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NUEVA YORK – La Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico (OIG) refirió a la del Inspector General de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) un informe que señala “deficiencias significativas” en los controles internos, así como múltiples incumplimientos de regulaciones relacionadas con el pareo de fondos federales y estatales para el programa Medicaid.
El “Examen sobre evaluación de pareo de fondos federales y estatales del Programa Medicaid” con fecha de 17 de julio, enumera siete hallazgos principales que llevaron a la conclusión anterior.
El Área de Pre-intervención y Exámenes (Área de PIE) de OIG realizó un examen al Programa Medicaid del Departamento de Salud, para determinar el cumplimiento con las regulaciones aplicables relacionadas al pareo de fondos federales y estatales.
La evaluación abarca del 2012 al 2023.
En Puerto Rico, por ser un territorio, la aplicación de Medicaid es diferente.
Parte del programa lo costea el gobierno federal y el resto el de Puerto Rico.
Actualmente, la tasa de pareo federal o lo que contribuye el gobierno federal al Medicaid es 76%. Otra particularidad de la aplicación de Medicaid en la isla es que las partidas tienen que ser aprobadas cada cierto tiempo por el Congreso, lo que se conoce como “precipicio o abismo” fiscal. La última asignación para cinco años se extiende hasta el final del año fiscal federal 2027.
En la isla, Medicaid es administrado por el Departamento de Salud a través del Plan Estatal de Medicaid que responde a su vez a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), quien es el ente encargado de desembolsar o denegar fondos.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) es la entidad encargada de negociar con aseguradoras de servicios de salud un sistema de seguros de salud para cuidados médicos hospitalarios. Las aseguradoras someten sus facturas a ASES quien efectúa el pago por los servicios médicos.
Los hallazgos del informe de OIG sobre Medicaid en Puerto Rico
El primer hallazgo del informe tiene que ver con fondos federales que habían sido autorizados bajo el Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) de 2021 y que CMS denegó.
Según el reporte, se identificaron fondos denegados por $183 millones debido a fallas en la presentación de gastos y al uso indebido de recursos asignados.
El examen de las subvenciones federales certificadas reveló que, para los años fiscales 2012-2013 al 2021-2022, el CMS determinó la denegación de reembolsos por $183,150,512.23 de los fondos previamente asignados debido a ajustes en la subvención, desaprobaciones o aplazamientos.
“El Programa recibió para los años fiscales 2012-2013 al 2021-2022, 21 Notice of Award (NOA) con cantidades en negativo por $183,150,512”, lee el documento de 82 páginas.
Un NOA (notificación de adjudicación en español) es un documento oficial que anuncia la aprobación de una subvención o contrato.
El 14 de octubre de 2022, la entonces directora interina de la División Fiscal del Programa, mediante certificación, indicó que CMS decidió eliminar subvenciones sin notificación previa y que esos errores estaban bajo la consideración de CMS y en espera resolución.
Otro de los hallazgos fueron pagos por indemnización a los Centros de Salud Federal Cualificados (FQHC) con fondos federales y estatales no recurrentes equivalentes a $120 millones.
El Sistema de Pago Prospectivo (PPS) establecido por BIPA (“Ley de Mejora de Beneficios de Medicare, Medicaid y CHIP de 2000) requería que los servicios de FQHC fueran reembolsados a una tasa mínima proporcional a los beneficiarios de Medicaid. El nuevo PPS estableció una tarifa de pago por servicio antes de que se reciba el mismo.
“La legislación federal establece que Puerto Rico debe pagar a los FQHC los ingresos que dejan de recibir en el pago por sus servicios. El pago para cubrir la diferencia es conocido como ‘wraparounds’. En el Plan Estatal de Medicaid de Puerto Rico requiere que dichos pagos se paguen trimestralmente”, señala otra parte del documento.
La evaluación OIG arrojó además que reembolsos federales fueron registrados como ingresos propios en el presupuesto del programa, lo que se tradujo en aproximadamente $70 millones en reembolsos mal clasificados en el presupuesto del programa.
La examinación también detectó acumulación de intereses bajo el “Cash Management Improvement Act Agreement” o CMIA (Acuerdo sobre la Ley de Mejora de la Gestión de Efectivo) debido a retrasos en la transferencia de fondos federales.
Lo anterior se refiere al contrato legal entre el Departamento del Tesoro federal y un gobierno estatal.
“Mediante este acuerdo se establecen las reglas y procedimientos generales para la transferencia de fondos a programas federales de asistencia financiera entre el gobierno federal, los estados y territorios”, especifica el reporte.
El estudio de los reembolsos federales reveló que el Departamento de Salud incurrió en acumulaciones de intereses debido a incumplimientos en los procedimientos establecidos por CMIA.
“Los fondos solicitados a CMS permanecieron entre 3 y 9 días en la cuenta bancaria del Departamento de Hacienda antes de ser transferidos a la cuenta del Departamento de Salud, excediendo el límite de un día estipulado por el CMIA”, detalla el análisis.
Otro descubrimiento fue la ausencia de reglamentación interna aprobada en la División Fiscal del Programa Medicaid para el rastreo de los fondos federales recibidos, así como para el proceso de petición presupuestaria en el Departamento de Salud.
“La reglamentación interna es esencial para lograr una administración eficiente, ya que proporciona una estructura de control interno que garantiza la consistencia, uniformidad y calidad en las operaciones de la entidad. Además, define claramente las responsabilidades de cada área de trabajo, de manera de que cada empleado conozca de antemano el proceso del cual es responsable, su participación, y la acción a tomar o seguir, entre otros aspectos”, alerta el informe.
Otra falla fueron las deficiencias materiales en los procedimientos contables y la información financiera señaladas en las auditorías sencillas por más de 5 años.
Lo anterior incluye la falta de procedimientos adecuados para el corte y las conciliaciones mensuales y anuales, lo que ocasiona retrasos en el procesamiento de ajustes contables con efectos retroactivos; controles presupuestarios insuficientes que no garantizan que los costos se mantengan dentro de los niveles aprobados para cada actividad programática; y la ausencia de conciliaciones oportunas entre las transacciones contables registradas y los informes preparados por la administración de programas federales.
“Las situaciones señaladas en el presente informe constituyen una cantidad aproximada de al menos $2,094,604,7791 en costos cuestionados, correspondientes a cantidades autorizadas en Payment Management Services (PMS) en negativo y uso de fondos estatales no recurrentes para pago de indemnización a los FQHC, conforme a las transacciones evaluadas al momento de culminar la intervención”, concluye el informe.
Bajo la sección de recomendaciones, la OIG ofrece una extensa lista que aplica al secretario de Salud, a los encargados del Programa Medicaid, de la Oficina de Asuntos Fiscales y la de Recursos Externos.
El informe fue firmado por Ivelisse Torres Rivera, inspectora general, y por el director del Área de Pre-intervención y Exámenes, Pablo L. González Flores.
La OIG fue creada en virtud de la Ley Núm. 15-2017 con el fin principal de prevenir y detectar el fraude y promover una sana administración gubernamental.
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