Nueva York – El director de Rural Development (RD) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Puerto Rico, Nelson Albino, dijo que no tiene información que apunte a que el presidente Donald Trump se vaya a expresar próximamente sobre algún asunto relacionado con el territorio, pero consideró que lo anterior no es necesario.
A preguntas de El Diario en una entrevista exclusiva, Albino argumentó que el hecho de que el republicano directamente no se haya pronunciado sobre alguno de los asuntos que afectan la isla no significa que Puerto Rico no esté en la agenda de la Administración.
“Todavía no he escuchado algo en concreto, pero sabemos que, de acuerdo con el plan de la Administración Trump y de ‘Estados Unidos primero’ (America First) y de las reuniones que yo he tenido con mis superiores dentro del Departamento de Agricultura, Puerto Rico está incluido en todo lo que tiene que ver con la política pública de esta Administración con el mejoramiento de la América rural, que es la parte que trabajo yo como director estatal de Rural Development. Puerto Rico siempre está presente en las discusiones nacionales que hay sobre el desarrollo rural de EE.UU., así que no creo que, por el momento, sea necesario que el presidente se exprese directamente; lo importante es que estén las herramientas para ejecutar, y, al momento, las ha habido”, señaló el funcionario que durante el periodo de campaña de Trump estaba a cargo de Puerto Rico y otros territorios en la Asamblea Nacional Hispana Republicana (RNHA).
Albino, quien fue nombrado por Trump al puesto de la oficina adscrita a USDA, insistió en que en áreas como la que le competen, el impacto de las políticas del gobierno federal en Puerto Rico están contempladas en la discusión.
“Cuando llegue el nuevo año fiscal, el 1 de octubre, sabremos también con qué herramientas contamos para continuar con la implementación de esa agenda que la secretaria (de Agricultura) Brooke Rollins ha sido bastante efectiva; ha estado visitando distintas partes de EE.UU., particularmente en lo que tiene que ver con alimentación, y todo eso, así que ya pronto tendremos más detalles con respecto a cómo pueda evolucionar la agenda respecto al desarrollo rural, pero sí te puedo adelantar que es una prioridad para la secretaria Rollins y para la Administración Trump que las comunidades rurales de EE.UU., lo que incluye a Puerto Rico, cada vez sean más eficientes y más independientes”, expuso el director estatal de Rural Development.
“Yo le pregunto esto, porque usted sabe que puertorriqueños también votaron por Trump y los gobernantes responden a sus constituyentes, y parte del triunfo del gobernante, en este caso de Trump, se debió a votos de puertorriqueños. En ese sentido y replanteó la pregunta, ¿no es ya tiempo de que diga algo Trump referente a la isla?, porque estamos en una situación bien complicada, no es solamente la crisis energética, es la Junta (de Control Fiscal)…Son un sinnúmero de temas que afectan a los puertorriqueños todos los días…¿No debería Trump hacer algún tipo de planteamiento al menos sobre algunos de esos asuntos?”, indagó este rotativo.
Trump está delegando poder a los estados y territorios
“Lo que pasa es que la Administración Trump ha sido bien enfática en que los asuntos internos de los estados tienen que atenderlo los gobiernos locales. Aunque el presidente de EE.UU. gobierna toda la nación, obviamente, todos los estados, y eso incluye a Puerto Rico aunque sea un territorio, tiene un gobierno electo por los constituyentes que viven allí, que votan en ese lugar. En el caso de Puerto Rico, hay un gobierno estatal electo por los puertorriqueños, y es al gobierno estatal al que le toca y le corresponde atender las necesidades directas del pueblo de Puerto Rico, así como les toca a los municipios a nivel municipal y al gobierno municipal atender esas necesidades. Nosotros como gobierno federal somos facilitadores y somos un ente que lo que estamos es para asistir y ayudar en lo que se pueda, pero, a quien le toca atender las necesidades directas de la ciudadanía es al gobierno de Puerto Rico y a los gobiernos municipales. En ese aspecto, yo estoy seguro que la Administración Trump, como lo hizo en la primera y como lo ha demostrado en estos 7, 8 meses que lleva el presidente en su segundo término, siempre la Administración Trump está disponible para ayudar a los estados y a los gobiernos estatales”, respondió.
De paso, Albino defendió el proceder general del presidente en poco más de medio año al mando.
“Si tú te fijas, cuando el presidente estaba en campaña y cuando vemos la ejecutoria del presidente, lo que ha hecho es simplemente cumplir con su plan de gobierno…Si hay un político al que nadie le puede decir que no está haciendo lo que prometió, para bien o para mal, le guste o no a quien le guste o no, es el presidente Donald Trump. Todo lo que está haciendo es lo que él prometió…”, afirmó el entrevistado quien en las pasadas elecciones aspiró a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico de manera independiente.
El director estatal de RD, quien se presentó abiertamente cuando era candidato como simpatizante MAGA (Make America Great Again), indicó que una de las cosas sobre las que precisamente recalcó Trump fue en la necesidad de que los estados y territorios dependieran menos del gobierno federal para su funcionamiento.
“Una de las cosas que él prometió fue que los estados iban a tener mayores poderes, porque el gobierno federal no fue creado para ser un todopoderoso o una niñera; los estados tenían que atender los asuntos internos de sus áreas, y eso es también lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Yo creo que el presidente lo que está es atendiendo los asuntos que son pertinentes del gobierno federal, como es la política exterior, los asuntos de defensa nacional, los asuntos fronterizos, que esos son asuntos que le competen directamente al gobierno federal, y en casos domésticos, fuera de la economía, pues los gobiernos locales son los que le toca atender las necesidades de la gente”, insistió.
“Cuando la gobernadora juramentó, la representante (republicana de Florida en el Congreso) María Elvira Salazar leyó una carta que envió Donald Trump a Jenniffer González donde (el presidente) se comprometió en ayudar en la rehabilitación de la infraestructura esencial (en Puerto Rico), impulsar medidas de desarrollo económico y prácticas comerciales justas. Esas eras, aparentemente, las prioridades del presidente. ¿Qué pruebas hay de que, en efecto, estas promesas que el presidente hizo o que dijo que estaba dispuesto a adelantar se han adelantado y de qué manera?”, cuestionó este rotativo.
Albino contestó: “Volvemos a lo mismo. El presidente ha implementado políticas que afectan a toda la nación. Recuerda que lo que hace un presidente, no solamente va dirigido a un estado o territorio; lo que hace un presidente afecta a todo el mundo. El presidente ha implementado políticas a nivel nacional para desregular la economía y mejorar los niveles de empleo, mejorar los niveles de acceso a empleo en el sector privado; el presidente ha implementado los famosos aranceles para mejorar la producción local. En el caso de cómo eso impacta a Puerto Rico, eso también le toca al gobierno de Puerto Rico cómo implementar políticas internas que vayan cónsonas con lo que el gobierno federal establece para que la agenda presidencial y todas esas medidas positivas que implementa el presidente, puedan ser efectivas en el estado. En ese caso, le toca al gobierno de Puerto Rico implementar leyes, medidas que puedan facilitar la implementación de lo que son las ordenes ejecutivas, las leyes federales como ‘Big and beautiful bill’, todo esto”.
A preguntas sobre a qué asuntos relacionados con Puerto Rico le recomendaría a Tump que le diera prioridad, hizo referencia a medidas de impulso comercial o de producción en Puerto Rico bajo el eslogan ‘Hecho en EE.UU.” (Made in USA).
“Si yo tuviera ahora mismo al presidente en persona, lo que yo le diría es algo que yo sé que él ya tiene conocimiento, y es que el tiene un enfasis en el ‘Made in USA’ (Hecho en EE.UU.), que son los productos que se hacen en EE.UU., y esa es una de las razones de los aranceles para que los países extranjeros no se aprovechen de la economía norteamericana a costas y expensas del ciudadano americano; yo le diría al presidente que tome ventaja de lo que viene siendo Puerto Rico como territorio bajo la soberanía de EE.UU. y que esté consciente, que yo estoy seguro que lo sabe, porque el conoce a Puerto Rico y ha estado aquí muchas veces que lo que es hecho en Puerto Rico es hecho en EE.UU., que no se olvide nunca de ese detalle”, expuso.
“Con el sistema energético que tenemos dicen que no se puede avanzar tanto como se quisiera…”, replicó este medio.
“Sí, pero eso no es culpa del presidente. Eso es algo que a quien hay que poner en consciencia es a las autoridades locales de Puerto Rico que son las que administran el sistema energético”, dijo.
Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE.UU. sujeto a los poderes plenarios del Congreso. A diario, diversos asuntos relativos a la isla se discuten y se aprueban, no solo en la legislatura en Washington D.C., sino en agencias y otras instrumentalidades federales.
Uno de los ejemplos más representativos de la relación de poder de EE.UU. sobre Puerto Rico bajo la condición de territorio es la imposición de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), aprobada de manera bipartidista por el Congreso y firmada por el entonces presidente Barack Obama en 2016.
La Junta es el ente que administra las finanzas de Puerto Rico, reestructura la deuda del gobierno local con los bonistas y busca que la isla reingrese al mercado de bonos. El organismo además ha impuestos múltiples medidas de austeridad que impactan a los puertorriqueños de calle y que contrastan con los $2,000 millones en pagos a consultores y firmas de asesoría legal en los que ha incurrido la Junta en casi una década.
Hace unas dos semanas, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, comandado por el republicano de Arkansas, Bruce Westerman, realizó una audiencia para discutir, precisamente, el desempeño de la Junta nueve años después de que se creara bajo la ley federal conocida como PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).
Aunque Trump, conocido por ser muy vocal en diversos temas, lleva unos siete meses en su segundo mandato, no se le ha escuchado mencionar a la isla en redes, conferencias, ni por otras vías.
Sin embargo, miembros de su gabinete como Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); y el del Departamento de Energía (DOE), Chris Wright, han hecho expresiones sobre la isla.
En una visita a la isla en marzo pasado, Noem abordó varios temas con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien es republicana y aliada de Trump.
Noem se comprometió a agilizar el desembolso de fondos federales para reconstrucción en Puerto Rico a través de una flexibilización de los requisitos que impone la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
FEMA está adscrita al DHS.
La miembro del gabinete además discutió con la gobernadora la necesidad de solucionar la crisis energética en la isla, asunto para el que el gobierno federal también ha destinado miles de millones en fondos.
Adicional, abordaron temas de seguridad fronteriza.
Como parte de la visita, la secretaria de DHS participó en una ceremonia en honor a Michel O. Maceda, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que murió en noviembre de 2022 en un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el que resultaron heridos otros tres oficiales.
Por su parte, el DOE ha indicado que sigue de cerca la situación energética en Puerto Rico marcada por apagones y déficit de generación.
Aparte de enviar a personal de la agencia a Puerto Rico para inspeccionar las condiciones del sistema durante la primavera, a mediados de mayo, el secretario del DOE firmó dos órdenes relacionadas con el tema energético.
En una, emplazó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA Energy a intensificar los trabajos de despeje de vegetación, una de las causas principales de las interrupciones en el servicio.
Además, Wright ordenó a la AEE a proveer las unidades necesarias para expandir la generación de carga base y mantener la confiabilidad de la red.
Los decretos incluían la fecha del 15 de agosto como la fecha límite para cumplir con el requerimiento federal.
El sistema energético de la isla se encuentra privatizado y bajo la administración de LUMA Energy y Genera PR.
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