contra esta infraestructura cleptocrática. El imperio financiero de GAESA no es invulnerable; otros países han demostrado que es posible recuperar lo saqueado. Filipinas logró repatriar más de 4.000 millones de dólares robados por Ferdinand Marcos; Nigeria recuperó más de 3.600 millones sustraídos por Sani Abacha; y Túnez congeló cientos de millones pertenecientes a la familia de Ben Ali. Aunque no se recuperó la totalidad de los activos, estos casos prueban que la justicia y la rendición de cuentas son esenciales para construir democracias reales.
La historia demuestra que la libertad es la condición natural del ser humano, y la ola de protestas prodemocráticas espontáneas del pueblo cubano en los últimos cuatro años así lo confirma. Sin embargo, en Cuba —donde el totalitarismo ha perdurado mucho más que el breve periodo democrático y cuyo último referente genuino data de hace casi 80 años— su triunfo está lejos de estar asegurado. Poderosas fuerzas, dentro y fuera de la isla, y en un mundo donde casi el 40% de la humanidad vive bajo regímenes autoritarios, están decididas a impedirlo. De Moscú a Pekín, de Teherán en adelante, los autócratas cierran filas, reforzando las cadenas que mantienen a las naciones cautivas.
La liberación de Cuba dependerá de su pueblo, del resurgimiento de fuerzas democráticas organizadas y de una firme determinación internacional. Un paso decisivo hacia la democratización de la isla debe comenzar por rastrear y congelar los miles de millones de GAESA. No se trata solo de hacer justicia: es demoler la columna vertebral económica del régimen. Si esos fondos permanecen intactos, el próximo capítulo de Cuba será escrito por las mismas manos que han estrangulado su libertad durante generaciones.
Por: Michael Lima Cuadra
11 de agosto de 2025
Michael Lima es investigador y director de Democratic Spaces, una organización no gubernamental dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con los defensores de derechos humanos y la sociedad civil cubana. Posee una maestría en Historia de América Latina por la Universidad de Toronto.