Régimen prepara simulacro electoral “cuestionado de origen”

La cúpula gobernante, que decidió permanecer en el poder pese a la abrumadora derrota del 28 de julio, convocó unas elecciones exprés en enero pasado para el 27 de abril, reprogramadas posteriormente para el 25 de mayo, para elegir 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 260 legisladores regionales y 24 gobernadores, entre ellos al de la Guayana Esequiba, territorio que se disputan Venezuela y Guyana desde finales del siglo XIX.

A menos de 10 días de la fecha en la que los venezolanos han sido convocados a las urnas, el sombrío espíritu de los venezolanos se percibe en las calles, en donde reina la desinformación, la apatía y la desconfianza hacia un nuevo proceso comicial que no cuenta con la aprobación de los líderes que reconoce la población, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

“Venezuela no tiene clima electoral ni ánimo participativo”, expresa Luis Toty Medina, fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (AVENCOPOL) y director de la firma Poliestrategia, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Asegura que la convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en control del régimen, que a casi 10 meses de las presidenciales no ha publicado los resultados desglosados como establecen las leyes y normas electorales, “no ha sido recibida con buen agrado por parte de la mayoría de la población”. Eso, continúa, se refleja en el “escaso acompañamiento” que han recibido los partidos postulantes y sus candidatos.

La participación para el próximo domingo se estima que sea de alrededor de 30%, similar a la de las elecciones parlamentarias del 2005 cuando, en otro escenario, la oposición llamó a la abstención, y el chavismo se hizo con la mayoría de las curules con 25,6% de la participación.

¿Quiénes participan?

Aunque el nuevo llamado a elecciones del régimen no logró implosionar a la oposición, como se temió en principio, sí la fragmentó. Dos de sus partidos -Un Nuevo Tiempo (UNT), liderado por el gobernador del Zulia (noroeste), Manuel Rosales, y Movimiento Por Venezuela (MVP) de Simón Calzadilla- decidieron participar, junto a un grupo de dirigentes políticos, entre los que destaca el exgobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, “milagrosamente” habilitado para este proceso con su propio partido Unión y Cambio.

Con UNT, MVP y Unión y Cambio hay 36 nacionales organizaciones políticas participando, la mayoría de ellas relacionadas directamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o asignadas, mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a dirigentes cómodos al régimen, denominado “alacranes”.

Tanto González Urrutia como Machado se han manifestado en contra de este proceso electoral, que la líder opositora califica de “proceso criminal”, por la falta de condiciones electorales, aún más adversas a las del 28 de julio, sin observación internacional confiable y la firma de un documento, a ciegas, en el que los partidos y candidatos se comprometen a “respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección del 27 de abril y los resultados emitidos por el CNE”.

“Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura de que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida de que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen”, expresó Machado a mediados de abril, en entrevista con la periodista Carla Angola.

Vicios de la elección

A juicio de Medina, no es solo el país el que no está preparado para un nuevo proceso electoral, tras las presidenciales que terminaron en una brutal represión y persecución que todavía se mantiene, sino que las instituciones del Estado, principalmente el CNE, carecen de las condiciones necesarias para garantizar unos comicios libres, transparentes y justos.

“Se ha visto en una ejecución atropellada y sin orden ni concierto del cronograma electoral”, apunta el analista. Señala que el proceso ha sido “realmente atropellado y caótico”, con incumplimientos de la normativa legal que rige las elecciones en el país, principalmente, por la “inobservancia de los lapsos establecidos por el cronograma”.

“La legalidad del proceso está cuestionada de origen, (por) los vicios continuos y repetidos desde su convocatoria y posterior reprogramación de la fecha”, sostiene el politólogo.

Entre las irregularidades se encuentran que la convocatoria ni el cronograma han sido publicado en Gaceta Electoral, como establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE); la falta de sitios oficiales de información puesto que la página oficial del CNE está fuera de línea desde el 28 de julio, aunque su dominio se usó a discreción hasta que a principios de mayo se montó una nueva web para mostrar la oferta de candidatos, según informó Eugenio Martínez, experto en materia electoral.

De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, los comicios están marcados también por comunicación parcializada y contradictoria, y la divulgación de información clave por parte de actores políticos externos al CNE. Además, de que omitieron actividades como la publicación de la lista de los integrantes de los organismos electorales subalternos, de los cortes del registro electoral definitivo o la realización de “auditorías” a destiempo

“Organizar y ejecutar estas elecciones supone un reto logístico y un desafío técnico que el CNE no está a plenitud de cumplir. Eso es una amenaza real a la confiabilidad de los resultados”, precisa Medina.

Una “opereta bufa”

En estas elecciones, además, algunos candidatos se postulan a más de un cargo, en una estrategia que el analista considera “válida, legal y legítima” -de acuerdo a las interpretaciones que se pueda hacer de los artículos 56 LOPRE y 154 del Reglamento General de la LOPRE-, aunque “quizás un poco reñida con la ética” que los mantiene “activos en la esfera de lo público”.

“Los candidatos que duplicaron sus postulaciones como gobernadores y cabezas de lista al Congreso tienen claro que no les da para ganar en el Ejecutivo, pero tienen probabilidades de alcanzar una curul y se blindaron para quedar con una representación popular”, señala.

Por otra parte, se encuentra la elección de un gobernador, siete diputados del Consejo Legislativo y seis legisladores a la AN por la Guayana Esequiba, que el analista tilda como una “payasada que no llega a espectáculo de burlesque”.

“Es una opereta bufa, sin sentido ni efecto alguno sobre la recuperación de soberanía sobre ese territorio”, recalca, al destacar que para esto el régimen conformó un catastro electoral con circunscripciones prestadas de parroquias electorales de los estados Bolívar (sur) y Delta Amacuro (noreste).

Actas sin código QR

El régimen celebró el pasado sábado un proceso electoral escaso de gente, que sirvió para que la opinión pública conociera que las actas de escrutinio para las elecciones legislativas y regionales no cuentan con el código QR, que fue fundamental que que la oposición procesara rápidamente los resultados del 28 de julio.

Las organizaciones postulantes ni los candidatos se han pronunciado sobre este “mínimo” detalle. En opinión de Medina, este es “un riesgo” que asumen los partidos y aspirantes, quienes son “conocedores de la realidad ocurrida el 28 de julio”, por lo que están conscientes de “qué es lo que puede volver a ocurrir”.

“Los partidos y candidatos que participan deberán mostrar un músculo de control electoral para poder asegurarse que pueden reclamar el respeto a los resultados si estos le favorecieran (...) El reconocimiento a ese proceso dependerá finalmente del respeto que el organismo muestre a los resultados”, subraya.