Rechazo en el sur de la Florida a fallo contra expresidente colombiano Álvaro Uribe

MIAMI.– La declaratoria de culpabilidad contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal desató una oleada de reacciones de rechazo entre líderes, activistas y ciudadanos colombianos residentes en el sur de la Florida, quienes calificaron la decisión judicial como un acto de “persecución política” que pone en riesgo la estabilidad democrática en Colombia.

Desde la ciudad de West Miami, donde se celebró este lunes una rueda de prensa, el alcalde local, Eric Diaz-Padrón, calificó a Uribe como “una figura muy importante de los últimos tiempos en Colombia” y se solidarizó con su causa.

Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston y líder de la comunidad colombiana en el sur de la Florida, fue uno de los más enfáticos al expresar su rechazo al fallo. “Este es un plan maquiavélico para afectar la democracia colombiana”, dijo, y añadió que se trata claramente de un “juicio político”.

Andrade subrayó que los lazos entre la comunidad colombiana y los líderes del sur de la Florida son recíprocos y firmes. Pidió un aplauso para la congresista Elvira Salazar, ausente por encontrarse fuera del condado, y elogió el respaldo constante de los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

“Estamos aquí para decir que el expresidente Uribe es un hombre inocente”, afirmó Andrade. “Esto no es más que una utilización perversa de la justicia”.

Uribe: “Torre fuerte”

Durante la reunión también se pronunció el congresista David Borrero, hijo de padre colombiano, quien alertó que muchos ciudadanos están saliendo del país sudamericano por miedo.

“No entiendo cómo acusan a un presidente que fue pieza clave en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico”, declaró, al tiempo que pidió “total imparcialidad” a la justicia colombiana. Para Borrero, Colombia “siempre ha sido una torre fuerte para la justicia, y ahora observa un cambio preocupante”.

El legislador agregó que no solo los colombianos, sino también venezolanos, cubanos y nicaragüenses en Estados Unidos “están levantando su voz por la democracia en Colombia”.

Más voces

Asimismo, en el acto participaron miembros del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Uribe, quienes expresaron respeto por la decisión judicial, pero advirtieron que “no permitirán que se menoscabe la justicia como escenario de rencillas políticas”.

La presencia de reservistas de la Armada Nacional de Colombia radicados en Florida marcó otro punto destacado, quienes manifestaron su apoyo “amplio y firme” al exmandatario. Uno de los asistentes exclamó: “Los buenos somos más, somos mejores y estamos con Dios.

También tomó la palabra Juan Manuel Hertz, exviceministro del gobierno de Uribe, para quien “ningún colombiano puede dudar de la honestidad y transparencia del expresidente”.

Según dio a conocer Hertz durante la actividad, cerca de cien ciudadanos firmaron una carta dirigida a Uribe para expresarle su respaldo incondicional.

“Uribe le devolvió la paz y el orden a Colombia”, coincidieron varios de los asistentes, mientras en Colombia se avecina una etapa de apelaciones legales, polarización política y expectativa por la lectura final de la condena en las próximas semanas.

Declaración de culpabilidad

La jueza Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Uribe por el delito de soborno en actuación penal, en un fallo histórico para la justicia del país.

El proceso se originó en 2012 tras una denuncia del senador Iván Cepeda y concluyó este lunes con la lectura del veredicto, que Uribe siguió de forma virtual. La jueza validó interceptaciones telefónicas y grabaciones como pruebas clave, al tiempo que rechazó los argumentos de la defensa que cuestionaban su legalidad.

El caso se centró en la supuesta manipulación de testigos por parte de Uribe y su exabogado Diego Cadena, quienes habrían buscado retractaciones de exparamilitares supuestamente vinculados al expresidente mediante pagos encubiertos.

Este veredicto convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado en un juicio penal ordinario, lo que ha generado profundas divisiones en la opinión pública.

Mientras algunos sectores celebran la decisión como un avance en la lucha por el Estado de derecho, otros la consideran una muestra de politización de la justicia.

El caso continuará en el Tribunal Superior de Bogotá, donde podrían presentarse apelaciones antes de que la condena quede en firme.