
El 27 de mayo, Liverpool celebraba a lo grande el título de la Premier League. Lo que debía ser una jornada festiva, con cientos de miles de aficionados en las calles, se tornó en tragedia. Paul Doyle, de 53 años, condujo un Ford Galaxy Titanium que embistió a una multitud al final del desfile, dejando un saldo de al menos 79 heridos, entre ellos varios niños. La policía de Merseyside informó que las víctimas tenían entre 9 y 78 años, y que cerca de 50 personas necesitaron atención hospitalaria.
Paul Doyle nació en 1970 y reside en la zona de West Derby, Liverpool. Está casado y es padre de tres hijos. Tras su paso por la escuela, se enlistó en la Royal Navy y entre 1990 y 1994 se desempeñó como comando de la Marina Real Británica. Superada esa etapa, Doyle profundizó sus estudios en informática y ciberseguridad, ámbitos en los que construyó una carrera como profesional. Destaca su trabajo previo con un fideicomiso del NHS (el sistema de salud público británico) y en una reconocida firma británica de gestión patrimonial.
Su perfil en LinkedIn da cuenta de un trayecto marcado por la formación universitaria y la especialización tecnológica, un contraste llamativo con los hechos recientes. Se dice de él que contaba con recursos económicos y era una persona integrada a la comunidad.
El pasado lunes festivo, Doyle fue arrestado tras conducir aparentemente de forma deliberada hacia una masa de personas que trataba de abandonar el final del desfile. El hecho generó episodios de pánico y caos en el centro de Liverpool, empañando la celebración del club inglés. Testigos y videos permitieron a la policía detener rápidamente al sospechoso.
El viernes siguiente, Doyle fue presentado ante el juzgado de paz de Liverpool, donde se mostró visiblemente afectado y cansado. Vestía un traje negro con corbata gris y, durante la breve audiencia, solo pronunció su nombre completo, dirección y fecha de nacimiento. El fiscal Philip Astbury describió ante el tribunal que el acusado “utilizó su vehículo como arma para causar lesiones”, y detalló que seis personas fueron víctimas directas del ataque. Entre ellas figura un niño de 11 años, que permanece hospitalizado.
Doyle enfrenta siete cargos en total: dos por lesiones intencionales, dos por causar lesiones corporales graves intencionalmente, dos por intento de causar lesiones graves y uno más por conducción peligrosa. La defensa, representada por Richard Derby, señaló que hasta ese momento no había confesión ni aceptación de culpabilidad por parte de Doyle.
El juez de distrito, Paul Healey, calificó el caso como “realmente excepcional”. En la sala se dictaron restricciones de información que impidieron la identificación de las seis víctimas, protegiendo especialmente a los menores de 11 y 17 años implicados. Healey argumentó que existía una “posibilidad real de nuevos cargos”, debido a la gravedad del hecho y a la cantidad de personas afectadas.
A instancias del fiscal, el tribunal le negó la libertad bajo fianza a Doyle. Según Astbury, el acusado representaba un “riesgo real para su seguridad” si quedaba en libertad, pero también existía un riesgo de fuga, dado que se presumía que tenía recursos suficientes para no presentarse ante el tribunal. El juez remarcó la “naturaleza del interés público en este caso” y las preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Doyle en la comunidad.

Ese mismo día compareció ante el Tribunal de la Corona de Liverpool bajo la presencia del juez Menary KC. Se le notificó que permanecería en prisión preventiva, al menos hasta una nueva presentación prevista para el 14 de agosto, con una posible fecha de juicio provisional para el 24 de noviembre.
La policía de Merseyside, liderada por la subdirectora Jenny Sims, continúa recabando pruebas y testimonios. Sims señaló que el incidente fue un duro golpe para la ciudad y para todos los seguidores del club: “Entiendo perfectamente la conmoción y la tristeza que nos ha causado este incidente... Nuestros detectives están trabajando incansablemente para encontrar respuestas”. Parte de la investigación consiste en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, cámaras corporales policiales y cámaras de vehículos, además del procesamiento de la información médica de las víctimas.
El Servicio de Fiscalía de la Corona informó que los cargos podrán revisarse según se avance en la investigación. El caso está lejos de cerrarse y la atención pública y mediática se mantiene, mientras Liverpool y el país entero esperan respuestas.
Paul Doyle queda así ante la opinión pública como el principal acusado de un hecho que conmociona aún a Liverpool. Su historia, la carrera militar y profesional, contrasta con la gravedad de los delitos que se le imputan. El proceso judicial abre interrogantes no solo sobre su motivación y acciones, sino también sobre la seguridad y las medidas de prevención en eventos multitudinarios.
Mientras la investigación progresa, la ciudad lamenta el giro trágico de un día que debía ser de celebración y enfrenta el desafío de sanar las heridas físicas y emocionales dejadas por este episodio.