Administración Trump pedirá al Tribunal Supremo que resuelva sobre constitucionalidad de orden contra ciudadanía por nacimiento

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NUEVA YORK – La Administración del presidente Donald Trump solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de un recurso de certiorari, que revise la constitucionalidad de la orden que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados.

“A la luz de la decisión del Noveno Circuito, los demandados declaran que el procurador general planea solicitar un certiorari con prontitud para que el Tribunal Supremo resuelva la legalidad de la orden de ciudadanía en el próximo período, pero aún no ha determinado qué caso o combinación de casos presentará ante el tribunal”, lee parte del informe de situación conjunto sometido este miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Ayer, abogados del Departamento de Justicia informaron al juez federal de Seattle, John C. Coughenour, sobre sus planes como parte de la actualización que ordenó el tribunal sobre la impugnación del decreto ejecutivo. A finales de julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. confirmó el fallo del juez que bloqueaba la implementación de la orden a nivel nacional.

El fin del Gobierno es obligar a la Corte Suprema a que atienda el asunto que no resolvió en su decisión de junio pasado.

El máximo foro determinó en ese momento devolver los casos que impugnan la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump a los tribunales inferiores.

Sin embargo, no se pronunció sobre si el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento es o no constitucional. En otras palabras, si viola o no la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal.

Dicha enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los EE. UU. son ciudadanos y tienen derecho a igualdad de protección ante la ley, sin importar su raza o lugar de nacimiento

El reporte de CNN resalta que, si el tribunal accede a debatir esta disputa, una decisión podría emitirse a mediados de 2026.

En el documento ante el juez Coughenour se indica que el informe fue presentado por las partes en conformidad con la orden judicial del tribunal del 7 de febrero pasado. “El tribunal emitió una orden judicial preliminar el 6 de febrero de 2025, prohibiendo a los demandados aplicar o implementar la orden ejecutiva titulada ‘Protección del Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense’ a nivel nacional”, señala el escrito.

“Los demandados apelaron la orden judicial preliminar y solicitaron suspensiones parciales de la misma ante este tribunal, el Noveno Circuito y la Corte Suprema. Tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la solicitud de suspensión parcial de los demandados, el Noveno Circuito solicitó información complementaria, la cual fue presentada por las partes. El 23 de julio de 2025, el Noveno Circuito emitió su dictamen, confirmando la orden preliminar de este tribunal”, añade el texto.

Las partes agregan que presentarán un informe adicional al tribunal una vez finalicen los procedimientos de apelación.

“Dado que los demandados están considerando actualmente la posibilidad de solicitar una revisión adicional de la orden judicial preliminar de este tribunal, las partes proponen actualizar al tribunal mediante un informe de situación adicional cuando concluyan dichos procedimientos de apelación, o mediante una moción apropiada si determinan que son necesarios más procedimientos ante este tribunal”, puntualizan.

Varios tribunales federales han bloqueado la orden de Trump, al tiempo que jueces han emitido fallos que impiden la implementación del decreto. El argumento central es que se estaría violando la cláusula sobre la ciudadanía contenida en la Decimocuarta Enmienda.

La decisión del 23 de julio del Noveno Circuito fue la primera en la que un tribunal de apelaciones concluye que la política es inconstitucional.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. en Boston podría emitir una decisión afín próximamente en respuesta a varios casos en los que tribunales en New Hampshire y Massachusetts establecieron que la orden de Trump viola la Constitución.

“Timeline” judicial de la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

De acuerdo con la línea de tiempo desarrollada por la organización APIAVote sobre la orden contra la ciudadanía por nacimiento, en febrero, tres jueces federales de distrito en Washington (Washington v. Trump), Maryland (CASA v. Trump) y Massachusetts (Nueva Jersey v. Trump) emitieron por separado medidas cautelares universales que impiden que la orden entre en vigor a nivel nacional hasta que se resuelvan las demandas.

El 10 de febrero, un juez de distrito en Nuevo Hampshire emitió por separado una medida cautelar que protege únicamente a los demandantes involucrados en el caso New Hampshire Indonesian Community Support v. Trump.

El 13 de marzo, el gobierno federal solicitó a la Corte Suprema que limitara las tres medidas cautelares universales para que se aplicaran únicamente a los demandantes específicos en las recursos legales y se permitiera que las agencias gubernamentales continuaran planificando la implementación de la orden ejecutiva.

El máximo foro consolidó los tres casos (Trump v. CASA) y accedió a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares universales.

El 15 de mayo, la Corte Suprema escuchó los alegatos sobre esas medidas.

El 27 de junio, el Tribunal Supremo dictaminó que limitaba la facultad de los tribunales federales de distrito para emitir medidas cautelares universales que impidan la entrada en vigor de políticas en todo el país. Sin embargo, esa decisión parcial no entró en los méritos de si la orden de la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no. La corte decidió que las medidas cautelares debían limitarse a los demandantes específicos involucrados en el caso. “Esto significa que, después de 30 días, la orden ejecutiva entrará en vigor en los 28 estados que no la han impugnado”, especifica la recopilación de la entidad.

El 10 de julio, un juez federal en New Hampshire certificó a los bebés afectados por el decreto como un grupo a nivel nacional y emitió una orden que impide que el plan de Trump se aplique a cualquier bebé nacido después del 20 de febrero en todo el país hasta que se decida finalmente sobre el asunto.

El 23 de julio, el Noveno Circuito dictaminó en contra de la orden ejecutiva de Trump.