Requisitos laborales para Medicaid en proyecto de presupuesto de Trump no aplican a Puerto Rico, asegura directora de PRFFA

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Nueva York – La directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA), Gabriela Boffelli, insistió en que fondos como los de Medicaid para la isla no están en peligro como resultado de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley de presupuesto.

En entrevista con El Diario este jueves, Boffelli especificó que, parte del enfoque del cabildeo que lleva su oficina, es que a Puerto Rico no se le trata igual que a los estados en cuanto a programas como el mencionado, y que la isla requiere atención particular.

El proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que se aprobó esta tarde en la Cámara Baja reducirá significativamente la financiación de Medicaid y llevaría a una reducción de la cobertura y a un mayor número de personas sin seguro, estiman organizaciones como KFF, enfocada en políticas sanitarias.

A preguntas sobre si hay garantía de que los nuevos requisitos laborales incluidos en el plan republicano para solicitantes de Medicaid no aplicarán a Puerto Rico, Boffelli respondió: “Al momento, eso no se aplica a Puerto Rico”.

“Pero, ¿habría que solicitar alguna exención para que no aplique?”, indagó El Diario.

“No”, respondió.

“¿Seguro?, ¿no va a haber una sorpresita luego?, porque ese proyecto tiene 1,000 páginas”, continuó este medio.

“Nosotros estuvimos hablando directamente con el comité de Finanzas del Senado y de Energía y Comercio en la Cámara y nunca hubo la intención de darle eso a Puerto Rico”, afirmó.

Una de las provisiones en el paquete ómnibus establece que, en los estados que han ampliado Medicaid bajo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), algunos beneficiarios tendrían que presentar documentación que demuestre que están laborando, haciendo trabajo voluntario o estudiando al menos 80 horas al mes, o si no probar que califican para una exención.

Los cálculos más recientes de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) con base en la versión del proyecto de ley del Senado apuntan a que el plan reduciría el gasto federal de Medicaid en $1 billón de dólares, y que, medidas como la de requisitos laborales, elevaría el número de personas sin seguro en 11.8 millones.

Sobre las preocupaciones, incluso de algunos republicanos, en cuanto a la potencial pérdida de participantes, Boffelli dijo que ese es un tema de discusión en el Congreso de siempre.

“Entiendo que las personas que pueden trabajar, lo van a hacer. (Los que no), se quedarían, probablemente, sin la cubierta de Medicaid, pero podrían tener otro tipo de plan de seguro. En el caso de Puerto Rico, eso es distinto para nosotros, pero en varios estados sé que ha sido un punto de debate y de controversia”, argumentó la funcionaria.

Boffelli señaló que Puerto Rico está protegido del llamado “precipicio del Medicaid” o “Medicaid cliff” hasta el 30 de septiembre de 2027.

Contrario a los estados, que reciben fondos federales para Medicaid con la flexibilidad para aumentarlos de acuerdo con las necesidades o en casos de emergencias naturales o sanitarias, Puerto Rico tiene un tope en la cantidad de fondos que puede recibir bajo el programa.

Cada cierto tiempo, el Congreso debe legislar las partidas para el territorio o fondos adicionales temporales.

La última aprobación de fondos se dio en diciembre de 2022. Como parte del proyecto ómnibus de presupuesto, se incluyó $19,400 millones en fondos para Medicaid a Puerto Rico divididos en un periodo de cinco años o hasta el 2027.

En ese sentido, la entrevistada dijo que continúan los esfuerzos del grupo multisectorial que reactivó la gobernadora Jenniffer González en febrero pasado para identificar los puntos clave de la discusión en el Congreso para estar preparados para la fecha.

El “task force”, liderado por el secretario de Salud, Víctor M. Ramos, también tiene ante su consideración temas como Medicaid Advantage.

“Si hay cambios en políticas públicas federales que requieran cosas adicionales, pues eso se evaluará en su momento”, añadió Boffelli en referencia al tema de requisitos laborales para Medicaid, por ejemplo.

Permanencia de reembolso por el arbitrio federal al ron

Un tema en el proyecto de presupuesto que beneficiaría a Puerto Rico es la permanencia de la extensión en el reembolso por el arbitrio federal al ron, mejor conocido como “cover-over”.

“Eso se mantiene…La última vez que eso se aprobó fue con la gobernadora como comisionada residente en la Ley Bipartidista de Presupuesto del 2018, que en ese momento fue aprobada por cinco años, y, expiró en diciembre de 2021”, abundó la directora de PRFAA.

El ron que se produce en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes paga el mismo arbitrio federal que el producido en Estados Unidos o $13.50 por galón. Sin embargo, bajo las leyes actuales, el Departamento del Tesoro le devuelve permanentemente a los territorios solo $10.50.

En el caso de los territorios, los $2.75 adicionales tienen que ser reautorizados periódicamente por el Congreso federal.

“La nueva extensión es permanente…Entonces, vamos del $10.50 por galón que ahora mismo recibe Puerto Rico, la extensión es de $2.75, que lo lleva a $13.25”, dijo sobre lo contenido en el proyecto de reconciliación ante la consideración de la Cámara.

Según la portavoz del gobierno de Puerto Rico en la capital federal, se beneficiaría anualmente de más de $400 millones.

“Eso se basa en la venta de ron y fluctúa cada año, pero el comportamiento que se ha visto en Puerto Rico…ha sido más o menos de $400 millones de dólares que surgen de los $10.50. O sea que la extensión de los $2 se traduce, más o menos, entre $70 a $110 millones”, calculó.

Boffelli expresó que, aunque entiende que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, es coauspiciador de uno de los proyectos a esos fines presentado en la Cámara (el H.R.1378 del republicano de Kansas, Ron Estes, y la delegada demócrata de Islas Vírgenes, Stacey Plaskett), las gestiones por parte de la Administración González se hicieron aparte a las del funcionario.

“Esto ha sido prioridad de la gobernadora desde que estaba en el Congreso. Ella logró la extensión en el 2018…y radicó una medida para hacerlo permanente”, afirmó Boffelli.

Con respecto a este asunto, el comisionado residente había enviado un comunicado el martes en el que indicó: “Tengo serias preocupaciones sobre varios aspectos del H.R. 1; no obstante, agradezco que el Senado acogiera el pedido que hicimos junto a la congresista Plaskett de incluir la disposición que restablece de manera permanente la tasa aumentada del rum cover-over para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”.

Hernández añadió que “desde el inicio de su gestión, priorizó el tema por su impacto económico directo en la isla”.

“Continuaré trabajando con colegas de ambos partidos para adelantar iniciativas que beneficien al pueblo de Puerto Rico. Exhorto a mis colegas en la Cámara a que mantengan este lenguaje en el proyecto de ley, tal como enmendado por el Senado”, concluyó.

Zonas de oportunidad

En cuanto al programa de “Zonas de Oportunidad”, Boffelli reconoció que el plan de los republicanos limita el acceso o participación de Puerto Rico, pero destacó que ahora es permanente y que la medida le da la potestad a los gobernadores de determinar qué áreas designar.

Una Zona de Oportunidad es una que, por sus necesidades económicas, se le considera elegible para un tratamiento contributivo preferencial.

Bajo el plan republicano, se baja de 95% a 25% la designación de Zonas de Oportunidad en Puerto Rico.

Antes la designación de Puerto Rico aplicaba a básicamente la totalidad del territorio en respuesta al desastre que dejó el huracán María.

“Yo te aseguro que Nueva York quisiera tener 95%. Lo mismo cualquier otro estado o el mismo Mississippi, que es el estado más pobre”, planteó la funcionaria.

“Así es el programa y a Puerto Rico se le hizo una designación especial por la situación particular de los huracanes que se nos permitió que fuese en el 95% de Puerto Rico”, añadió al tiempo que destacó que el programa iba a expirar de todas formas en diciembre de este año.

SNAP

En cuanto al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el proyecto de presupuesto implica recortes de, aproximadamente, $230,000 millones de dólares en un periodo de 10 años.

Además, los cambios obligarían a los estados a asumir al menos un 5% de los costos del programa a partir de 2028 y expandiría los requisitos laborales para algunos beneficiarios.

En Puerto Rico, aplica una subvención en bloque federal conocida como PAN (Programa de Asistencia Nutricional). Ese dinero no se vería impactado. Tampoco aplicarían los cambios en los requisitos laborables.

Sin embargo, entidades especializadas en el análisis de asistencia alimentaria como CBPP o Center on Budget and Policy Priorities han alertado que la propuesta de los republicanos limita los aumentos anuales en el Thrifty Food Plan (TFP), lo que también tendría efecto en los beneficios del PAN.

La cantidad de beneficios máximos para cada programa la decide el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) por medio del Plan de Alimentos Thrifty.

La nuevas provisiones en el paquete de reconciliación detendrían las reevaluaciones para aumentos en el costo del TFP y evitarían que los beneficios aumenten acorde con los costos reales de los alimentos.

Boffelli rechazó que lo anterior tenga un impacto en los beneficios.

“El lenguaje que se aprobó no son recortes al programa, sino que devuelve el cálculo a ser uno basado en data específica y que sea de presupuesto neutral como ha sido siempre. Lo que pasa es que en el 2021, que fue el último proceso de evaluación, se usaron unos parámetros que fueron un poco irregulares”, expuso.

Por otro lado, la directora de PRFAA dijo que, en este asunto, la Administración continúa las conversaciones con el comisionado residente para la presentación de legislación que facilite una transición de PAN a SNAP en la isla.

Sin embargo, dijo que no hay una fecha específica para el trámite formal, ya que el Congreso no evaluará hasta más entrado el verano la Ley Agrícola o “Farm Bill” donde se deben incluir las medidas relacionadas con ese u otros programas de alimentos.

“Cualquiera que sean los parámetros para una transición completa a SNAP, nosotros vamos a cumplir con esas disposiciones federales. Pero la realidad es que en estos momentos el programa PAN no cumple con las necesidades y demandas que tenemos en Puerto Rico. Así que nosotros seguimos enfocados; vamos a seguir buscando la transición. Ese sí es un tema que estamos trabajando con el comisionado residente”, puntualizó.