Puerto Rico: despido de miembros de la Junta por parte de Trump beneficiaría a bonistas depredadores en caso por la quiebra de la AEE

hace 18 horas 2

NUEVA YORK – Para representantes de distintos sectores dentro y fuera de Puerto Rico, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a cinco de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) no es una buena noticia y apunta a la intención de beneficiar a los bonistas en el pleito por la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Eva Prados, portavoz y coordinadora el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), es una de la que planteó que la acción busca favorecer a los tenedores de fondos buitres.

“No es una buena noticia. Para muchos de nosotros que llevamos años y que, incluso, nos opusimos a la aprobación de la Ley PROMESA, tenemos que decir que esta acción por parte del presidente Trump no es una buena noticia aún por los que nos oponemos a la Junta de Control Fiscal y por la derogación de la Ley PROMESA. Esto no pasa por casualidad. Esto pasa dentro de una guerra campal que está teniendo la Junta de Control Fiscal con un grupo de bonistas en la quiebra de (Autoridad de) Energía Eléctrica (AEE)”, expuso por medio de una transmisión en vivo por Facebook luego de que la Junta confirmara el cese.

La también presidenta de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público argumentó que bonistas como GoldenTree Asset Management son de los que batallan en el caso bajo Título III de la Ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) para que se le pague la totalidad de la deuda. A juicio de Prados, a grupos como ese, es con el que el presidente busca congraciarse.

“Parte de los argumentos que están utilizando estos fondos buitres, que son compañías de inversión que precisamente su método, estrategia, de inversión es comprar deuda a descuentos brutales en países o de compañías que están en quiebra para ellos, que tienen unos bufetes grandísimos, ir a los tribunales, a exigir el pago completo a pesar de que lo que han dado de dinero para comprar esa deuda, ha sido lo mínimo”, explicó sobre el alegado modus operandi de fondos de inversión como el mencionado.

En ese sentido, Prados sostuvo que ante la incapacidad de la firma de llegar a un acuerdo para que se les pague más, buscan presionar a nivel político.

“En el caso de GoldenTree, estamos hablando de una compañía que llega a Puerto Rico, no para prestarnos dinero para la construcción de nuestro sistema eléctrico, no es una compañía que ha invertido en el mejoramiento de Puerto Rico y ahora nos toca devolverle el dinero prestado o la inversión hecha, no; estas son compañías que entraron a Puerto Rico comprando bonos ya a descuento, y sabemos porque está súper documentado que ellos empezaron a invertir en Puerto Rico después de la quiebra, después de la aprobación de la Ley PROMESA. Ellos, actualmente, como no han logrado un acuerdo satisfactorio con la Junta de Control Fiscal, están buscando todos los medios posibles para atacar y desmantelar la Junta de Control Fiscal. Esa ha sido la estrategia de este grupo de bonistas que no han logrado poner a la Junta en un acuerdo satisfactorio en la quiebra de Energía Eléctrica y están haciendo presión para entonces, ya que la vía judicial no ha resultado, entonces utilizar la vía política haciendo presión para destituir a estos integrantes de la Junta”, alegó Prados.

El grupo de bonistas de la AEE que entiende que se les debe pagar unos $3.7 mil millones de dólares en efectivo está encabezado por GoldenTree. El asunto mantiene en tranque las negociaciones con la Junta para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda de la AEE ante la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

De acuerdo con un análisis de Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), compañías como GoldenTree entienden que, desde que la AEE entró en el proceso de quiebra, el sistema ha acumulado ese monto en ganancias netas y que con base en el convenio fiduciario de la emisión de bonos se les debe pagar esa cantidad.

PROMESA es la ley aprobada en el Congreso en el 2016 bajo la que se creó la Junta .

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico es el organismo federal que administra las finanzas de Puerto Rico, presenta los planes para reestructurar la deuda de las agencias e instrumentalidades del gobierno y busca que el territorio reingrese al mercado de bonos.

Para reforzar su argumento de motivaciones políticas, Prados resaltó el hecho de que los cinco despedidos fueron nombrados bajo la Administración del presidente Joe Biden.

“De los cinco integrantes de la Junta, tres de ellos… acaban de ser nombrados, el año pasado, unos en septiembre del 2024, otros en junio del 2024, y otro en enero del 2024. Tres integrantes de Junta que acaban de entrar a la Junta, pero son destituidos por su mal manejo de las finanzas de la Junta de Control Fiscal. No hace sentido alguno. No estamos hablando de personas que llevan muchísimo tiempo en la Junta de Control Fiscal, pero son tres personas que fueron nombradas en la pasada Administración del presidente Biden. Así que fueron nombradas por un gobierno demócrata; no son personas verdaderamente vinculadas que han tomado decisiones específicamente que han aumentado los costos”, señaló.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la isla, María de Lourdes Santiago, coincidió en que, con la decisión de la Administración Trump, algunos bonistas “esperan salir más que bien”.

“Nada que celebrar: la destitución de 5 integrantes de la Junta de Control Fiscal no responde a una súbita conciencia de responsabilidad fiscal y democrática. Se trata de la pugna entre bandos de inversionistas: los que esperan salir bien con la quiebra de la AEE y lo que esperan salir más que bien. La Junta no llegó a rescatar al país. Llegó a proteger a los depredadores financieros que se beneficiaron por décadas de la triple exención y todavía quieren más, aun a riesgo de una segunda quiebra”, compartió en la red social X.

En la misma línea se expresó la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez.

En declaraciones escritas, la congresista inició reconociendo las deficiencias de la referida ley aprobada bajo la Administración Obama.

“Existen serias y antiguas preocupaciones con la Junta Fiscal, su interpretación expansiva de PROMESA y la austeridad que ha impuesto, la cual ha devastado a las comunidades puertorriqueñas. Desafortunadamente, cuando Puerto Rico se declaró en bancarrota, no existía una vía legal para reestructurar ordenadamente su deuda. El Congreso intentó subsanar esa deficiencia en 2016, pero el proceso ha estado lejos de ser perfecto. Desde entonces, he luchado durante años para controlar el poder de la Junta y exigirle cuentas a las personas a las que nunca fue elegida para representar”, indicó Velázquez, quien votó a favor de la Ley PROMESA.

La legisladora federal planteó que, lejos de desmantelar la Junta o modificar el estatuto, la acción de Trump facilita los nombramientos de personas afines con los bonistas o cabilderos de acreedores.

“Pero esta repentina purga de Donald Trump no se trata de justicia ni de reforma. No desmantela la Junta ni modifica PROMESA. Simplemente crea una oportunidad para llenar la Junta con nombramientos aún más extremistas, probonistas, que seguirán priorizando las necesidades de los fondos de cobertura por encima de las del pueblo puertorriqueño. Si Trump nombra cabilderos de acreedores para la Junta, como hizo en su primer mandato, los puertorriqueños terminarán pagando facturas de energía más altas durante décadas y enfrentando recortes de servicios más profundos, todo para aumentar las ganancias de Wall Street”, alertó.

Velázquez no duda que la reciente audiencia en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara para examinar el funcionamiento de la Junta haya contribuido a que Trump procediera en contra de los cinco integrantes.

“También es preocupante que un intercambio desafortunado durante una reciente audiencia del Comité de Recursos Naturales haya terminado en manos de actores maliciosos, lo que podría haber contribuido a desencadenar esta cadena de acontecimientos”, añadió.

Durante el encuentro el mes pasado, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, fue cuestionado, entre otras cosas, sobre los gastos en los que incurre el organismo en firmas de asesoría legal que se estiman en más de $2,000 millones de dólares. También tuvo que responder preguntas sobre la fecha en la que el organismo podría finalmente abandonar la isla.

“Como mínimo, el pueblo de Puerto Rico merece una Junta que trabaje para él, no una elegida a dedo para servir a los fondos buitres. Seguiré luchando por una recuperación justa y sostenible, y por el día en que los puertorriqueños puedan finalmente gobernar sin la sombra de un control no electo e irresponsable”, concluyó la representante.

El también representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, anticipó que cualquier acuerdo preferencial para los bonistas en el caso por la quiebra de la AEE se traduciría en tarifas de electricidad más altas para los residentes en la isla.

“Donald Trump ha despedido a todos los nombramientos demócratas para la Junta de Supervisión y Gestión Fiscal y probablemente los reemplazará con leales partidarios: políticos corruptos dispuestos a vender a Puerto Rico a bonistas depredadores. Si estos bonistas logran su acuerdo preferencial, Puerto Rico se verá obligado a pagar las tarifas eléctricas más altas del país (solo superadas por Hawái) mientras depende de una red eléctrica deficiente. Pagar las tarifas eléctricas más altas por una red eléctrica deficiente no es “eficiencia”. Es explotación”, avisó por X.

El profesor y economista boricua, José Caraballo Cueto, insistió en que la discusión del plan de ajuste de deuda de la AEE no debe traducirse en cargos adicionales en la factura como presionan los bonistas.

“Los críticos de la Junta como ente impuesto, criticaremos la Junta de Trump con más ahínco. No hay por qué contentarse con la Junta menos mala ni ser fatalista. El mensaje no cambia: esta economía NO aguanta el cargo adicional que quieren los bonistas”, sentenció por la red antes conocida como Twitter.

Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, indicó que dará la batalla para que los seleccionados para cubrir las vacantes respondan a los intereses del pueblo y no a los de los bonistas.

“Como comisionado residente impulsaré que los nombramientos para cubrir las vacantes respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico y no a los intereses de aquellos que quieren aumentar la luz para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica”, compartió por Twitter.

“El problema principal de la Junta de Supervisión Fiscal no es quiénes la integran, sino su naturaleza antidemocrática. Independientemente de quiénes la componen, mi norte será defender a Puerto Rico y su derecho a autogobernarse”, agregó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo estar dispuesta a colaborar con los nuevos miembros que nombre el presidente.

“Durante mi término en el Congreso como comisionada residente, trabajé con distintos miembros de la JSF, y ahora trabajaré junto a quien sea la nueva composición de la Junta una vez lo anuncie el presidente Trump”, expresó mediante declaraciones escritas la primera mandataria.

“Esta servidora y mi administración hemos trabajado y mantenemos una comunicación directa desde el día uno con todo el componente de la Junta y su personal. Este trabajo continuará con los nuevos miembros para ponerle punto final a la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico”, añadió González Colón quien, como republicana, respalda la política pública de Trump.

Para el presidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, los despidos son “el más burdo ejemplo que vivimos bajo un régimen colonial, donde no contamos con el poder político para tomar nuestras propias decisiones”.

“Esta acción demuestra, además, que nunca hubo un pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos en el 1952 como los defensores de la colonia han intentado decir por décadas”, apuntó el líder cameral miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

Méndez afirmó que la condición del estatus territorial de Puerto Rico y la no solución del tema fue lo que, precisamente, facilitó la imposición de la Junta.

“Vivimos en una colonia y las personas que buscan que continuemos viviendo bajo esta inmoral condición política sólo lo hacen por sus aspiraciones personales, no quieren lo mejor para Puerto Rico. La imposición de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA en 2016 dejó al descubierto la falta de verdadera autonomía. Puerto Rico no controla sus finanzas, y muchas de sus decisiones políticas están subordinadas a una entidad impuesta por Washington. Las acciones de hoy dejan al descubierto, otras vez, esta realidad. No hay forma de defender la colonia”, puntualizó Méndez.

David Skeel, quien fuera el presidente de la Junta por casi ocho años, emplazó a los destituidos a impugnar la decisión del presidente.

“Espero que uno o más de los cinco impugnen su destitución para proteger los intereses de Puerto Rico. Hay muy buenos argumentos legales que demuestran que @FOMBPR es diferente a las agencias donde la destitución puede confirmarse a pesar de la ausencia de argumentos creíbles que demuestren que existe causa para ello”, lee un mensaje también en X en respuesta al comunicado de prensa de Velázquez.

La ley establece que el presidente de EE.UU. puede remover con justa causa a cualquier miembro de la Junta. Justa causa significa que debe haber una razón válida y fundamentada para la destitución y que no puede ser una decisión arbitraria.

El estatuto establece además que la Junta estará compuesta de siete miembros nombrados por el presidente y uno exoficio nombrado por el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Uno de esos miembro será seleccionado de una lista de individuos presentada por el presidente de la Cámara de Representantes federal; otro miembro será seleccionado de una lista separada presentada por el presidente de la Cámara de Representantes que estará compuesta de individuos que mantienen su residencia principal en el territorio o tienen las oficinas centrales de su negocio en el territorio; dos serán seleccionados de una lista presentada por el líder de la mayoría del Senado; uno será seleccionado de una lista presentada por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes; un integrante de una lista presentada por el líder de la minoría del Senado; y otro será seleccionado a la entera discreción del presidente.

En junio pasado, Skeel, informó que no se postularía a un tercer termino. El también abogado corporativo había sido nombrado inicialmente por el senador republicano Mitch McConnell. Tras la renuncia, Biden anunció el nombramiento de Luis Ubiñas.

La designación fue cuestionada por diversas organizaciones que se oponen a la Junta ya que Ubiñas, socio de McKinsey & Company, había sido señalado por conflicto de interés porque asesoraba a la Junta al mismo tiempo que ayudaba al organismo federal a revisar y evaluar contratos con compañías que eran sus clientes.

Ubiñas fue uno de los cinco cesados por Trump, junto al presidente de la Junta, Arthur J. González; Cameron McKenzie, Betty Rosa y Juan Sabater.

Precisamente, Power4PuertoRico, una de las entidades más vocales en contra de los nombramientos de inversionistas a la Junta, insistió es que necesario abolir el organismo, ya que no vela los intereses de los puertorriqueños.

“Ahora más que nunca, la Junta que gobierna Puerto Rico debe ser abolida. La empresa eléctrica debe acogerse al Capítulo 9 de bancarrota. Es fundamental priorizar la descolonización plena en una colaboración de trabajo entre ambos países”, recalcaron.