Primicia: LatinoJustice demanda al DHS y ICE por no brindar información sobre detenciones de puertorriqueños en operativos migratorios

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NUEVA YORK – LatinoJustice PRLDEF presentó este martes una demanda en Nueva York contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por incumplir con el pedido de información a través de FOIA (Freedom of Information Act) sobre operativos y redadas que se han traducido en la detención “ilegal” de puertorriqueños.

La entidad proveyó en primicia y con anticipación la información a El Diario para su publicación.

En el comunicado que anuncia el recurso legal ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra las agencias migratorias federales, la organización argumenta que puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y no están sujetos a la aplicación de leyes migratorias.

A pesar de lo anterior, plantea la organización, agentes han detenido e interrogado a personas de origen boricua en varios estados como parte del reforzamientos en medidas de control migratorio. La entidad hace particular énfasis en los incidentes registrados en enero pasado, como la reportada detención de puertorriqueños en Nueva Jersey y Milwaukee (Wisconsin); una redada en un establecimiento puertorriqueño en Philadelphia, Pennsylvania, y un megaoperativo de ICE en Barrio Obrero de San Juan en el que se arrestaron más de 40 personas.

“Estas acciones plantean graves preocupaciones sobre la discriminación racial, la detención ilegal y el abuso del poder federal contra ciudadanos estadounidenses”, declaró Stephanie Cordero, la abogada de LatinoJustice que encabeza la demanda.

“La negativa a responder a nuestra solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) forma parte de un patrón más amplio de ICE y DHS que operan sin transparencia ni supervisión. LatinoJustice mantiene su compromiso de defender los derechos de todas las comunidades latinas, incluyendo a los puertorriqueños, quienes no deben ser tratados como ciudadanos de segunda clase y cuyos derechos constitucionales deben ser respetados”, argumentó la abogada.

El 21 de febrero, LatinoJustice presentó una solicitud FOIA con el fin de obtener información sobre el alcance de los operativos y redadas migratorias que impulsa la Administración Trump y su impacto en la comunidad puertorriqueña.

El pedido de LatinoJustice, por medio de la ley FOIA, también emplazaba al “Zar de la frontera”, Tom Homan.

La ley FOIA, promulgada en 1966, le permite a cualquier persona o entidad obtener acceso a registros de cualquier agencia o dependencia federal.

Solo bajo nueve excepciones o por una de tres exclusiones especiales de registros de las fuerzas del orden público se les puede negar la información a los ciudadanos.

LatinoJustice requirió datos sobre las políticas, los materiales de capacitación y los informes de incidentes que involucran a puertorriqueños, los que han tildado de “ilegales”. La solicitud también reclamaba información sobre las salvaguardas establecidas para prevenir la detención indebida de ciudadanos estadounidenses por motivos de origen nacional o étnico.

La organización busca determinar si los oficiales migratorios, al momento de intervenir, están siguiendo o no el debido proceso de ley y si sus prácticas son o no discriminatorias.

LatinoJustice le pidió a la Administración Trump que aclare de qué manera va a proceder con boricuas en caso de que estos se encuentren en un espacio en el que oficiales migratorios estén realizando un operativo o redada.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, primero bajo la Ley Jones de 1917, y luego por la Ley de Nacionalidad de 1941. No se supone que estén sujetos a los procedimientos regulares de migración del gobierno federal.

La demanda responde al hecho de que ICE y DHS no contestaron el requerimiento de información para la fecha límite.

El 22 de abril pasado, LatinoJustice apeló el incumplimiento por parte del DHS y ICE.

Después de esa apelación, más de un mes luego de la fecha límite legal, ICE acusó recibo de la solicitud bajo FOIA.

Sin embargo, hasta el momento, ICE no ha presentado un documento en respuesta.

Entre los pedidos específicos de la demanda se encuentra que ICE y DHS divulguen de inmediato todos los documentos de respuesta, cumplan con los requisitos de procesamiento acelerado y dejen de retener información pública. El recurso además persigue que se impida que estas agencias cobren honorarios injustificados.

Por otro lado, LatinoJustice también solicitó que ICE emita una guía en la que especifique que ciudadanos estadounidenses puertorriqueños no deben estar sujetos a medidas de control migratorio, y que la agencia implemente de inmediato salvaguardas para prevenir nuevas violaciones de derechos civiles.

En una entrevista exclusiva con El Diario en abril, Roberto Cruz, abogado de la región sureste de la organización, adelantó a este rotativo que estaban dispuestos a llegar al tribunal para que las agencias del gobierno federal cumplieran con la solicitud bajo FOIA.

“Desafortunadamente, la información que nosotros tenemos, no solamente por los medios noticiosos, sino por las organizaciones que nos han acompañado en este asunto, tiende a perfilar que se están cometiendo actos que están discriminando, no solamente con los puertorriqueños, sino con toda la comunidad hispana. Tenemos que tomar todas las medidas para que este tipo de ejecuciones agresivas de las órdenes de migración y de operativos que causan miedo a la comunidad sean detenidos”, afirmó Cruz en aquel momento.

Una de las preocupaciones mayores de Cruz y sus colegas es sobre la evidencia que estarían aceptando los agentes para evitar intervenciones no justificadas con boricuas.

“Específicamente, con los puertorriqueños, tenemos la duda sobre qué clase de evidencia van a necesitar estos oficiales y agentes para determinar si una persona es de Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, que en Puerto Rico una persona que no sea ciudadana puede obtener una licencia de conducir. Así que, si una persona que está en el estado de Nueva Jersey, tiene una licencia de conducir de Puerto Rico, puede ser que para las autoridades federales no sea suficiente para demostrar ciudadanía. Esos son los detalles que nosotros tenemos que saber para difundirlo a la luz pública y que el pueblo esté consciente de cómo afrontar este tipo de intervención de las agencias federales”, planteó el abogado.

“Cargar con un certificado de nacimiento o pasaporte, sería una opción, diría yo, absurda; pero queremos saber si eso es suficiente evidencia, bajo los nuevos criterios de emergencia nacional, para que una persona no tenga que ser detenida”, añadió.

En una entrevista posterior ese mismo mes, Cruz dijo que continuaban evaluando si llevar su pedido ante un tribunal ante la falta de respuesta de las agencias migratorias.

Uno de los casos más sonados de detenciones de boricuas, poco después de que el presidente Donald Trump firmara varias órdenes ejecutivas migratorias como parte de la declaración de emergencia nacional, fue el de Newark.

Un exmilitar boricua fue arrestado junto a otros dos empleados de Ocean Seafood Depot. El puertorriqueño, que laboraba como gerente del almacén, supuestamente explicó que era ciudadano estadounidense, pero, aún así, lo detuvieron.

En el incidente en Boricua Restaurant, en Philadelphia, los administradores denunciaron por redes sociales, que agentes migratorios arribaron al espacio, sin orden judicial, con la intención del área de la cocina. Ante la resistencia de los encargados que insistían en que los oficiales debían tener autorización judicial para ingresar, los oficiales abandonaron el establecimiento.

En cuanto a la denuncia en Milwaukee que reportó Telemundo Puerto Rico en exclusiva y se popularizó en redes sociales una persona alegó que parientes fueron detenidos erróneamente por agentes de ICE en una tienda por departamento.

El denunciante, que ocultó su identidad durante la entrevista telefónica, añadió que oficiales intervinieron con ellos presuntamente porque hablaban español.

La fuente añadió que sus familiares no fueron liberados hasta que presentaron documentación que confirmaba su origen puertorriqueño.

DHS no se ha expresado a fondo sobre este asunto. Sin embargo, en declaraciones a Milwaukee Journal Sentinel negó la intervención con una familia en un centro comercial de esa ciudad en Wisconsin.

“Es completamente falso”, indicó un portavoz de ICE en declaraciones escritas.

El Diario está en espera del texto de la demanda para poder abundar sobre los alegatos de los demandantes y pedir reacción al DHS y ICE.