Arrancan en Bonn las reuniones clave para la cumbre climática COP30 en Brasil

Una vista de dron muestra las obras de saneamiento y el nuevo muelle en el centro de la ciudad, durante los preparativos para la Cumbre COP30 en Belém, estado de Pará, Brasil, el 6 de febrero de 2025. REUTERS/Adriano Machado

(Desde San Pablo) Hoy comienzan en Bonn, Alemania, las llamadas Reuniones sobre el Clima de junio (SB62), una especie de ensayo general de la diplomacia de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará el próximo mes de noviembre en Belén, en el estado amazónico brasileño de Pará. Se trata de una reunión decisiva, organizada en Alemania, en la que también participan científicos y negociadores para establecer la agenda del evento de noviembre. Entre las prioridades que Brasil pretende debatir figuran temas como la transición energética justa, los indicadores de adaptación y el diálogo para el llamado balance global (Global Stocktake-GST en inglés).

La transición energética justa, recordemos, es el principio según el cual el paso de fuentes fósiles como el carbón, el petróleo y el gas a fuentes renovables como el sol y el viento debe realizarse de manera equitativa e inclusiva, sin dejar atrás a los trabajadores, las comunidades o los países vulnerables. Por ello, en Bonn, a instancias de la presidencia brasileña de la COP30, también están previstas reuniones con representantes de las comunidades indígenas y locales. En cuanto a los indicadores de adaptación, son instrumentos para medir en qué medida y cómo se están adaptando los países a los efectos del cambio climático, como las sequías y las inundaciones, y sirven para supervisar los avances de las estrategias nacionales de adaptación y orientar las decisiones políticas y financieras.

El balance global, por su parte, es un mecanismo previsto por el Acuerdo de París que, cada cinco años, evalúa colectivamente los avances del mundo hacia los objetivos climáticos. El primer balance global concluyó en 2023 y mostró que el mundo sigue estando rezagado.

En Bonn, unas sesenta organizaciones internacionales, como Global Fitness, e investigadores pedirán también que en la COP30 de Brasil se introduzcan normas globales vinculantes para que la producción minera sea coherente con los objetivos climáticos y los derechos humanos.

Según denuncian estas organizaciones, una importante laguna en las negociaciones sobre el clima es el impacto ambiental y social de la extracción de minerales críticos, como el litio, el cobalto, el cobre y las tierras raras, necesarios para la transición energética y de los que Brasil es rico. A pesar de la creciente demanda de estos minerales para producir tecnologías “verdes”, desde coches eléctricos hasta paneles solares y baterías, investigadores y activistas denuncian que su extracción está causando deforestación, emisiones de dióxido de carbono, destrucción de ecosistemas y amenazas a los territorios indígenas.

Mientras tanto, en su tercera carta pública, el presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago, ha subrayado la importancia del diálogo en Bonn para reforzar el multilateralismo en materia climática. La experiencia en la ciudad alemana servirá de barómetro para el clima de las negociaciones de Belén, donde Brasil pretende potenciar el papel de los países BRICS, en primer lugar China, paradójicamente uno de los países más contaminantes del mundo.

Trabajos de construcción de la avenida Liberdade en Belém, Brasil, el martes 18 de marzo de 2025. En esta ciudad será la cumbre del clima de la ONU COP30, en noviembre de este año. (AP Foto/Jorge Sáenz)

De hecho, Estados Unidos ya ha anunciado su retirada del Acuerdo de París, del que solo se desvinculará formalmente a partir de enero de 2026. Por primera vez, a iniciativa de Brasil, el grupo BRICS ha aprobado una estructura común de financiación para el clima. Además de la “hoja de ruta Baku-Belén”, lanzada por Brasil para movilizar 1,3 billones de dólares para 2035, también se ha creado un Fondo para los Bosques Tropicales que recompensa económicamente a los países que los preservan, mediante instrumentos de inversión y no simples donaciones.

Sin embargo, más allá de los ensayos generales de estos días en Bonn, el evento de noviembre se presenta lleno de críticas y tensiones. Incluso la central hidroeléctrica de Belo Monte, situada a unos 450 km de Belén, ha solicitado al Ministerio de Justicia brasileño el despliegue de la Fuerza Nacional de Seguridad para reforzar la seguridad durante el evento.

El motivo de la solicitud, presentada por Norte Energia, la empresa que gestiona la central, es el temor a protestas y manifestaciones en torno a la central y en las zonas circundantes, dada la visibilidad internacional del evento. Desde su construcción, iniciada en 2011, la presa ha sido objeto de fuertes protestas por parte de poblaciones indígenas, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil por su impacto ambiental y social, especialmente en el río Xingu y en las comunidades tradicionales locales.

También se han planteado acusaciones de irregularidades en el proceso de concesión de la licencia ambiental y de falta de consulta a los pueblos indígenas, en violación de la Constitución y de los tratados internacionales.

Si en la COP30 el gobierno de Lula apuesta por la imagen internacional de su agenda medioambiental, sin embargo, como ya ocurrió con grandes eventos como la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, no faltan los puntos críticos.

Entre ellos destaca el problema de la falta de plazas hoteleras y los elevados precios del alojamiento. Los telegramas diplomáticos obtenidos por el diario O Estado de São Paulo han revelado la gran preocupación de países como China, Alemania, Reino Unido y Noruega. Noruega, principal donante del Fondo Amazonia, ha declarado que podría reducir el tamaño de su delegación.

Foto del Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en una rueda de prensa en París. CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool via REUTERS

Según los documentos, algunos alojamientos llegan a costar hasta 2,2 millones de reales (397.112 dólares) por toda la duración de la conferencia. Para intentar limitar el fracaso hotelero, el Gobierno de Lula ha destinado más de 260 millones de reales (47 millones de dólares) para garantizar 6.000 camas en cruceros adaptados para el evento.

Al igual que ocurrió con la Copa del Mundo, también existe preocupación por la realización de las obras públicas relacionadas con el evento. Según el diario Folha de São Paulo, los contratos firmados por el gobierno de Pará para supervisar las obras relacionadas con la COP30 indican que muchos trabajos se prolongarán hasta 2027, mucho más allá de la fecha de la conferencia.

Se trata de obras que también afectan a los canales de drenaje y alcantarillado y que, por lo tanto, son urgentes, ya que el 80% de los habitantes de Belén no tiene acceso a la red de alcantarillado y más de la mitad vive en favelas.

Además, sigue existiendo, como escenario de fondo, el gran problema de la deforestación del Amazonas.

Según un nuevo estudio del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), una organización brasileña independiente, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, la deforestación en la Amazonia Legal aumentó un 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se destruyeron 2.296 km² de bosque, un área equivalente a la suma de la ciudad de San Pablo y sus alrededores.

Además de la deforestación, Imazon detectó en el mismo período un dramático aumento del 329% en la degradación forestal, equivalente a más de 34.000 km². El Ministerio de Medio Ambiente, basándose en los datos oficiales del sistema Deter, rebatió afirmando que, en el mismo periodo, la deforestación disminuyó un 9,7% mientras que la degradación aumentó un 154%, pero principalmente debido a los incendios, agravados por el segundo año consecutivo de sequía extrema.

La cacique indígena brasileña Ninawa Huni Kui participa en una performance y protesta del artista y activista brasileño Mundano, que pide una respuesta a la carta enviada por el movimiento indígena Terra Livre (Tierra Libre) a la presidencia de la COP30, frente a Itamaraty en Brasilia, Brasil, el 15 de abril de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Pero los datos de Deter, obtenidos con imágenes del satélite chino-brasileño CBERS-4 y del satélite indio IRS, son menos precisos que los de otro sistema del INPE, el Prodes (Proyecto de Seguimiento por Satélite de la Deforestación de la Amazonia Legal), divulgado dos veces al año. El Prodes utiliza principalmente los satélites LANDSAT estadounidenses, a los que se suman otros, y por eso sus datos son luego los utilizados por Brasil internacionalmente.

Deter, cabe recordar, fue creado para permitir acciones policiales más rápidas y combatir los delitos ambientales. Por este motivo, las zonas indicadas en el programa Deter suelen estar asociadas a simples alertas de deforestación.

Tambiém, podría convertirse en un gran boomerang y desencadenar protestas la autorización, que parece estar cada vez más cerca, para la exploración petrolera de Petrobras en la desembocadura del río Amazonas.

Algunas comunidades locales, como la de Patuazinho, en la ciudad de Oiapoque, en el estado de Amapá, en la frontera con la Guayana Francesa, ya denuncian un aumento de las invasiones de sus tierras y amenazas relacionadas con la especulación inmobiliaria y la creciente presión para la exploración petrolera.

Por último, podría generar polémica en los próximos meses, sobre todo si no se garantizan los controles adecuados, la concesión por parte del Gobierno brasileño de hectáreas de Amazonia a la iniciativa privada con el objetivo de combatir la deforestación ilegal y favorecer la bioeconomía.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno de Lula subastó más de 453.000 hectáreas, equivalente a tres ciudades de San Pablo, de la Reserva Forestal Nacional de Jatuarana, situada en Apuí, en la parte sur del estado de Amazonas. La iniciativa forma parte de la política de concesiones forestales sostenibles promovida por el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Marina Silva, en colaboración con el Servicio Forestal Brasileño y con el apoyo técnico del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES).

Una vista aérea muestra la deforestación cerca de un bosque en la frontera entre la Amazonia y el Cerrado en Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, Brasil, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Amanda Perobelli

El contrato, con una duración de 37 años, debería generar 32,6 millones de reales (5,9 millones de dólares) al año, con obligaciones de inversión social y medioambiental por parte de las tres empresas adjudicatarias, todas ellas brasileñas. El territorio se ha dividido en cuatro Unidades de Gestión Forestal (UMF), con criterios ecológicos y socioeconómicos. Las concesiones solo prevén la explotación sostenible de la madera y la extracción de productos forestales no madereros, como el azaí (açaí en portugués), el palmito y la castaña de Pará (castanha do Pará en portugués). Se prohíben actividades como la caza, la pesca, la minería y el uso industrial o farmacéutico de la biodiversidad.

Además, las empresas deberán invertir 40,7 millones de reales (7,36 millones de dólares) en proyectos para las comunidades locales e indígenas. La ministra Marina Silva ha calificado la iniciativa como un ejemplo de “desarrollo con responsabilidad medioambiental”. Los líderes indígenas locales también han acogido positivamente el proyecto, considerándolo una oportunidad para mejorar la economía regional.