¿Podrán los republicanos aprobar en el Senado la "Gran y hermosa ley de presupuesto" a pesar de las divisiones?

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Nueva York – La mayoría republicana en el Senado trabaja a contrarreloj para aprobar antes del festivo del 4 de julio, la “Gran y hermosa ley de presupuesto” (OBBBA) en medio de divisiones dentro de la colectividad sobre el contenido, así como discrepancias con la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

Reportes de medios nacionales en las últimas horas apuntan a que el proyecto que impulsa el presidente Donald Trump está estancado.

La medida, que es rechazada los demócratas, desde ayer fue sometida a lo que se conoce como “Vote-a-Rama”, proceso en el que los senadores pueden presentar un sinnúmero de enmiendas cada una de las que se vota consecutivamente.

De acuerdo con la página web del Senado federal, ese cuerpo ha celebrado hasta 44 votaciones sucesivamente como parte del trámite.

La serie de votaciones se realiza una vez culmina el debate sobre una resolución presupuestaria o un proyecto de ley de reconciliación en virtud de la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974. El inicio del debate parlamentario fue votado por los senadores el sábado.

La sesión maratónica continúa este martes sin certeza de lo que finalmente incluirá el paquete ómnibus que podría añadir billones de dólares a la ya elevada deuda de Estados Unidos.

La expectativa es que vicepresidente J. D. Vance pueda aportar el voto de desempate.

Vance llegó esta madrugada al Capitolio federal en medio de reportes de que los republicanos en el Senado no contaban con los 50 votos necesarios para aprobar la legislación de presupuesto, tras más de 21 horas de votación.

En este momento, no está claro si el estancamiento llevaría al portavoz de la mayoría en el Senado, el republicano por Dakota del Sur, John Thune, a retirar el proyecto de ley del pleno.

Si logra aprobarse en el Senado, la pieza legislativa retornará a la Cámara para evaluación. En ese cuerpo legislativo, donde los republicanos también son mayoría, la versión inicial fue aprobada por un voto de diferencia.

Las divisiones entre republicanos se centran en dos temas, principalmente. Estos son los recortes a Medicaid y el aumento a $5 billones de dólares del techo de la deuda, resaltan medios como The Hill.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la carga fiscal del proyecto aumentaría los déficits después de 2034, lo que estaría en violación de la llamada “regla Byrd” o “Byrd Rule” del Senado.

En específico, la regla Byrd, que se le conoce formalmente como la Regla del Senado 313 del Acta de Presupuesto, exige que la legislación que se considere en un paquete de reconciliación no aumente el déficit de un año fiscal más allá de la ventana presupuestaria cubierta por la medida.

Además prohíbe la inclusión de “asuntos ajenos” al fiscal en el paquete de reconciliación.

Los datos provistos por CBO constan en una respuesta a una carta al senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, quien es miembro de mayor rango del Comité de Finanzas.

Merkley le había enviado una misiva al director de la CBO, Phillip Swagel, requiriéndole información al respecto. El senador y otros demócratas le solicitaron a la CBO que detallara el impacto presupuestario si se hicieran permanentes los recortes de impuestos de Trump que expiraron en 2017.

La agencia federal estimó que el Título VII o la parte del proyecto de ley correspondiente al Comité de Finanzas, aumentará los déficits en los años posteriores a 2034.

La oficina también estimó que el proyecto de ley del Senado agregará $3.3 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década, $800,000 millones de dólares más que la versión de la Cámara de Representantes.

Medicaid

En cuanto al tema de Medicaid, el borrador del Senado implicaría, aproximadamente, $1 billón en recortes al programa.

Lo anterior sería resultado, por ejemplo, de la imposición de requisitos laborales para algunos adultos entre las edades de 19 a 64 años, y una reducción del aporte federal al gasto de Medicaid para las personas inscritas a través de la expansión de Medicaid de la Ley de Atención Asequible (ACA).

El gobierno federal ahora cubre el 90% de los costos de cobertura de los afiliados a Medicaid que obtuvieron cobertura mediante la expansión. Bajo la propuesta republicana, la tasa de contrapartida del 90% se reduciría a las tasas de contrapartida regulares de los estados, que oscilan entre el 50% y el 74% en los estados con expansión, explica un reporte de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

Por otro lado, en cuanto al tema de créditos para energía limpia, los republicanos lograron insertar un impuesto especial para proyectos eólicos y solares.

De acuerdo con el reporte de NBC, los senadores republicanos dicen desconocer cómo y por qué se incluyó el impuesto en el proyecto.

En respuesta a las diferencias entre republicanos sobre el contenido del proyecto de reconciliación, el portavoz de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, planteó que los miembros de la mayoría no tienen una legislación.

“No tienen proyecto de ley, están retrasando el trámite”, expuso el legislador de NY citado por la misma cadena.

“Están haciendo muchos tratos secretos”, argumentó. “Consiguieron que muchos miembros les prometieran cosas que quizá no puedan cumplir. Así que simplemente están dando largas”, añadió Schumer quien tras la votación para iniciar los procesos el sábado, le pidió a la secretaría del Senado que leyera las 940 páginas del proyecto.

SNAP

En el caso de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) varias medidas contempladas en el proyecto se traducirían en una menor participación en el programa.

Por ejemplo, a partir de 2028, los estados deberán contribuir al costo de los beneficios de SNAP. La contribución estaría vinculada a la tasa de error en los pagos del SNAP de cada estado. El proyecto también incluye provisiones para aumentar la edad requerida para trabajar en el caso de los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) de 54 a 64 años, limita la definición de hijo dependiente a aquellos menores de 10 años y las exenciones de cuidado.

La reevaluación del Plan de Alimentación Económica o Thrifty Plan también tendría impacto en el monto de los beneficios, ya que se limitarían las reevaluaciones a una frecuencia de cinco años, mientras se exige neutralidad en costos.

Lo anterior evitará que los beneficios aumenten acorde con los costos reales de los alimentos.

El plan Thrifty también se utiliza como base para calcular los beneficios máximos del PAN, subvención en bloque que aplica a Puerto Rico.

Los nuevos requisitos laborables no aplicarían a Puerto Rico.

Por otro lado, los recortes al Medicaid no implicarían directamente a la isla.

Los efectos del proyecto de reconciliación en Puerto Rico

En un comunicado el sábado, la gobernadora Jenniffer González Colón resaltó la inclusión de lenguaje que aumentaría de manera permanente el reembolso que recibe Puerto Rico por el arbitrio federal al ron, conocido como “rum cover-over”, en el borrador del proyecto de reconciliación.

De acuerdo con la Administración González Colón, el proyecto de ley aumentaría de manera permanente la cantidad de fondos transferidos a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes provenientes del arbitrio federal sobre el ron producido en estos territorios e importado al resto de los Estados Unidos. Dicho aumento entraría en vigor luego del 31 de diciembre de 2025.

La ley vigente establece que, de la tasa de $13.25 por galón de prueba que se transfiere a Puerto Rico e Islas Vírgenes, $10.50 es permanente, pero el restante $2.75 requiere reautorización periódica por parte del Congreso. “El borrador del proyecto de reconciliación del Senado federal garantizaría el aumento a $13.25 por galón de prueba de manera permanente a partir del 2026”, especifica el parte de prensa del gobierno de Puerto Rico.

“Por años he abogado por hacer permanente este aumento desde mi tiempo como comisionada residente y copresidenta del Caucus del Ron. Con el lenguaje incluido en el proyecto de reconciliación, lograríamos esta meta, garantizándole a Puerto Rico acceso estable a una importante fuente de financiamiento para la prestación de servicios críticos,” dijo González Colón.

El Diario contactó este lunes a personal de prensa de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) para indagar en este y otros asuntos relacionados con Puerto Rico, pero no recibimos respuesta.

Por otro lado, existe la preocupación por los cambios en el Programa de Zonas de Oportunidad que afectarían a Puerto Rico. Las Zonas de Oportunidad son áreas designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incentivar la inversión privada a largo plazo en comunidades de bajos ingresos.

En el caso de Puerto Rico, el 95% ha sido clasificado como zona de oportunidad. Sin embargo, bajo la legislación propuesta en el Senado, solo un 25% de la isla podría seguir usando ese programa y el 98% del territorio tendría que solicitar su participación.

La gobernadora no se ha pronunciado sobre esta disposición. Sin embargo, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, pidió la semana pasada al Comité Conjunto de Asuntos Contributivos (JCT) que evalúe el impacto fiscal y económico de la propuesta del Senado que eliminaría la designación.

La legislación del Senado también incluye cambios al impuesto sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas (GILTI) o un aumento al 14%.

Actualmente, la cifra es de 10.5%. El GILTI lo pagan las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), por lo que tendría impacto en las empresas manufactureras a partir de marzo del próximo año.